Hasta el más superficial monitoreo de medios de comunicación impresos o electrónicos revelaba que sumaban centenas las personalidades y las organizaciones de derecha agriamente críticas de la decisión del gobierno de Venezuela de no renovar la concesión para operar un canal de TV a la empresa privada Radio Caracas Televisión (RCTV).
Entre esas celebridades de derecha y de extrema derecha se contaba a los novelistas Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Y entre las organizaciones de esta misma tendencia reaccionaria estaban algunas tan siniestras como la CIA estadounidense, Reporteros sin Fronteras, el Senado gringo, Amnistía Internacional y la mafia terrorista anticubana de Miami.
Pero no hay duda de que, en México, la campaña de satanización contra el presidente Hugo Chávez por el asunto de RCTV tuvo como actores principalísimos a las empresas Televisa y TV Azteca, así como a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), mediante el uso y el abuso de mentiras flagrantes, tergiversaciones, ocultamientos de información, descaradas invenciones, manipulación noticiosa y hasta calumnias de la peor ralea.
¿Por qué habrá sido que tanto Televisa como TV Azteca y la CIRT se tomaron tan a pecho, como si fuera un asunto propio, la decisión venezolana de no renovar la concesión a RCTV? Lógicamente, dijeron que el motivo de su proceder era la defensa de la libertad de expresión, conculcada, según ellas mismas por la decisión soberana del Estado venezolano. Pero eso que se los crea Juan Diego. Porque ¿de cuándo a acá la propiedad privada (o el usufructo privado) de los medios de comunicación es sinónimo, condición o garantía de la libertad de expresión. Al contrario. Y en México hay sobradísimas evidencias de que uno de los mayores obstáculos a la libertad de expresión radica precisamente en la propiedad o el usufructo privados de los medios de comunicación.
Y si la libertad de expresión no fue la causa de la perversa y calumniosa campaña de la CIRT, de Televisa y de TV Azteca contra la determinación venezolana de no renovar la concesión a RCTV, cuál pudo ser, entonces, el verdadero motivo.
No fue uno, fueron cuatro. En primer lugar, la decisión venezolana demostró la posibilidad real (no sólo en el papel) de que pueda el Estado rescatar de manos privadas un bien público que ha sido utilizado indebidamente por concesionarios abusivos y hasta malhechores.
La segunda razón tuvo que ver con el concepto de comunicación de Televisa, TV Azteca y la Cámara del ramo. Este concepto es idéntico al de Radio Caracas Televisión: basura, vulgaridad, envilecimiento, violencia, apología y fomento de la prostitución, linchamientos mediáticos de adversarios o críticos, desinformación y ocultamiento de información e, incluso, llamados al derrocamiento de gobiernos democráticamente elegidos, como el de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF entre 1997 y 2000, y el de Hugo Chávez, desde 2001 hasta la fecha.
Una tercera razón estuvo en lo que Televisa, TV Azteca y la Cámara del ramo vieron como un ataque a lo que consideran no una concesión temporal otorgada por el Estado, sino un bien que, según su concepto, debe ser considerado como propiedad privada. No otra cosa querían Televisa, TV Azteca y la Cámara del ramo cuando exigían, en la llamada Ley Televisa, que las concesiones de una frecuencia radioeléctrica fueran otorgadas a perpetuidad. ¡A perpetuidad, por los siglos de los siglos, hasta el fin del mundo!
Fue, sin embargo, la cuarta razón la más importante. Televisa, TV Azteca y la Cámara del ramo crearon una analogía mediática subliminal entre el caso RCTV y la Ley Televisa, con el fin de impedir que la Corte pudiera modificar o echar abajo esa inadmisible norma. Buscaron crear una atmósfera social en que anteponer el interés público al interés privado debía, necesariamente, ser considerado como un ataque a la libertad de expresión, como una conducta sólo propia de una supuesta dictadura estilo Hugo Chávez.
Debajo de la montaña de tecnicismos económicos, jurídicos y sociodemográficos con que se ha pretendido justificar la nueva ley de pensiones para los trabajadores del Estado, existe un punto que lo aclara todo. Se ha hecho un gran negocio. Un negocio multimillonario en el que un puñado de capitalistas y líderes venales dispondrán de los ahorros de cientos de miles de burócratas.
La cosa es más o menos así. La nueva ley del ISSSTE establece que la pensión por jubilación de un trabajador público habrá de formarse por los ahorros que el propio trabajador haya logrado reunir a lo largo de su vida laboral. Esos ahorros serán depositados en una cuenta financiera en una institución especializada en manejar fondos para el retiro, las tristemente célebres afores (administradoras de fondos para el retiro).
Es bastante probable que un burócrata logre reunir al final de una vida laboral de 40 años algo así como 500 mil pesos. Y como existen más o menos dos millones de trabajadores públicos federales, la suma de esos ahorros será de un millón de millones de pesos, es decir, un billón de pesos (un uno seguido de doce ceros: 1,000,000,000,000).
Como es obvio, ese millón de millones se encontrará a disposición del dueño o dueños de la afore de que se trate. Esa persona o ese grupo de personas dispondrán, para hacer otros negocios o simplemente para robárselo, de un capital de un billón de pesos.
Pero si el cálculo se hace no con los cuarenta años del ejemplo citado, sino con un solo año, el dueño o dueños de la afore respectiva dispondrán por año de 25 mil millones de pesos. Un dos y un cinco seguidos de nueve ceros: 25,000,000,000.
Este es el gran negocio. Los capitalistas dueños de la afore de los burócratas tendrán a su disposición cada año 25 mil millones de pesos de ahorros individuales ajenos. La nueva Ley del ISSSTE ha generado un botín multimillonario para el aprovechamiento de un puñado de particulares.
Habrá, desde luego, quien diga que esos particulares tienen la obligación de devolver ese dinero dentro de cuarenta años. Sí, de acuerdo. ¿Pero quién garantiza que ese dinero habrá de ser devuelto a sus legítimos dueños? En cuarenta años pueden pasar muchas cosas. Desde el simple y vulgar robo hasta las malas inversiones que evaporen esos ahorros.
Pero suponiendo, cosa muy improbable, que no haya ni robo ni malas inversiones, el puro jineteo de esa montaña de dinero da ganancias que no proporciona ningún negocio legítimo. Todo esto quiere decir que Calderón, el PRI y el PAN han privatizado el sistema de pensiones de la burocracia federal para regalarse a sí mismos, a sus amigos y a sus socios un negociazo extraordinario. Eso es todo. Un nuevo Fobaproa. Otro robo con apariencia legal.
Por eso se ha dicho con justeza que la privatización del sistema de pensiones de la burocracia federal es una reedición de los atracos que constituyeron privatizaciones anteriores: carreteras, bancos, telefonía, industria siderúrgica, compañías de aviación, etc. En todos estos casos, el gobierno en turno, priísta o panista, entregó a precio de regalo, a los amigos, familiares o socios, bienes de producción que representaban verdaderas fortunas de propiedad pública.
Hoy, con la nueva Ley del ISSSTE, se regala a los cuates en turno un fondo de un millón de millones de pesos. De eso se trataba. Y eso se ha conseguido. Eso explica todo.
El petróleo, desde luego, no es eterno. Y como cualquier otro recurso natural no renovable, algún día habrá de extinguirse. Pero esta extinción es sólo una posibilidad abstracta. Hoy por hoy, la duración del petróleo está calculada en algo así como cien años. Y esta duración depende de muchos y diversos factores, como el nivel de consumo, el precio, los avances tecnológicos, la invención de sucedáneos (parciales o totales), la aparición de nuevos mantos, la mayor capacidad de exploración y explotación, etcétera. Todo ello apunta a una ampliación prolongada de esa centuria. Pero no hay duda de que el factor fundamental en la ampliación del horizonte de disponibilidad del hidrocarburo es el imparable avance científico-técnico característico de nuestra época. De modo que lo más probable es que haya petróleo para los próximos 300 o 400 años. Y más aún: es también muy probable que la sociedad humana deje de consumir petróleo mucho antes de que éste se extinga materialmente.
Pero para aquellos que gustan de las evidencias prácticas por encima de las teóricas, pues ahí está como prueba fehaciente del horizonte de largo plazo de la disponibilidad de petróleo, la feroz lucha de las compañías petroleras de los países imperialistas por apropiarse, incluso mediante el recurso de la guerra colonial y de los golpes de Estado, de los yacimientos petroleros de Medio Oriente y otras regiones subdesarrolladas del planeta. ¿Alguien cree que el gobierno de Estados Unidos estaría gastando los miles y miles de millones de dólares que le cuestan las guerras de Irak y Afganistán si no estuviera absolutamente convencido de que sus grandes trusts habrán de ultracompensar esos gastos realizados para apropiarse del petróleo de otras naciones?
Por otra parte, hay información suficiente sobre la histórica capacidad de la ciencia para suplir al petróleo como energético. Hace más de cincuenta años que el gran economista Paul Baran nos informaba en su célebre Economía Política del Crecimiento que empresas como la General Electric gastaban más en inversiones para detener el avance científico-técnico en alternativas al petróleo que en fomentar ese avance. Es claro, en consecuencia, que si hoy todavía el petróleo es el energético de más amplio e intenso uso, esto se debe al esfuerzo científico perverso por prolongar en el tiempo la utilización de este hidrocarburo, en vez de la utilización de sucedáneos más eficientes, menos contaminantes y, desde luego, más baratos.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos científicos perversos para impedir o al menos obstaculizar la producción en gran escala de combustibles de origen vegetal y no mineral, desde hace más de treinta años es bien conocido y usado el etanol, compuesto químico derivado del maíz o de la caña de azúcar, como combustible para motores de explosión.
En Brasil, por ejemplo, se añade etanol a la gasolina. Esta combinación, llamada alconafta o gashol, ha permitido reducir significativamente la importación del hidrocarburo. Este país, una superpotencia petrolera, produce 14 mil millones de litros anuales de etanol, lo que le ha posibilitado disminuir hasta en un 40 por ciento sus importaciones de crudo.
Con base en estos datos, ¿alguien tiene dudas sobre, al menos, la posibilidad de reducir drásticamente el consumo de petróleo y consecuentemente prolongar su duración como energético por innumerables generaciones?
El gabinete de AMLO, entre el desprecio y el miedo de los panistas
Por MIGUEL ÁNGEL FERRER
El pasado 3 de noviembre, en el bello y remozado Teatro de la Ciudad, en la capital de la república, Andrés Manuel López Obrador anunció la integración de su gabinete presidencial. Éste, su equipo de trabajo como presidente legítimo de México, está formado, paritariamente, por seis mujeres y media docena de varones. Y en palabras del tabasqueño, este grupo de doce personas “trabajará para proteger al pueblo y defender el patrimonio de la nación”.
Pero la población, lo mismo los partidarios que los antagonistas del Peje, se preguntan con insistencia y a veces con obsesión, cómo se concretarán esa defensa del pueblo y esa protección del patrimonio nacional. ¿Cuáles serán las tareas específicas que ese equipo de gobierno habrá de realizar? ¿Y cómo podrá trabajar sin recursos, sin presupuesto, sin el dinero necesario para ejercer su misión?
Nadie lo sabe. Ni los mismos trece protagonistas centrales de esta etapa inédita de la vida nacional. Pero el propio López Obrador ha dado dos pistas cuando ha dicho que las tareas básicas de su equipo de trabajo serán proteger al pueblo y defender el patrimonio de la nación.
“Se trata de salvaguardar –dijo López Obrador en el Teatro de la Ciudad– los intereses de la gente, sobre todo de los mexicanos más pobres y de menores ingresos económicos, así como defender los bienes nacionales ante la voracidad de una minoría rapaz que, a costa de lo que sea, pretende mantener el actual régimen autoritario, de corrupción y privilegios”. Parece evidente, en consecuencia, que la médula del trabajo del gabinete presidencial del tabasqueño recaerá en dos secretarías que pueden trabajar amplia e intensamente sin mayor necesidad de recursos económicos.
Estas dos secretarías serán Hacienda Pública, a cargo del prestigiado economista Mario Di Constanzo, y Patrimonio Nacional, encomendada a Claudia Sheimbaum. El asunto queda claro cuando se recuerda que los dos principales propósitos de la derecha es gravar con el IVA (impuesto al valor agregado) medicinas y alimentos, y privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Así, obviamente, le tocará a Di Constanzo encabezar las tareas para evitar la imposición de esos dos lesivos gravámenes, y a Claudia Sheimbaum coordinar los esfuerzos para impedir la privatización de Pemex y de la CFE.
López Obrador mismo, en su discurso al dar posesión, como Presidente Legítimo de México, a los doce miembros de su gabinete, ha señalado los métodos de los que se valdrán Di Constanzo y Sheimbaum para cumplir sus respectivas encomiendas: “llamar a la movilización popular cuando el “presidente espurio” intente consumar retrocesos en la vida pública y en las conquistas derivadas de la revolución de 1910”. Sólo es cosa de imaginarse la magnitud de las protestas y de la movilización populares cuando se intente aprobar en el Congreso de la Unión las leyes que harían realidad el IVA en alimentos y medicinas, y el paso del petróleo y la electricidad a manos del capital privado. Del nacional y, fundamentalmente, del extranjero.
Obviamente, López Obrador y su gabinete confían en la capacidad de convocatoria popular del tabasqueño. La experiencia de las multitudinarias marchas contra el fraude electoral del 2 de julio los hacen ser optimistas. Cercanos colaboradores de Peje afirman que esas marchas de más de dos millones de personas son un buen antecedente de lo que vendrá si la derecha se obstina en empobrecer más a los trabajadores y a la nación toda con el odioso iva a medicinas y alimentos y la venta del patrimonio energético nacional.
La gente del tabasqueño piensa que si fue posible movilizar varias veces a millones de personas para luchar contra el fraude electoral, la tarea será mucho más sencilla cuando se trate de impedir actos que necesariamente atentarían contra el exiguo bolsillo de casi cien millones de mexicanos.
Los panistas, desde luego, desestiman la designación del gabinete presidencial lopezobradorista. Piensan que la sola idea de una Presidencia Legítima es un absurdo, un disparate. Sin embargo, en corto y en privado, los panistas admiten estar muy preocupados. Como lo está Felipe Calderón. Reconocen que jamás en la historia del país un gobierno federal se había tenido que enfrentar a un movimiento impugnador de tan vastas proporciones y de tan probada capacidad de movilización popular contestataria.
Interrogados sobre las esperables acciones de Sheimbaum y Di Constanzo, los panistas admiten el riesgo. Pero, además, temen que los actos del resto del gabinete de López Obrador vayan en el mismo sentido. Que Gustavo Iruegas, por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Internacionales, se convierta en un permanente dolor de cabeza para la política exterior de la derecha, tan preocupada por mantener a México en la sumisión frente a Washington, en momentos en que la emigración laboral mexicana hacia EU crece exponencialmente y se cierran legal y materialmente las posibilidades de entrar a trabajar en la economía estadounidense.
Semejante preocupación alberga el panismo frente a las esperables tareas de denuncia y movilización populares para exigir freno a la delincuencia, organizadas por Bernardo Bátiz al frente de la Secretaría de Justicia y Seguridad en una nación agobiada por el narcotráfico y otras variantes violentas del crimen organizado. Y temores semejantes albergan el panismo y el felipismo con respecto al previsible trabajo de Octavio Romero Oropeza en la Secretaría de Honestidad y Austeridad Republicana. ¿Quién –admiten apesadumbrados algunos líderes panistas– podría negarse entre los millones de seguidores de López Obrador a marchar y manifestarse a fin de exigir cárcel para los abusivos amigos y parientes del gobierno foxista?
