Son cinco las necesidades humanas básicas: alimentación, vestido, vivienda, educación y salud. A este grupo de necesidades se les llama también antropológicas. Y la falta de satisfacción de alguna de ellas en una persona o en un grupo social significa que tal persona y tal grupo son pobres absolutos.
Este es desgraciadamente el caso de Haití. La inmensa mayoría de su población carece, al menos, de dos de los satisfactores fundamentales: salud y educación. Y esta pobreza se ve agravada por vivienda, alimentación y vestido precarios.
El sismo que asoló sobre todo a Puerto Príncipe, la capital haitiana, puso de manifiesto la precariedad de la vivienda. Y uno puede explicarse la presente falta de alimentos por el colapso de la producción luego del fenómeno telúrico. Pero la tragedia se ha vuelto inenarrable por la bárbara precariedad de los servicios de salud haitianos.
Heridos y lesionados que no tendrían por qué haber fallecido son ahora cadáveres. El costo del terremoto en vidas humanas se ha multiplicado por falta de atención médica. Y no existe mayor expresión de pobreza que perder la vida cuando es posible conservarla.
Frente a este panorama es claro que la primera y más importante forma de combate a la pobreza es dotar a la gente de servicios de salud. Desde los básicos hasta los de alta especialidad. Y es que si la gente tiene salud, indudablemente es menos pobre.
La salud pública gratuita es una forma de ingreso de la población. Es una variante del ingreso de las personas. Por eso precisamente se le llama salario social. Y lo mismo puede decirse de la educación pública y gratuita.
Una nación es menos pobre en la medida en que es más amplio el salario social. La pobreza de millones de haitianos y de millones de seres humanos en todo el planeta sería menor si contaran con servicios de salud y educativos públicos y gratuitos, expresiones básicas, pero no únicas, del salario social.
Según algunas estimaciones científicas, diez por ciento de la población planetaria es zurda. Pero se piensa que sin las presiones culturales, educativas, sociales y religiosas que inducen u obligan a los zurdos a convertirse en diestros (o en ambidiestros), la población de siniestros podría ser de una cuarta parte del total de los habitantes del orbe.
Una cosa semejante pasa con la homosexualidad: se sabe que alrededor del diez por ciento de la población es homosexual, pero se sabe igualmente que sin las presiones culturales, educativas, sociales y religiosas que obligan a los homosexuales a ocultar o a no reconocer públicamente esa cualidad, la proporción podría ser mucho mayor, acaso ese mismo 25 por ciento de la población zurda.
Hasta ahora la ciencia no ha podido establecer la causa por la que una persona es zurda. Pero sí ha logrado establecer que la zurdez no es una enfermedad, un defecto, una perversión, un desequilibrio o una anomalía, sino, simplemente, una condición natural. Tan natural como ser alto, moreno, blanco, negro, varón o mujer.
Y como en el caso de la zurdera, la ciencia tampoco ha conseguido establecer la causa por la que una persona es homosexual. Pero, como en el caso de los siniestros, sí ha establecido que la homosexualidad no es enfermedad, defecto, perversión, desequilibrio o anomalía, sino, simplemente, una condición tan natural como ser zurdo, diestro o ambidextro.
Sin embargo, muchos padres y maestros de infantes zurdos obligan a éstos a convertirse en diestros o ambidiestros. Y lo consiguen con golpes, castigos y otros métodos bárbaros y torturantes, como amarrarle al niño la mano izquierda a la espalda, a fin de forzarlo a emplear (sobre todo al escribir) únicamente la derecha.
La conversión de un zurdo en derecho no desaparece la zurdez. Sólo la oculta. Como la práctica heterosexual inducida o forzada no convierte al homosexual en lo que naturalmente no es.
Salvo que una persona anteceda a sus padres en el viaje final, ser huérfano es sólo cosa de tiempo. Pero no es lo mismo ser adulto o anciano sin padres que ser niño huérfano. Y en México, según las autoridades, existen alrededor de un millón seiscientos mil huérfanos menores de 17 años. Esto significa que la tasa de orfandad de menores es de 1.5 por ciento.
Un vistazo a las causas de orfandad de menores en México nos lleva a saber que a comienzos del nuevo siglo es muy bajo el número de infantes huérfanos por enfermedades infecciosas; que entre las mujeres, las muertes relacionadas con la maternidad (embarazo, parto y puerperio) son la mayor fuente de niños y niñas huérfanas; y que entre los varones, el mayor productor de orfandad son los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.
De modo que no parece muy difícil echar abajo el número de menores huérfanos. Y que así como se redujeron las cifras de infantes huérfanos por enfermedades infecciosas, es posible reducir los guarismos de orfandad de infantes por embarazo, parto y puerperio, así como por accidentes de tránsito.
Hacer lo primero implica dotar de atención médica a todas las embarazadas. Pero implica igualmente evitar embarazos indeseados. Como implica asimismo dar a las mujeres la posibilidad de interrumpir un embarazo de este tipo. Esto ya se hace en el DF. Y si se quiere reducir el número de niños huérfanos, es obvio que esta medida profiláctica debería extenderse al resto del país.
Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito parece una tarea posible cuando se sabe que en España, por ejemplo, se ha logrado disminuir hasta en 50 por ciento este tipo de eventos mediante el simple expediente del uso generalizado del alcoholímetro.
Abstenerse de combinar alcohol y automóvil puede resultar muy difícil para muchos varones. Pero podría ayudárseles en esa tarea con la utilización del alcoholímetro en todo el país.
Cuando un infante de corta edad sufre diarrea y vómito, acompañados o no de fiebre, es urgente que reciba atención médica. La inmediatez de esa atención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del niño.
A veces, ciertamente, una demora en la atención no lleva al fallecimiento del enfermo, pero la tardanza sí es fuente, al menos potencial, de un agravamiento de la patología.
Por ello y en cualquier caso, la ciencia médica enfatiza la necesidad de combatir las demoras en la atención de los enfermos. Y éstas, en general, son de tres tipos.
La primera consiste en la tardanza en reconocer que hay un cuadro patológico. Molestias leves o síntomas escasos o intermitentes son factores de la demora. “Vamos a ver cómo sigue mañana” o “Si se pone más malito, lo llevamos al médico” son expresiones comunes indicativas de una probable demora.
Este tipo de tardanza suele deberse a la ausencia de alguien capaz de reconocer que existe el problema. Un niño no puede tomar por sí mismo la decisión de acudir con el médico. Y unos padres ignorantes o descuidados pueden estar en el origen de la demora.
El segundo tipo de demora suele presentarse por las dificultades para llegar al médico. Lejanía y problemas de transporte son las razones más frecuentes de este tipo de demoras.
Y la tercera demora en la atención del enfermo es aquella que se presenta ya en el hospital o clínica. Falta de camas o de personal, problemas de afiliación o de prepago, insuficiencia de quirófanos o de materiales, como anestesias o antibióticos, son las explicaciones más frecuentes de este tipo de demora.
Quizás la primera demora sea la más fácil de combatir. Porque el médico de la esquina, es decir, el más próximo al domicilio del enfermo, es la persona capacitada para reconocer que existe un problema, para darle solución in situ o para canalizar al enfermo a una instalación hospitalaria. ¡Ah, benditos médicos de barrio”.
Todavía no existe un medicamento para curar el dengue. Y tampoco se cuenta con una vacuna. Pero sí existe un tratamiento. Y existen, además, los medios sanitarios para evitar la muerte de los enfermos de dengue hemorrágico, que es la variante más grave de la patología, y que afecta principalmente a los niños.
Se sabe bien que el dengue es una enfermedad autolimitada. Esto quiere decir que posee un periodo de desarrollo luego del cual la dolencia desaparece. Por ello, el tratamiento consiste en controlar la fiebre, atenuar o eliminar el dolor y evitar la deshidratación del paciente provocada por la diarrea y el vómito.
El dengue es una enfermedad viral, es decir, producida por un virus. Es posible, en consecuencia, que la ciencia médica encuentre en un futuro cercano una vacuna. O un agente antiviral específico contra el dengue, como ha ocurrido en los casos del sida o del herpes.
Pero como en todas las enfermedades de origen viral, la medicina ha cargado el acento en la prevención. Y sabiendo que el contagio del dengue es producido por un mosquito, la primera regla sanitaria es combatir ese mosquito.
El mosquito transmisor del dengue se llama aedes aegypti, cuyo medio de desarrollo son las aguas estancadas. No sólo las aguas pútridas, sino incluso los depósitos de agua limpia.
Antigua enfermedad tropical, el dengue es hoy también una patología de climas templados. En México se han dado casos en la árida Sonora y en las frías montañas de Veracruz. Y hasta la muy sureña y templada ciudad de Buenos Aires ha sido víctima de recurrentes epidemias del mal.
La expansión del dengue puede ser explicada, como en el caso de todas las enfermedades infectocontagiosas, por un cierto abandono de las normas de higiene. Es la falta de higiene en calles y casas el caldo de cultivo propicio para el desarrollo y expansión del aedes egypti. Guerra pues al mosquito con el poderoso cañón de la higiene.
Winston Churchill era un compendio de malos hábitos. Son clásicas las fotografías que lo muestran con un puro en la boca o entre los dedos o exhalando humo de tabaco. Además comía en exceso. Y es bien sabido que se bebía diariamente una botella de whisky.
Citando a Churchill, la hermosa e inteligente Luisa María Leal, primera subsecretaria de Estado mexicana, solía decirme: “Si puede usted estar sentado, no esté de pie. Y si puede estar acostado, no esté sentado”.
Ignoro si la frase era realmente de Churchill. Pero en cualquier caso el aforismo revela otra faceta de la personalidad del célebre primer ministro británico: era un hombre sedentario, un gozoso practicante del moderno mal llamado sedentarismo.
Todos estos rasgos del carácter de Churchill conspiraban contra su salud. Pero el obeso y exitoso político murió a los 91 años (1874-1965). Y es que las enfermedades que mayormente aquejaban a Churchill no eran físicas, sino una patología psíquica: padecía severas crisis depresivas, a las que él mismo denominaba “perros negros”.
En tiempos del Churchill en edad madura, la depresión, también conocida como bilis negra o tiricia, no era curable. No existían entonces los modernos fármacos que hoy la tratan con indudable éxito.
Y es que en los últimos sesenta años la bioquímica y la farmacología han logrado avances portentosos. Hoy no sólo la depresión se trata y se cura. Lo mismo pasa con las demás enfermedades mentales, como la esquizofrenia, la manía, el delirio, la paranoia, el alzheimer, patologías que en el habla popular caben en el concepto general de demencia.
Todavía hace unas décadas, en tiempos del Churchill maduro, no había cura para los trastornos mentales. Hoy, por fortuna, un diagnóstico médico certero y una simple pastillita en dosis y por tiempo adecuado son capaces de devolverle la salud a un enfermo mental hasta hace poco condenado al manicomio, la prisión o el suicidio.
Son muchas y muy conocidas las fotografías de Franklin Delano Roosevelt, presidente de EU de 1933 a 1945. Acaso las más famosas universalmente sean las que le fueron tomadas con sus homólogos británico, Winston Churchill, y soviético, José Stalin, durante la Conferencia de Yalta, en la ciudad del mismo nombre en la península de Crimea, en el mar Negro, al sur de la antigua URSS.
En todas esas fotos Roosevelt aparece sentado. Y también en posición sedente aparece en la oficina presidencial, en un automóvil y en alguna conferencia de prensa o cabina de radio.
En algunas fotos, ciertamente, aparece de pie. Son imágenes de Roosevelt niño o joven. Todas de un hombre de menos de 39 años. Y también es verdad que hay alguna foto de Franklin de pie en compañía de Sara, su madre. Pero en esta imagen al ya presidente de EU se le ve recargado en una pequeña barda.
Roosevelt no aparecía de pie en público porque era paralítico. En 1921, a los 39 años de edad, contrajo la temible poliomielitis, enfermedad que lo dejó inmóvil de la cintura para abajo.
No dejarse ver en público en silla de ruedas o con los pesados arneses en las piernas que usan los poliomielíticos fue una de sus estrategias para presentarse como candidato a la presidencia de EU.
Por haber padecido esa parálisis, Roosevelt fue uno de los impulsores de las investigaciones que condujeron en 1955 a la creación de la vacuna contra la polio por los eminentes bacteriólogos Jonás Salk y Albert Sabin.
Gracias a la vacunación la polio casi ha sido erradicada del planeta. El último caso en México se presentó en Tomatlán, Jalisco, en 1990. Cinco años después la Organización Panamericana de la Salud declaró a México libre del flagelo.
En el año 2008 sólo se dieron 1651 casos en todo el mundo. Su erradicación absoluta depende de la continuidad de la vacunación. Porque donde se ha bajado la guardia, como en algunos países africanos, la polio ha rebrotado.
Ambos murieron ancianos. Jonás Salk (1914-1995) a los 81 años; Albert Sabin (1906-1993), a los 87. El primero era estadounidense por nacimiento, pues vio la primera luz en la ciudad de Nueva York. El segundo, oriundo de Polonia, estadounidense por naturalización.
Jonás Salk fue el creador de la primera vacuna contra la poliomielitis, también llamada parálisis infantil. Lo consiguió en 1955. Se trataba de una vacuna inyectable.
Dos años después, en 1957, Albert Sabin creó una segunda vacuna contra el flagelo que, a diferencia de la de Salk, se administra por vía oral. La administración oral supuso una decisiva ventaja sobre la inyectable, pues resulta mucho más fácil su aplicación masiva.
La vida de Salk y la de Sabin tienen una gran coincidencia, además de otras como la nacionalidad, la profesión, la contemporaneidad, el fallecimiento en la ancianidad y el mérito de haber creado sendas vacunas antipoliomielíticas.
Esa notable coincidencia radica en que ambos sabios se negaron a beneficiarse económicamente por la creación de la vacuna contra la parálisis infantil. Salk se negó a patentar su creación con las siguientes palabras: “¿A quién pertenece la vacuna de la polio? ¡A la gente! ¿O puede patentarse el Sol?”. Sabin, por su parte, también se rehusó a patentar su obra, pues insistía en que la vacuna debía administrarse en forma gratuita.
Jonás Salk y Albert Sabin no sólo fueron grandes sabios que salvaron de la muerte y de la incapacidad a millones y millones de niños en todo el planeta; fueron, además dos practicantes, dos militantes de la ética médica, científica y humana. Trabajaron incansablemente por el bien de la humanidad sin que mediara en su labor el afán de lucro, el propósito de enriquecimiento y acumulación de bienes materiales.
Ironías de la vida, ni Salk ni Sabin recibieron el Premio Nobel. A cambio poseen el más honroso título de benefactores de la humanidad.
En 1950, hace apenas sesenta años, la producción total de alimentos del planeta no alcanzaba para dar de comer a los dos mil millones de habitantes del orbe de ese entonces. Existía, pues, un déficit permanente de alimentos y, consecuentemente, millones de individuos cuyo destino era el hambre y la desnutrición de por vida.
Pero por esa época apareció en la escena histórica un extraordinario hombre de ciencia, un estudioso de la agronomía y de la fitopatología llamado Norman E. Borlaug.
Borlaug, estadounidense nacido en 1914 y fallecido a los 95 años, el 12 de septiembre pasado, desarrolló nuevas y mejoradas semillas de trigo, maíz y arroz, semillas de un rendimiento por hectárea muy superior a las tradicionales y mucho más resistentes y a veces invulnerables a las plagas y a las variaciones del clima.
Borlaug también desarrolló nuevas técnicas agronómicas, las que incluían el uso de herbicidas, pesticidas y fertilizantes. Con la combinación de las nuevas semillas y las novedosas técnicas agronómicas, Borlaug consiguió incrementar enormemente la producción mundial de esos tres cereales.
A esta nueva y superior capacidad productiva se le llamó la revolución verde. Y ésta, según muy acreditadas fuentes, evitó la muerte en sus años iniciales de, al menos, un millón de seres humanos.
De 1950 a 2009, la población mundial se multiplicó por tres, en tanto que, en el mismo lapso, la revolución verde logró aumentar la producción planetaria de alimentos doce veces, es decir, cuatro veces más que el incremento de la población. Por ello puede decirse que a la obra de Borlaug se le debe la abundancia de alimentos que caracteriza a nuestra época.
Hoy, a diferencia de hace seis décadas, el hambre en el planeta, que padecen todavía, al inicio del siglo XXI, mil millones de personas, no puede atribuirse a la insuficiente producción de alimentos, sino a una pésima y muy injusta distribución de ellos.
En mi artículo anterior en Siminforma, “Tres padres y una madre”, me referí al creador de la noretisterona, que es la sustancia que permitió crear, nueve años después, en 1960, la píldora anticonceptiva. El creador de la noretisterona fue el químico mexicano Luis Ernesto Miramontes. Pero por un desafortunado “lapsus calami” (error al escribir) anoté Bracamontes en lugar de Miramontes. Y, además, no consigné el segundo apellido del doctor Miramontes, que es Cárdenas.
El notable científico mexicano nació en Tepic, en el estado de Nayarit, el 16 de marzo de 1925, y falleció en la ciudad de México, el 13 de septiembre de 2004. De modo que vivió 79 años, uno menos que Platón.
Pero su entrada a la historia de la ciencia, en calidad de gran personaje, ocurrió cuando Miramontes Cárdenas contaba sólo con 26 años de edad y era estudiante en la hoy Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues fue el 15 de octubre de 1951 cuando Miramontes consiguió sintetizar la noretisterona, invento semejante por su importancia científica, demográfica, económica, social, sanitaria y cultural a la creación por el inglés Edward Jenner de la vacuna contra la viruela.
Y también semejante por las mismas razones a la teoría germinal de las enfermedades del francés Luis Pasteur. Y a la creación de la penicilina por el inglés Alexander Fleming. Y, asimismo, a la invención de la anestesia por el estadounidense Horacio Wells.
Estos avances cambiaron para siempre y para bien la historia de la humanidad. Y lo mismo hizo la noretisterona, nacida en México hace 59 años.
Jenner creó la vacuna antivariolosa en 1798; Pasteur la teoría germinal en 1871; Fleming la penicilina en 1928; y Miramontes la noretisterona en 1951. Siglo y medio de avances científicos en el campo de la salud, cuyo último jalón, hasta ahora, lo constituye la obra del ilustre mexicano Luis Ernesto Miramontes.
En el ya inminente 2010 la píldora anticonceptiva cumplirá 50 años. Fue creada por el ingenio humano en 1960. Y constituyó una revolución social semejante a la vacunación, la anestesia, los germicidas y los antibióticos. La píldora, como se le conoció universalmente hace cinco décadas, permitió a la humanidad escapar de modo eficaz del hasta entonces destino ineluctable de la concepción involuntaria.
La píldora no es propiamente un invento médico, sino un producto de la química. Al igual que Luis Pasteur, los inventores de la anticoncepción oral no eran médicos, sino químicos. Uno de ellos fue Russel E. Marker, estadounidense que descubrió las propiedades inhibidoras de la ovulación de una planta mexicana llamada barbasco, que es una especie de camote llamado ñame.
El otro químico fue el mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, quien logró sintetizar, es decir, producir artificialmente, una sustancia llamada noretisterona, que es la base de la píldora anticonceptiva. Y el tercero fue Gregory Pincus, también estadounidense, que consiguió producir el primer anticonceptivo oral. Por ello puede decirse que los padres de la anticoncepción oral son Marker, Miramontes y Pincus.
La obra de estos tres notables científicos puede ser considerada como una de las mayores creaciones de la cultura humana a lo largo de la historia. Una obra que liberó a las mujeres de la milenaria esclavitud de la maternidad involuntaria.
Pero si la píldora tiene tres padres, tiene también una madre. Esta es la feminista estadounidense Margaret Sanger, precursora de la planificación familiar, quien tuvo el mérito histórico de haber promovido y conseguido el financiamiento para los trabajos científicos de Gregory Pincus que dieron como resultado la anticoncepción química oral.
Margaret Sanger nació en 1879 y falleció en 1966, seis años después de la aparición de la píldora, producto del talento humano que abrió para siempre las puertas de la liberación femenina.
Quizás una de las enfermedades más temidas por el hombre moderno sea el llamado accidente cerebrovascular, igualmente denominado ictus, embolia, apoplejía, infarto cerebral y hemorragia cerebral, aunque, ciertamente, cada uno de esos nombres responde a ciertas particularidades de la patología.
Lo importante para las personas comunes es, sabiendo que se trata de una dolencia muy grave y limitante, que se conocen muy bien los factores de riesgo y, consecuentemente, las medidas preventivas.
Los factores de riesgo son tabaquismo, consumo inmoderado de bebidas alcohólicas, obesidad, hipertensión, sedentarismo y colesterol y azúcar en sangre. Pero hace falta un elevado nivel de conciencia personal y social para evitar y controlar esos factores de riesgo que hoy más que nunca en la historia están presentes en la vida humana.
Es por eso que los médicos no piden que sus pacientes o la población en general abandonen sus gustos por el cigarrillo, el trago, el sedentarismo o la dieta hipercalórica (rica en grasas y carbohidratos). Se conforman, en actitud sabia, con recomendar una cierta moderación en esos consumos dañinos.
La moderación, ciertamente, tampoco es cosa sencilla. Y menos entre la juventud, tan afecta a lo largo de la historia, a los excesos. Es por ello que en la prevención de los accidentes cerebrovasculares juega un papel muy importante la educación. Lo mismo la educación formal, es decir, la escuela, que la educación informal, cuya cara más importante la constituyen los medios de comunicación.
El que no sabe, dice la sentencia popular, es como el que no ve. Y, al contrario, el que sabe puede ver. Y más todavía: el que sabe puede prever, es decir, mirar anticipadamente, ver el futuro antes de que acontezca.
Esta es, en última instancia, la tarea de la educación: enseñarnos a ver el futuro. Y ya hoy es posible ver un futuro sin tantas víctimas lastimosas de embolias y apoplejías.
El ozono es un gas de olor agrio. En pequeñas concentraciones es incoloro, pero si éstas aumentan adquiere un color azulino. El ozono es el responsable de la tonalidad azul del cielo. De este gas se conocen desde hace décadas sus propiedades germicidas, es decir, su capacidad para destruir microbios: bacterias, virus, hongos y protozoarios (parásitos como la ameba).
En muchas ciudades, como Nueva York, Moscú y París, se utiliza el ozono para potabilizar el agua. Pero su carácter germicida tiene también utilidades terapéuticas. A este uso curativo del ozono se le denomina ozonoterapia.
Por ejemplo: cuando el tratamiento con antibióticos se revela incapaz de dar fin a una infección bacteriana en las amígdalas, y no queda más remedio que la extirpación, muchos hospitales y médicos se valen del alto poder germicida del ozono como una eficaz alternativa a la cirugía. Pero en casos como éste y muchos más, la ozonoterapia empieza a dejar de ser una alternativa para convertirse en el tratamiento inicial.
La ozonoterapia, sin embargo, no se limita a la esfera microbicida. Tiene igualmente extraordinarias propiedades para retrasar el envejecimiento y atemperar los procesos fisiológicos degenerativos asociados a enfermedades de la ancianidad como son el mal de Parkinson o el temido Alzheimer.
Este nuevo sistema curativo ha tenido un gran impulso en la medicina cubana. Galenos de todo el mundo acuden a la isla para formarse en esta moderna disciplina científica. Y se cuentan por miles las personas de distintas nacionalidades que acuden a Cuba para recibir ozonoterapia contra diversas patologías.
Hasta hace poco tiempo, recibir ese tratamiento sólo era posible viajando a la isla o a EU y Europa. Pero hoy ya es posible tener acceso a la ozonoterapia en México. Para el lector interesado, el primer paso sería consultar la página web www.ozonoterapiacubana.com Quizás encuentre ahí lo que anda buscando.
Epidemia es, según cualquier diccionario, una enfermedad que ataca en un mismo lugar a muchos individuos a la vez. Y los ejemplos clásicos de epidemias son el cólera, la fiebre tifoidea, el sarampión y el dengue, entre muchas otras patologías infecciosas.
Esta definición de epidemia puede ser calificada como tradicional, porque históricamente sólo las enfermedades contagiosas daban lugar a epidemias. Recuérdense las mortíferas epidemias de peste bubónica en los siglos XII y XII. Y la de viruela que mató a millones de mexicanos durante la guerra de rapiña que fue la Conquista española en el siglo XVI.
Hoy en día se siguen presentando ese tipo de epidemias, pero ya no son tan mortíferas como lo fueron en el pasado y hasta principios del siglo XX. Incluso podría decirse que ya no son mortíferas, puesto que su letalidad es muy baja y a veces insignificante. Las muertes por una epidemia infecciosa se cuentan hoy por unidades y no por miles o decenas de miles como antes. O por millones, cual ocurrió durante siglos.
Pero si nos atenemos a lo esencial de una epidemia, que es una enfermedad que ataca a muchas personas en un mismo sitio a la vez, podemos ver que hoy existen muchos padecimientos no infecciosos que tienen carácter epidémico. De modo que puede hablarse de epidemias infecciosas y de epidemias no infecciosas. De este último carácter son los casos, por ejemplo de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, sobrepeso y obesidad.
Una epidemia, sin embargo, se caracteriza también por que aparece de pronto y luego de un cierto tiempo desaparece de repente, hasta que años o decenios más tarde vuelve a aparecer sin que se sepa bien a bien cómo llegó de nuevo.
La obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo y el alcoholismo, en cambio, son una constante creciente en la vida moderna en todo el mundo. Hasta podría decirse que más que epidémicas son enfermedades endémicas, es decir, esas que son parte del panorama sanitario habitual de una región.
Epidémicas o endémicas, esas cuatro patologías son hoy significativas causas de muerte. Y, lamentablemente, no hay tratamiento médico eficaz contra ellas.
Universalmente se llama enfermedades de la pobreza a un grupo de padecimientos entre los que están la tuberculosis, el mal de Chagas, la lepra, la fiebre amarilla, la sarna, el dengue, el cólera y algunas otras patologías infectocontagiosas.
Pero en México que, según cifras oficiales, existen cuarenta millones de personas que viven en situación de pobreza o de pobreza extrema (eso que podríamos llamar miseria), las tablas de mortalidad de mujeres no registran ninguna de esas enfermedades en los primeros veinte lugares. Y en el caso de los hombres, sólo la tuberculosis se encuentra registrada y ocupa el vigésimo lugar.
De modo que resulta un tanto inexplicable que en un país con casi la mitad de su población pobre, las causas de mortalidad no sean las llamadas patologías de la pobreza, sino, muy por lo contrario, los padecimientos que podríamos llamar de la riqueza, de la prosperidad, del desarrollo o de la existencia prolongada, como la diabetes mellitus, la hipertensión y los tumores malignos.
Las tablas de mortalidad establecen que las principales causas de muerte en México son la diabetes mellitus, las isquemias del corazón, los accidentes cerebrovasculares, los homicidios, los suicidios, los accidentes de tránsito, los tumores malignos (hígado, estómago, pulmón, mama, cuello del útero y próstata), el consumo de alcohol, la hipertensión y la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) altamente asociada al hábito de fumar.
Es tan evidente la contradicción que existe entre un país con cuarenta o cincuenta millones de pobres que mueren por padecimientos de la prosperidad, del desarrollo o de la vida prolongada, que se hace necesario redefinir el concepto de “pobreza” o el concepto de “enfermedades de la pobreza”. Eso tendrán que hacerlo los expertos.
Por lo pronto, hay que decir que al menos en materia de salud y enfermedad, México no es un país pobre. Porque no puede ser pobre una nación cuyos habitantes padecen enfermedades de países ricos y que mueren a la misma edad que los ingleses, los japoneses, los australianos o los argentinos: rondando los setenta y ocho años de vida.
Platón, cuyo verdadero nombre era Aristocles, murió, en el año 347 antes de nuestra era, a los 80 años de edad. Es claro, en consecuencia, que desde hace 25 siglos era posible, aunque, obviamente no común, que una persona llegara a edad tan avanzada.
Ciertamente, Platón, sobrenombre que significa “el de las anchas espaldas”, constituye una excepción. La esperanza de vida en la civilización ateniense no sobrepasaba los 40 años. Hoy, en cambio, son muchos los países en que el promedio de vida ronda la misma edad a la que murió el discípulo predilecto de Sócrates.
España y casi toda Europa, Japón, Norteamérica, Sudamérica, Australia y la pequeña Cuba lindan esos platónicos 80 años. Pero, siendo un promedio, es claro que hay quienes viven menos de ocho decenios y quienes sobrepasan, a veces con creces, esa bienaventurada cifra.
En Cuba, por ejemplo, existen hoy mismo alrededor de 2 mil personas centenarias. Y, con sólidas bases científicas, en la isla se piensa que es perfectamente posible para el ser humano llegar a los 120 años. Con esta idea funciona en la isla una organización llamada “Club de los 120 años”, que es dirigida por el eminente médico Eugenio Selman. Este auténtico sabio, que ahora tiene 79 años, es además el médico personal del ex presidente cubano Fidel Castro, quien está próximo a cumplir los 83.
En Cuba, por ejemplo, en los últimos años ha descendido notoriamente el número de muertes por accidentes cardiovasculares. Y esto se ha logrado mediante medidas preventivas que tienen que ver con cambios de hábitos alimenticios y contra el sedentarismo. Comer menos y hacer ejercicio ha sido la eficaz receta.
El conocimiento de estas noticias me ha hecho acariciar la idea de prolongar mi propia vida hasta esos ya nada míticos 120 años. Ello querría decir que, habiendo cumplido ya los sesenta años, sólo ha transcurrido la mitad de mi existencia. ¡Ah, que idea tan bella y acariciable!
Todos los días, desde hace ya varios años, la población del planeta es bombardeada por noticias supuestamente científicas que hablan de una catástrofe universal inminente.
Esos anuncios permanentes de cataclismos incluyen epidemias mortíferas capaces de producir millones de defunciones en unos cuantos meses. El ébola, el cólera, el sars, el sida, la gripe aviar y ahora la gripe porcina, también llamada gripe humana, son los temas recurrentes de esas auténticas campañas de terror mediático.
El catálogo de males por venir incluye, igualmente, hecatombes como el cambio climático, capaz de hundir bajo las aguas del Atlántico a la isla de Manhattan; el crecimiento de la población; la contaminación ambiental; y hasta el propio avance científico, como es el caso de la clonación y de la fabricación de nuevas vacunas.
Y en la lista de desgracias inminentes se incluye, desde luego, el agotamiento del agua. Pero la experiencia histórica y la evidencia científica desmienten categóricamente tales previsiones.
El supuesto agotamiento se plantea como una cuestión universal, válida lo mismo para regiones geográficas ricas en recursos hídricos que en zonas de escasez histórica del vital líquido.
Es claro que con el agua, como con cualquier otro bien natural, siempre será aconsejable el uso racional. Pero contra la idea de un supuesto agotamiento del agua se sabe bien que nuestro planeta es una auténtica y formidable fábrica del vital líquido. El hombre sabe cómo producirla. Y hacerlo de modo natural, cual se consigue mediante la forestación y la reforestación y evitando la desforestación.
Hay también, desde luego, mecanismos para captar y almacenar agua de lluvia, cuyo ejemplo emblemático son las presas. Y es claro igualmente que la extracción de agua del subsuelo puede ser compensada, y más que compensada, mediante diversas medidas, económicas y prácticas, de recarga de los mantos acuíferos.
El que tenga salud –dice la copla-, que la cuide, que la cuide. Y para cuidar la salud existen acciones o prácticas que suelen agruparse en el vocablo higiene. Por eso se dice que la higiene es el conjunto de acciones que permiten conservar la salud. O, dicho de otro modo, que permiten evitar las enfermedades.
Una de las medidas de higiene más sencillas es el lavado de manos con agua y jabón. Este acto elemental ha salvado millones de vidas en el último siglo. Para ello fue necesario que la ciencia hiciera dos descubrimientos decisivos. Uno, el origen microbiano de muchas enfermedades; y dos, el poder microbicida del agua jabonosa.
El primer descubrimiento se debe al químico francés Louis Pasteur, quien en 1871 estableció que las enfermedades infecciosas son producidas por microbios o gérmenes microscópicos: bacterias, virus y hongos. A esta verdad científica formulada por Pasteur se le llama teoría germinal de las enfermedades, que es la base de la medicina moderna.
Pero no sólo el agua jabonosa es capaz de matar a los gérmenes presentes en las manos y otras partes del cuerpo. También los mata el yodo y otras sustancias germicidas. Y al hervir el agua se logra destruir totalmente a los gérmenes presentes en ella. Y lo mismo pasa cuando hervimos la leche, los frijoles y otros alimentos. Por eso se llama pasteurización al proceso de calentar lentamente los líquidos con el propósito de matar a los gérmenes presentes en ellos.
A Pasteur se le deben portentosos descubrimientos científicos. El más célebre, después de la pasteurización, es el suero antirrábico: la cura contra la temida hidrofobia, enfermedad causada en el hombre por la mordedura del perro u otros animales.
No hay duda, sin embargo, que la teoría germinal de las enfermedades es la obra cumbre del ilustre francés. “Matad a los gérmenes –decía Pasteur– y acabaréis con las enfermedades”. Y así ha ocurrido desde entonces.
Desde hacía varios años, los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como otros sanitaristas alrededor del orbe esperaban la aparición de una pandemia de gripe. Pero pensaban que se trataría de una gripe aviar. Y decían que tal flagelo habría de producir al menos un millón de defunciones.
El pronóstico de tales expertos se ha cumplido sólo en una de sus tres partes. Ciertamente llegó la pandemia, pero ni fue de gripe aviar ni existe la remota posibilidad de que la plaga produzca el supuesto millón de muertes que sólo caben en mentes calenturientas, aunque sean las de los sabios apocalípticos.
Porque independientemente de las características específicas de la actual pandemia de gripe, es absolutamente imposible una mortandad que alcance cifras significativas. Ni por esta patología ni por ninguna otra. Hoy, como lo prueba la experiencia inmediata, el estado de la ciencia garantiza el rápido y eficaz control de cualquier epidemia, ya sea viral o bacteriana.
Tras la emergencia mundial y el pánico subsecuente, los hechos van demostrando día con día la enorme e indiscutible eficacia de la ciencia para evitar una elevada mortalidad. En el presente caso, las defunciones no han alcanzado siquiera la centena en todo el mundo.
Vacunas, antibióticos, antivirales y otros portentosos avances y conocimientos científicos garantizan, como lo han demostrado ahora mismo y contra pánicos irracionales, el control de la pandemia y la reducción, casi hasta cifras nulas, de la mortalidad.
Las grandes mortandades son cosa de otras épocas. De cuando no se tenían los gigantescos conocimientos de hoy acerca del origen y la forma de propagación de las enfermedades infecciosas. De cuando las epidemias se enfrentaban a ciegas y sólo con rezos e imploraciones. De cuando los virus eran invisibles. De cuando la pavorosa falta de higiene era el caldo de cultivo de esos mortíferos eventos, hoy irrepetibles.
A lo largo de los últimos sesenta años, la diabetes se fue convirtiendo en México en la primera causa de muerte que es hoy. Suman millones las personas, de todas las edades, que la padecen. Y lo que es mucho peor: cada año crece, incontenible, el número de enfermos.
La diabetes, ciertamente, no es un problema exclusivo de los mexicanos. Como aquí, el flagelo se extiende aceleradamente por todo el planeta. Quizá sólo estén a salvo de ella los pueblos famélicos.
La ciencia médica, desde luego, ofrece alivio para la grave patología. Hay fármacos y tratamientos eficaces. Pero la prevención y el control de la diabetes requiere, además, la eliminación de un hábito adquirido a lo largo de los últimos sesenta años: la excesiva ingesta de alimentos.
Hace sólo seis decenios, a mediados del siglo veinte, no había la innegable abundancia alimentaria que hoy existe. Y tampoco se padecía, con carácter universal y creciente, como ahora, la diabetes.
En 1950, la población del orbe era de dos mil millones de seres humanos. Ahora es de 6 mil millones. En esas seis décadas, tal población se multiplicó por tres. Pero en el mismo periodo, la producción de alimentos en todo el orbe se multiplicó por doce. Así que hoy, a comienzos del siglo 21, hay cuatro veces más alimentos por persona que hace sesenta años.
De modo que es perfectamente posible establecer una correlación científica estadística entre la universal abundancia alimentaria que hoy caracteriza al orbe, y el carácter creciente de la diabetes en todo el mundo.
Por eso, quizá, sean tan difíciles la prevención y el tratamiento de la diabetes. Cómo pedirle a una humanidad que durante milenios sólo supo de escaseces, penurias y hambrunas, que coma menos, ahora que puede comer la cantidad de alimentos que quiera. ¿Por qué sujetarse a una dieta de 2 mil 500 calorías diarias, cuando es posible y placentera una ingesta de 5 mil? ¡Ah, el placer de comer!
Hoy en día, ninguna persona de mediana escolaridad se atrevería a negar que la Tierra, nuestro planeta, gira alrededor del Sol. Pero esto no siempre ocurrió así. Fue el astrónomo polaco Nicolás Copérnico quien en el siglo XVI dejó establecida de manera científica y para siempre la teoría heliocéntrica que ya nadie cuestiona.
Una cosa semejante pasa con la teoría de la circulación de la sangre. Durante milenios el hombre ignoró que existía el proceso circulatorio. Hasta que apareció en la escena histórica, un siglo después de Copérnico, el médico inglés William Harvey.
Harvey, como muchos otros médicos y biólogos a lo largo de la historia, sospechaba que la sangre circulaba por el cuerpo. Se sabía incluso que sangre limpia sale del corazón, y que sangre sucia llega a éste para salir nuevamente limpia. También se conocía que la sangre limpia corría por las arterias, y que la sangre sucia iba por las venas.
Pero lo que no se sabía era dónde se realizaba el trasvase, es decir, dónde es que la sangre arterial pasaba a las venas. Harvey no podía saberlo, aunque lo adivinaba, porque en vida del gran médico todavía no se había inventado el portentoso instrumento llamado microscopio.
Poco después de la muerte de Harvey, otro médico, éste, italiano y de nombre Marcello Malpighi, puso bajo el microscopio tejido vivo, y pudo observar que arterias y venas se conectan mediante unos diminutos compartimentos que hoy llamamos vasos capilares.
De modo que la hipótesis circulatoria de Harvey no hubiera podido ser confirmada sin el concurso del trabajo científico del naturalista holandés Anton van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio. Leeuwenhoek vivió 90 años, casi a lo largo de todo el siglo XVII. Así que el inglés, el holandés y el italiano son, al mismo tiempo, hijos de esa centuria esplendorosa y padres de uno de los mayores descubrimientos científicos de la historia de la humanidad.
Hoy en día es muy baja para cualquier mexicano la probabilidad de morir por causa de una enfermedad infecciosa. Algunas de éstas, como la viruela, están erradicadas no sólo del territorio nacional, sino del planeta. Para muchas otras, como la poliomielitis y la difteria, existen vacunas que mantienen a la población a salvo. Y muchas otras patologías se combaten eficazmente con los modernos antibióticos.
Ahora son otros los enemigos. Entre éstos, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción y, signo de los tiempos, los accidentes de tránsito, como los choques o los atropellamientos. Según la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de mortalidad en México por este tipo de accidentes es de 15 por 100 mil habitantes.
Para saber si esa tasa es mucho o poco, es necesario compararla con otras. Por ejemplo con la tasa de mortalidad del cáncer de próstata. De acuerdo con los especialistas, este tipo de cáncer presenta una tasa de 16 decesos por 100 mil habitantes. Comparado este por ciento con el de los accidentes de tránsito, podemos saber que la mortalidad por cáncer de próstata es más o menos igual.
Pero con tasas de mortalidad semejantes, es claro que en ambos casos existen medidas preventivas. Y es mucho más fácil y económico prevenir y evitar un accidente de tránsito que un cáncer prostático. Sencillas normas como no conducir cansado, a exceso de velocidad o bajo el influjo del alcohol pueden reducir drásticamente este tipo de mortalidad. Y por lo que toca a los peatones, bastaría cruzar las calles por los puntos adecuados y hacerlo de acuerdo con el semáforo para llevar casi a cero el número de muertes.
El triunfo de la ciencia sobre la mortalidad por enfermedades evitables o curables es una realidad. Sería magnífico que un mayor nivel de conciencia de los mexicanos posibilitara reducir el número de muertes por los siempre prevenibles y evitables accidentes de tránsito.
La circuncisión no es en México una práctica médica de rutina o de carácter general. Las tres grandes instituciones públicas de salud (SSA, IMSS e ISSSTE) sólo la realizan cuando poderosas razones médicas la aconsejan o la consideran imprescindible.
En Estados Unidos, un porcentaje muy elevado de la población está circuncidado. Y es que, durante muchos decenios, las asociaciones médicas estadounidenses la recomendaban como una medida de rutina y de carácter general. Actualmente, sin embargo, la Academia de Pediatría de la Unión Americana no recomienda la circuncisión de rutina, y mantiene una posición neutral en la materia.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud y el Programa de la ONU contra el Sida actualmente recomiendan la circuncisión como una vía adicional para luchar contra el VIH en el caso de los hombres heterosexuales. Pero ambos organismos puntualizan que la circuncisión no constituye una garantía contra esa infección. Y menos contundente es esa recomendación cuando se sabe que se basa en estudios realizados en el África subsahariana, cuyas condiciones de salud y educativas son absolutamente particulares por negativas.
Algunos propagandistas de la circuncisión dicen que las parejas femeninas de los circuncidados están menos expuestas a la infección del virus del papiloma humano. Y citan como ejemplo la casi nula prevalencia del cáncer cérvico-uterino en la población judía. Pero en contrario puede afirmarse que la mayor parte de los europeos no están circuncidados, y que en el Viejo Mundo es también muy baja la prevalencia de ese cáncer.
Todo lo anterior no es sino una pequeña muestra de la falta de consenso médico sobre la circuncisión como medida generalizada. Y cabe pensar que este virtual empate entre procircuncisionistas y anticircuncisionistas tenderá poco a poco a resolverse con la victoria de quienes piensan que “lo que natura da, bisturí no debe quitar”.
El condón o preservativo, como bien se sabe, tiene dos funciones: sirve para evitar el contagio de enfermedades venéreas, también llamadas de transmisión sexual, y es útil igualmente como medio anticonceptivo.
Nunca, desde luego, el condón fue simpático. Y creo que en los varios siglos que lleva de vida no ha habido quien diga que le gusta usarlo. Pero si jamás fue simpático, durante muchas centurias tampoco fue eficaz en la realización de sus dos funciones: hecho de tela, ni servía para evitar embarazos ni era útil a la hora de poner a la gente a salvo de una enfermedad venérea.
Pero la ciencia y la tecnología, si bien fueron capaces de hacer eficaz al condón para realizar sus dos tareas milenarias, no han podido, en cambio, hacerlo simpático.
Hecho de membrana de animales, al condón se le aceptó –cuando así fue– como un mal necesario. Cual una molestia de la que no era posible escapar. Hoy ya no es así. La moderna anticoncepción química (la píldora y sus derivados), la mecánica (el dispositivo intrauterino) y la quirúrgica (la salpingoclasia femenina y la vasectomía masculina) han hecho prescindible al condón como método anticonceptivo.
Y lo mismo pudo decirse, durante tres décadas y media, de la tarea del condón como barrera para impedir el contagio de los males del amor. El invento de la penicilina, en 1943, permitía olvidarse del preservativo: sífilis y gonorrea se habían vuelto curables.
Mas la aparición del sida, en 1980, hizo que el antipático condón se tornara de nuevo imprescindible. Y modernizado mediante el látex, puede hoy cumplir cabalmente las dos funciones para las que el ingenio humano lo ideó hace cinco siglos.
No hay duda, sin embargo, de que muy pronto el preservativo será, para ambas tareas, una opción y no un imperativo. Llegará ese momento cuando se obtenga la vacuna o la cura contra el sida. La ciencia y la tecnología no tardarán mucho en lograr una u otra.
Cuando se habla de enfermedades venéreas, siempre vienen a la mente la sífilis, la blenorragia (o gonorrea), el chancro o los chancros y, desde 1980, el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
Pero ocurre que estas cuatro patologías son sólo una parte del amplio catálogo de las igualmente llamadas enfermedades de transmisión sexual (ETS). De su carácter de dolencias transmitidas o adquiridas por relaciones sexuales se derivó, desde hace milenios, su otra y más común denominación de enfermedades venéreas. Venéreo es un vocablo que proviene de Venus, la diosa del amor entre los antiguos romanos. Se trata, pues, de enfermedades adquiridas o transmitidas por el acto carnal al que pudorosamente llamamos “hacer el amor”.
En ese catálogo de padecimientos venéreos se encuentran otros también muy conocidos, como el herpes (oral o genital) y las ladillas o piojos púbicos. Y otros, de los que se habla mucho, pero de los cuales se ignora generalmente su condición de enfermedades de transmisión sexual, como son los casos de las hepatitis B y C, la sarna, una faringitis de origen gonocócica (el germen de la gonorrea) y las micosis (los hongos).
A todos estos padecimientos y a algunos otros se les puede llamar con propiedad enfermedades venéreas, porque se transmiten, aunque no exclusivamente, por relaciones sexuales genitales u orales. Algunos contagios pueden darse por transfusión de sangre contaminada, de la madre al hijo en el momento del nacimiento, por el uso de jeringas infectadas y por el contacto con ropas o utensilios de enfermos.
Para todos estos padecimientos existe eficaz medicación. Pero siempre será mejor prevenir que curar. Y de todas estas patologías se conocen formas idóneas de prevención, como son la higiene, las visitas periódicas al médico, la esterilización de material quirúrgico y el uso del condón. Así que, como diría un publicista: “Agua, jabón, cuidado y condón”.
Con toda seguridad podría afirmarse que la violencia intrafamiliar siempre ha existido. Pero es obvio que ese tema ocupa hoy un lugar preeminente en las preocupaciones sociales del mundo actual. Y México, lógicamente, no es la excepción.
Se sabe que las mujeres, los infantes y los ancianos suelen ser las personas que más padecen este fenómeno. Y se sabe, igualmente, que esa violencia puede ser sólo verbal o que puede ir acompañada de golpes, lesiones y destrucción de ropas, muebles y otros bienes materiales.
Pero que se conozca y reconozca la existencia de ese hecho, no significa que se conozcan las motivaciones, las causas y las consecuencias. Se trata de un fenómeno complejo y multifactorial. Y que, además, se encuentra oculto por un espeso velo de silencio personal y social que tiende a ocultarlo o a minimizarlo.
Existen evidencias de que la violencia intrafamiliar no conoce de clases sociales ni de edades ni de escolaridades, y que se da lo mismo entre quienes consumen alcohol y otras drogas y entre quienes no son consumidores de estupefacientes.
Pero conviene no engañarse: pobreza, alcohol y otras drogas, nupcialidad temprana y baja escolaridad, incultura y escasa educación son fenómenos que contribuyen decisivamente a incrementar la gravedad y la extensión de la violencia intrafamiliar.
Y aunque está muy claro que se trata de un fenómeno sin fronteras sociales y sin causas que pudieran ser calificadas como específicas, es también evidente que mejorías en escolaridad, un mayor ingreso económico, educación y cultura pueden atemperar el problema.
También queda claro que un menor o nulo consumo de alcohol y otros estupefacientes pueden igualmente contribuir a llevar a la baja esa vergonzosa violencia.
Y tampoco cabe duda de que una nupcialidad (o una vida en pareja) menos temprana puede también contribuir a la atemperación de la violencia intrafamiliar.
Todo el mundo sabe lo que significa la palabra utopía: un lugar que no existe. Utopía procede de los vocablos griegos ou, que quiere decir no, y topos, lugar. Se trata de un país imaginario en el que no hay ricos ni pobres, donde ya no existe el dolor ni la injusticia.
“Utopía” se llamó la obra del inglés Tomás Moro, una novela política y social que pinta un Estado socialista y democrático imaginario. Pero no es la única obra utópica. Otro Tomás, éste de apellido Campanella, publicó “La ciudad del sol”. Y, ya en el siglo XIX, el francés Charles Fourier ideó un sistema de camaradería, libre asociación y trabajo voluntario, capaz de de dar plenos bienestar y felicidad a sus integrantes.
En la acera de enfrente, novelistas y cineastas han creado obras exactamente contrarias a la utopía. Sociedades del futuro en las que reinará el caos, la destrucción, la enfermedad, las peores calamidades y hasta la casi extinción del género humano. A este tipo de obras literarias o cinematográficas se les llama distopías.
Quién no recuerda la película “Cuando el destino nos alcance”, que pintaba un escenario apocalíptico como fruto del imparable crecimiento de la población. Y hoy, cuarenta años después, se sabe que el incremento demográfico ha dejado de ser un problema.
Me acordé de todo esto al ver hace poco el filme “Soy leyenda”, que trata sobre la mutación del virus del sarampión (o de la viruela) que provoca una epidemia que, en 2009, casi extingue a la humanidad.
Así como las utopías buscan despertar los mejores sentimientos y la esperanza en los seres humanos, las distopías procuran aterrorizarnos con visiones apocalípticas, desmentidas una y otra vez por la historia.
El ébola, el sars, la gripe aviar, el cambio climático y el sida son los caballitos de batalla de novelistas y cineastas distópicos. Pero la situación actual de esos mismos flagelos es la prueba de la imposibilidad absoluta de tales futuros apocalípticos.
Aunque las cifras varían de país a país, se sabe que de cada cien personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ochenta son varones y veinte son mujeres. O, dicho de otro modo, que el 80 por ciento de los infectados con el virus del sida son hombres.
Pero también se sabe que de ese universo de hombres infectados con el VIH, el 85 por ciento son hombres que tienen o han tenido relaciones sexuales con hombres.
Pongamos un ejemplo numérico absolutamente arbitrario y sólo con fines explicativos. Supongamos que existe un millón de personas infectadas con el virus del sida. Pues bien: de ese millón, 800 mil son hombres y 200 mil son mujeres. Y de esos 800 mil varones, 680 mil (el 85%) son hombres que han tenido o tienen relaciones sexuales con hombres.
El lector habrá notado que para hablar de los hombres que tienen o han tenido relaciones sexuales con hombres no se ha empleado ni se emplea la palabra homosexuales.
Se trata de un criterio establecido por los científicos que estudian el problema de la propagación del sida. Estos saben que muchos hombres que tienen o han tenido relaciones sexuales con hombres no se reconocen a sí mismos como homosexuales, sino como heterosexuales o, bien, bisexuales.
No calificar como homosexuales a los hombres que tienen o han tenido relaciones sexuales con hombres puede parecer a muchas personas un criterio discutible o equivocado. Pero para detener o atemperar la propagación del sida, los calificativos no tienen importancia. Lo importante es saber cómo se propaga el sida. Porque sabiendo esto se puede combatir de manera más eficaz la pandemia.
La palabra homosexual califica a una persona, en tanto que la expresión “hombres que tienen o han tenido relaciones con hombres” describe un hecho. Y ya se sabe que el avance científico no se basa en etiquetas o calificaciones, sino únicamente en el riguroso conocimiento de los hechos.
Pocas veces se hace la comparación, pero no hay duda que es más útil y vale más un médico que un deportista profesional. Un galeno restaura la salud y salva vidas. Un deportista es, en el mejor de los casos, simplemente un pequeño factor, a la postre desechable, en el gran negocio del entretenimiento.
¿Puede compararse la utilidad social y el valor para la humanidad del más grande deportista, llámese Pelé o Babe Ruth, con el modesto médico rural inglés William Jenner, descubridor nada menos que de la vacuna contra la tenebrosa y mortífera viruela, azote de la humanidad por milenios?
¿Y qué decir en una comparación entre el célebre tritón estadounidense Michael Phelps, ganador en los juegos olímpicos de Pekín de ocho medallas de oro, y el bendito galeno, también estadounidense, Jonás Salk, creador de la primera vacuna contra la poliomielitis, patología destructora por millones de personas, familias, esperanzas e ilusiones, y hoy casi erradicada en todo el planeta? ¿Y cuántas vidas le debe la humanidad al descubridor de la penicilina, el médico inglés Alexander Fleming?
Un deportista profesional gana dinero con su actividad. Un médico también. Pero el médico más ilustre nunca logrará acumular una fortuna semejante a la que consigue una endiosada muchacha por pegarle bastonazos a una pelotita en un bello jardín exclusivo para pudientes ociosos.
Pero lejos de la merecida presencia en los libros de historia de esos tres grandes humanistas se encuentran los anónimos médicos de una clínica del Seguro Social, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud que realizan cotidianamente el milagro de restaurar la salud o salvar la vida de otro anónimo personaje al que damos el nombre de paciente.
Nada de esto es un secreto. Pero una increíble inversión de los valores sociales hace héroes públicos a personajes del deporte que ni en sueños pueden alcanzar los méritos del más modesto de los galenos.
El 17 de julio de 1928, durante un banquete en el restaurante La Bombilla, en el barrio de San Ángel en la ciudad de México, fue asesinado el recién reelecto presidente de la república, el navojoense, Álvaro Obregón Salido.
El asesino, un fanático católico llamado José de León Toral, fue detenido y torturado, y finalmente fusilado el 9 de febrero de 1929. Cuentan los cronistas de la época que tras el balazo, instantáneamente, la cabeza del general invicto cayó pesadamente sobre un plato de mole.
Todo esto es conocido. Pero poco se sabe que el llamado Manco de Celaya padecía desde mucho tiempo antes de su muerte, a los 48 años, una enfermedad hasta entonces incurable y devastadora: la sífilis.
Según nos lo ha hecho saber el chihuahuense Jorge Aguilar Mora, en su ensayo Un día en la vida del general Obregón, el victorioso militar se atendía de su dolencia venérea en hospitales de EU.
Por aquellos tiempos, la incurable sífilis se trataba con mercurio, terapéutica de escasa eficacia que en la mayoría de los casos producía males físicos mayores que los propios de la patología. Éstos son, en la etapa final de la enfermedad, graves daños al sistema nervioso, al corazón, al cerebro y a otros órganos, así como la muerte.
Curiosamente, en el mismo año del asesinato de Obregón, 1928, el bacteriólogo inglés Alexander Fleming descubrió las propiedades antibióticas de un hongo llamado penicillium notatum, que dio origen a una droga milagrosa, la penicilina, capaz de curar la sífilis y el resto de las enfermedades de origen bacteriano.
Diez años más tarde, también en Inglaterra, otros dos eminentes científicos, Ernest Chain y Howard Florey, completaron el trabajo de Fleming, y posibilitaron que a partir de 1943 comenzara la producción comercial de la penicilina.
Quince años después de la muerte del general invicto, la penicilina derrotó para siempre a la milenaria y hasta entonces invicta sífilis.
Allá por 1955, durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, el gobierno federal, por conducto de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, empezaba la campaña de inmunización contra la terrible poliomielitis (o parálisis infantil), con la masiva aplicación de la vacuna Salk, creada por el eminente bacteriólogo estadounidense Jonás Salk.
Por aquella época contaba yo con siete años. Y por razones de mi propia edad, no pude ser vacunado. Y tampoco mi hermano Juan José, 19 meses mayor que yo. La vacuna se aplicaba sólo a menores de seis años. Pero por fortuna ninguno de los dos fue víctima de la terrible enfermedad. De modo que no quedamos inválidos o resultamos muertos por pura suerte.
Nuestra hermana Elena, algunos años menor que nosotros, sí fue vacunada. De modo que ella no murió o quedó discapacitada, no por razones de suerte, sino merced a una política deliberada de salud pública. Digamos que en su caso, el gobierno priísta de entonces cumplió con la elementalísima obligación de procurar la salud de los mexicanos. Hoy, y desde hace algunos años, por fortuna, la polio se encuentra erradicada del territorio nacional.
¿Habrá habido en esos momentos algún insensato, insensible o estulto político, empresario o periodista que se haya atrevido a calificar de populista o electorera esa política que salvó de la muerte, la invalidez, el dolor, la marginación y otras penalidades a mi hermana Elena y a millones y millones de niños mexicanos?
Seguramente no hubo entonces alguien tan estúpido. Pero por lo que se lee en la prensa y se ve y escucha a través de los medios electrónicos de comunicación, hoy abundan esos políticos, empresarios y periodistas de agudo cretinismo que se atreven a calificar de populistas, clientelares o electoreras las políticas públicas de salud.
¡Ah!, contra ese agudo cretinismo, he aquí mi testimonio de gratitud y mi recuerdo emocionado del bacteriólogo Jonás Salk.
Todavía hace un siglo, la mortalidad materna en todo el mundo por embarazo, parto y puerperio (período que sigue al parto y que dura el tiempo necesario, de 6 a 8 semanas, para que el aparato reproductor femenino vuelva a la normalidad) podía medirse en tanto por ciento. Digamos, por ejemplo, de diez por ciento. O dicho de otro modo, diez muertes maternas por cada cien niños nacidos vivos. O, de tres por cada cien, es decir, del tres por ciento. O, si era muy baja, de uno por ciento.
Eso ya es cosa del pasado. Hoy las muertes maternas por embarazo, parto y puerperio no se miden por cada cien niños nacidos vivos, sino por cada cien mil. En lugar del índice “tanto por ciento” se emplea el índice “tanto por cien mil”. Esto significa que en la última centuria se ha reducido enormemente la mortalidad por razones ligadas a la maternidad.
Actualmente, la tasa de mortalidad mundial por causas relativas a la maternidad es de 400 por cada cien mil nacidos vivos. Esta tasa es mucho más baja en América Latina: 190 por cada cien mil nacidos vivos. Pero es enormemente más baja en Europa (36), EU (11), Japón (10) y Cuba (21).
De modo que en la patria de Martí la mortalidad por embarazo, parto y puerperio es 19 veces más baja que en el planeta en su conjunto. Y es 9 veces más baja que en las naciones de Latinoamérica.
Todas estas son cifras públicas, reconocidas y avaladas por las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Frente a la contundencia e irrebatibilidad de estas cifras, sólo los prejuicios, la desinformación y la propaganda negra pueden negar que Cuba ha conseguido con su sistema de salud y educación públicas universalizadas y gratuitas lo que sólo unos cuantos de los países más ricos del orbe han logrado.
Con gran sabiduría, el refrán popular afirma que es mejor prevenir que lamentar. Pero con idéntica sapiencia podría decir que es mejor prevenir que curar. Esta es la base filosófica de la medicina preventiva.
En el caso específico de la población femenina, existen dos graves patologías cuya aparición puede ser prevenida. Se trata del cáncer de mama y del cáncer cérvico uterino, es decir, cáncer del cuello del útero o matriz.
Para la prevención del cáncer de mama, la ciencia médica cuenta con un estudio radiológico denominado mamografía o mastografía. Y para la prevención del cáncer cérvico uterino se practica desde hace décadas el estudio citológico (de tejido) llamado papanicolau.
Del cáncer de mama se desconoce su origen, causa o etiología. Pero en el cáncer del cuello de la matriz, la ciencia médica ha logrado establecer que la causa del padecimiento es un virus: el virus del papiloma humano.
Con base en este conocimiento, la ciencia médica y la industria farmacéutica han logrado producir una vacuna. Y si bien todavía es un fármaco de elevado precio y, por lo tanto, fuera del alcance de grandes sectores de la población, cabe esperar que pronto el precio del producto sea suficientemente bajo como para que puedan adquirirlo las mujeres de cualquier condición social.
Médicos y expertos en salud pública dicen, sin embargo, que no hay motivos de preocupación, pues la prueba del papanicolau garantiza la plena prevención de este flagelo.
¿Cuál es la razón, entonces, de que en México siga siendo alta la mortalidad tanto por cáncer de mama como cérvico uterino? La respuesta, sin duda, es dolorosa. Porque a pesar de contar con esas dos eficaces medidas preventivas, muchas mujeres se abstienen, por ignorancia o abulia, de practicarse dichas pruebas.
Hoy en día, ninguna mujer tendría que morir por estos dos padecimientos. Hoy en día, ninguna mujer debe ser ajena a esos dos estudios preventivos.
En 1954, Akira Kurosawa dirigió un filme que hoy es considerado un clásico de la cinematografía mundial. Titulado en castellano Los siete samuráis, cuenta la historia de unos guerreros que ayudan a una pequeña población campesina a defenderse de los atracos de un grupo de bandoleros.
Seis años más tarde, en 1960, John Sturges dirige una nueva versión de la obra de Kurosawa, ambientándola en la frontera entre México y EU, en un western que en español se llamó Los siete magníficos y que muy pronto también se convirtió en un clásico.
Pero no sólo el cine tiene sus siete magníficos. También los tiene la historia de la medicina. Se trata de siete descubrimientos científicos que han proporcionado bendiciones sin medida a una humanidad hasta entonces doliente y sin esperanza.
Esos siete avances científicos son muy jóvenes. Casi todos nacidos en el siglo diecinueve. El más viejo, la vacuna, creada por el inglés William Jenner, vio la luz en las postrimerías del siglo dieciocho.
Los seis compañeros más jóvenes de la vacuna son la asepsia, la antisepsia, la anestesia, los antibióticos, la cirugía y, el más tierno, que todavía anda en pañales, los antivirales.
A la asepsia, sencillo procedimiento que consiste en usar agua y jabón para mantener limpias las manos y otras partes del cuerpo, se le debe la salvación de millones de vidas. Y también a la antisepsia, su prima hermana, cuya tarea es destruir los gérmenes presentes en heridas accidentales o quirúrgicas.
La anestesia también nació en el siglo diecinueve. Y a ella le debe la humanidad la hoy casi absoluta ausencia del milenario dolor. El uso de la anestesia ha posibilitado el desarrollo gigantesco del quinto magnífico: la moderna cirugía.
Dos de esos siete magníficos son hijos del siglo veinte: los antibióticos, creados por otro inglés, Alexander Fleming, y los antivirales, que ya se apuntan un triunfo monumental en el tratamiento del sida.
Durante milenios la lepra fue una enfermedad incurable. Pero en la actualidad, aunque desde hace muy pocos años, el leproso puede ser absolutamente curado. La terapéutica que obra este milagro se llama poliquimioterapia (PQT). Y consiste en la administración de un coctel compuesto por tres medicamentos: la rimpaficina, la clofacimina y la sulfona.
La lepra es una enfermedad muy poco contagiosa. Para contraerla se requiere de una relación cercana, constante y prolongada (de varios años) con un leproso. Los lepromátologos han logrado saber que sólo un diez por ciento de cualquier población es susceptible al contagio en las condiciones descritas. O, dicho de otro modo, que el noventa por ciento de la población es naturalmente inmune a la lepra.
Según la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud, en México sólo existen un poco más de 2 mil leprosos. Y puede asegurarse que en breve tiempo la lepra, también llamada enfermedad de Hansen, será completamente erradicada del país.
Si bien la lepra es hoy absolutamente curable gracias a la poliquimioterapia, la existencia de esos 2 mil y pico leprosos se explica porque, al ignorar que la enfermedad es curable, los enfermos se abstienen de acudir al médico o a un centro de salud para ser diagnosticados y recibir tratamiento.
Esa ignorancia de los enfermos, de sus familias, de sus vecinos y de la población en general encuentra su explicación en el hecho de que la cura completa de la enfermedad sólo es posible desde hace 21 años, pues fue a partir de 1987 que la poliquimioterapia demostró su eficacia terapéutica y pudo estar al alcance del universo de enfermos de modo gratuito.
Como en muchas otras patologías, la curación plena de la lepra depende en mucho de su detección y tratamiento oportunos: antes de que la bacteria causante del mal produzca sus efectos deformantes en la cara del paciente e invalidantes en diversas partes del cuerpo.
Un estudio publicado en el número en circulación de la revista Salud Pública en México hace preocupantes revelaciones sobre la relación causal entre la diarrea infecciosa aguda (DIA) en niños menores de cinco años y la convivencia de éstos con animales en el hogar, sobre todo perros y gatos.
Y más aún: el estudio ha logrado establecer que en niños que conviven con al menos un animal doméstico, la probabilidad de la diarrea infecciosa aguda es ocho veces mayor que en infantes que no conviven con animales.
Estos datos son de gran importancia para México, por dos razones principales. Una, que como es cosa pública y bien sabida, en nuestro país es muy extensa la población infantil que convive con animales, las hoy célebres mascotas; y dos, que si bien México ha conseguido disminuir la mortalidad por DIA,es aún muy alta la morbilidad (los casos de enfermedad) por esa causa.
El conocimiento de estos hechos debería llevar a los padres de familia y a las autoridades de las secretarías de Salud y de Educación Pública a tomar medidas inmediatas y urgentes para desestimular la hoy muy extendida afición de los niños y jóvenes por poseer una mascota.
La prevención y el control de las enfermedades diarreicas es uno de los mayores desafíos de la medicina y de la educación en México. Pero ahora sabemos claramente que la prevención y el control de esas patologías pasa por la realización de una tarea sanitaria y educativa fundamental: el combate a la convivencia de humanos con esa moderna plaga en que se ha convertido la afición por las mascotas.
Los anteriores datos son en sí mismos muy preocupantes. Pero son para alarmar si sabemos que diversos estudios epidemiológicos han alertado sobre la posibilidad de que ciertos animales pudieran servir de fuente de infección para los infantes, al haberse detectado rotavirus en humanos que al parecer son rearreglos (mutaciones) entre rotavirus de humanos y animales.
En 1854 hubo un brote de cólera en la ciudad de Londres que mató a más de 500 personas en diez días. Como todas las epidemias de la historia hasta entonces, no se conocía la causa del brote epidémico. Pero apareció en escena un médico y científico verdadero: el doctor John Snow.
Al doctor Snow se le ocurrió marcar con una cruz en un mapa de la capital de Inglaterra los hogares de las personas que habían fallecido de cólera durante ese brote. Y encontró que todos esos domicilios pertenecían a un solo barrio. Y encontró igualmente que el agua potable surtida a ese barrio provenía de una sección del río Támesis que, como se sabe, cruza toda la ciudad. El médico sugirió cambiar de sitio la extracción del agua. Así se hizo. Y, como por arte de magia, desapareció la epidemia.
La razón de ese brote mortal era el agua de esa sección del río contaminada con heces fecales, pues, como se sabe, durante siglos los ríos han sido utilizados para depositar las excretas y deshacerse de ellas.
Por razones de tiempo histórico y de desarrollo científico, el doctor Snow no podía conocer que el cólera es producido por un microorganismo: la bacteria vibro cholerae. Ni podía saber que, como todo microbio, es destruible con el simple expediente de hervir el agua para beber.
Pero a Snow le bastó suponer que la causa del brote era fruto de la ingesta de una cierta calidad del agua. Y para atacar el efecto, le bastó, igualmente, suprimir la causa. El eminente médico aplicó el principio científico de la causalidad.
Este principio filosófico sostiene que todo hecho tiene una causa que lo origina. Snow lo comprobó experimentalmente: atacó la causa y terminó el efecto.
Hoy se sabe que el cólera puede evitarse mediante una vacuna, y que en personas ya infectadas la cura se logra con la administración de antibióticos. Pero el principio filosófico es el mismo que utilizó Snow: atacar la causa para suprimir el efecto.
Durante milenios, el hombre vivió de la caza, la pesca y la recolección de vegetales y de pequeños animales, como las hormigas. Se trataba de comunidades nómadas, eternamente migrantes. Pero el descubrimiento del poder generatriz de la tierra condujo al ser humano a la práctica de la agricultura. De esto hace, digamos, unos diez mil años.
Una vez iniciada la vida sedentaria, propia del cultivo del suelo, sólo fue cosa de tiempo el nacimiento de las ciudades. Este enorme avance civilizatorio tenía, sin embargo, un pequeño inconveniente: el manejo de las excretas.
Porque mientras en los pueblos errantes las excretas no constituyen un inconveniente, en las comunidades sedentarias se convierten en focos de infección y, de cuando en cuando, de mortíferas epidemias.
Las sociedades sedentarias, por supuesto, crearon pronto las técnicas y los instrumentos para el manejo higiénico de las excretas: un avance tecnológico universal bautizado en lengua castellana con el nombre de letrina.
Son muchas, desde luego, las bondades de la letrina. Pero no hay duda de que la mayor de ellas fue su contribución al control y erradicación de las catastróficas epidemias que durante siglos asolaron al género humano.
Y si bien es verdad que la aparición de las primeras letrinas puede datarse con certeza en épocas tan remotas como la Antigüedad preclásica, es cierto también que su uso generalizado es más bien un fenómeno reciente en la historia.
Datos ciertos dan cuenta de que en el imperio romano existían numerosas letrinas en las calles principales. Mas dan cuenta, igualmente, de que sólo las clases sociales privilegiadas podían tener una letrina en casa.
Pero en ese privilegio exclusivo de los ricos se incubaba el origen de las letales epidemias que el modesto excusado (con las vacunas, los antibióticos y la higiene en general) ha conseguido convertir en cosas de un irrepetible pasado de amargo recuerdo.
La vejez –nos dijo sor Juana– es un ultraje. Pero la monja ilustre, que hablaba en su soneto sobre sí misma, no era, para los estándares de los siglos 20 y 21, una anciana. Al morir sólo contaba con 46 años. Hoy diríamos que en la quinta década de su existencia estaba viviendo una etapa de madurez biológica.
Y es que pocos fenómenos son tan difíciles de calificar como la ancianidad. Platón, quien murió a los 80 años, ciertamente era un anciano. ¿Pero cómo sensatamente decirle anciana a una persona que apenas ha llegado a los sesenta años? Y es claro que esa calificación tampoco procede para quien anda en los 65.
Esta es, sin embargo, la norma vigente. La Ley del Seguro Social, por ejemplo, establece los 60 años como la edad en que puede solicitarse la pensión por cesantía en edad avanzada. Y los 65 para la solicitud de pensión por vejez.
Pero no hay duda de que un hombre o una mujer de esas edades no presentan, en lo general, el rasgo distintivo de la ancianidad que es la paulatina y progresiva pérdida de la autonomía. En el México del siglo 21, esa pérdida de autonomía puede documentarse a partir de los 75 años de edad.
Es cierto que existen innumerables personas que experimentan esa pérdida de autonomía mucho antes de los 75. Pero en lo general se trata de pacientes de enfermedades crónico-degenerativas y hasta invalidantes, como son una diabetes descuidada, un accidente cardiovascular severo, una insuficiencia renal o un tumor maligno.
Fuera de estos casos, la pérdida de autonomía por deterioro físico y mental comienza, en términos generales, en México y en el mundo occidental, hacia los dichos 75 años.
De modo que con arreglo a un criterio médico-científico y no puramente ideológico, la vejez moderna, con sus distintos y eufemísticos nombres (tercera edad, adultos mayores, edad avanzada, adultos en plenitud, etc.) no puede cifrarse, sensatamente, antes de los 75 años.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha creado un sistema para medir el grado de bienestar de una sociedad cualquiera. Este método, que recibe el nombre de Índice de Desarrollo Humano (IDH) consiste en la combinación de tres factores. Uno, la esperanza de vida; dos, el nivel de alfabetización y escolaridad; y tres, el producto interno (PIB) per cápita.
La esperanza de vida es el mejor indicador del estado de salud de una sociedad. Y una vida prolongada por buenas condiciones de salud es la señal más fiable del buen desarrollo humano de una comunidad.
Por lo que toca al nivel educativo, parece innecesario decir que a mayor alfabetización y escolaridad, mayor es el grado de desarrollo de una población. Islandia, por ejemplo, que es el país con mayor IDH, tiene una tasa de alfabetización de 100 por ciento y quince grados de educación obligatoria. Y no sale sobrando decir que en Islandia es gratuita toda la educación, desde la preescolar hasta la universitaria.
Y en cuanto al tercer factor, el PNUD establece como índice el producto interno bruto per cápita anual en dólares estadounidenses. En el caso de Islandia, el PIB per cápita es de casi 39 mil dólares anuales.
Para tener una idea del IDH, piénsese en una escala de cero a diez. Los países de mayor desarrollo están entre 10 y 8; los de desarrollo medio están entre 7.9 y 6.0; y los de menor desarrollo se encuentran por debajo de seis.
México, que está entre las naciones de IDH alto, tiene una calificación de 8.29. En nuestro país, la esperanza de vida es de 75 años; el nivel de alfabetización alcanza 91 por ciento; la educación obligatoria es de 9 grados; y el PIB per cápita anual es de 13 mil 200 dólares, lo que sitúa a México por encima del gigante China (7.77), pero debajo de la pequeña Cuba (8.38).
Hay quienes dicen que México está muy mal. Pues comparado con el resto del mundo, parece que no tanto.
El 17 de abril de 1695, a las tres de la mañana, murió la más grande pensadora mexicana: sor Juana Inés de la Cruz. Tenía 46 años. La insigne escritora fue víctima de una epidemia, una de tantas que de cuando en cuando asolaban y diezmaban a la ciudad de México (y a otras urbes y poblaciones del planeta).
Nadie sabe a ciencia cierta, sin embargo, cuál fue la enfermedad que privó a México y al mundo del genio de sor Juana. Hay quien dice que se trató de una epidemia del temible cólera morbus. Pero la falta de conocimientos científicos de la época impedía siquiera establecer un diagnóstico.
Eso fue al finalizar el siglo XVII. Mas esa falta de conocimientos se prolongó hasta comienzos del siglo XX. En 1918, otra epidemia universal y catastrófica se llevó a la tumba a 25 millones de seres humanos, aunque existen fuentes que hablan de más de 50 millones de víctimas.
A esa peste cataclísmica se le dio el nombre de influenza o gripe española, pues fue en el país ibérico donde se inició la epidemia y donde causó quizás el mayor número de fallecidos.
Unos meses después de aparecido, el flagelo se extinguió sin que se supiera de dónde había venido ni cómo había llegado. Nadie tampoco supo de qué peste se trataba. Esa ignorancia absoluta impidió hacerle frente. Hoy se sabe que se trató de una gripe aviar, de una gripe de las aves. Fue la última gran epidemia de carácter universal, hace ya casi un siglo.
Y si bien hay quien dice que la última gran peste es en realidad la actual epidemia de sida, lo cierto es que esta moderna patología no posee el carácter esencial que calificaba a las pestes históricas.
Este carácter esencial es la imposibilidad de hacerles frente. Porque sin negar su índole epidémica, el sida es hoy una enfermedad prevenible, tratable y controlable. Una patología crónica y de larga sobrevida. Y no, como al principio y por algunos años, una enfermedad terminal de origen desconocido.
Todo el mundo sabe que tanto los hombres como las mujeres delinquen. Pero pocos conocen que, en México, de cada cien delincuentes, 95 son varones y cinco son mujeres. Estos son algunos de los datos que aparecerán en el número del mes de agosto de la revista Affidamento. Mujer y Cultura, en la extensa entrevista que concedieron a la publicación la demógrafa Susana Natali y la abogada Beatriz Vargas.
Las dos científicas sociales nos hacen saber asimismo que el mayor número de personas presas, tanto hombres como mujeres, lo están, en proporción semejante, por haber sido acusados o sentenciados por delitos patrimoniales: hombres 68.3 por ciento y mujeres 56.6 por ciento.
Pero a partir de ahí los delitos varían de acuerdo al sexo, pues en segundo lugar, en el caso de los hombres, se encuentran los delitos contra la vida, con el 12.7 por ciento, mientras que entre las mujeres ese lugar lo ocupan los delitos contra la salud (drogas), con un 27.4 por ciento.
En el caso de los hombres, siguen los delitos sexuales, tercer lugar, con un 7.2 por ciento. Y en el de las mujeres, delitos contra la vida, con un 13.8 por ciento.
En el cuarto sitio se ubican, entre los hombres, los delitos contra la salud, con un 6.2 por ciento, y entre las mujeres están los delitos por uso de armas de fuego y explosivos, con el 1.2 por ciento.
De las anteriores cifras destaca un hecho singularísimo: si bien es cierto que el número de mujeres procesadas y sentenciadas por delitos contra la salud (27.4%) es mucho mayor que el de hombres (6.2%), también es verdad que, en general, las mujeres cometen este tipo de delitos como copartícipes y encubridoras del marido, del hijo, del padre, del hermano o del novio, y no como responsables directas de esa infracción a la ley.
Y un dato más, en verdad estremecedor, que da título al citado trabajo periodístico: si bien ellos delinquen más, ellas reciben penas más severas.
Hace 21 años, en 1987, una cuarta parte de las mujeres mexicanas unidas (esposas o concubinas) en edad fértil no empleaba ningún método anticonceptivo, a pesar de su deseo expreso de limitar su descendencia o espaciar el nacimiento de los hijos. Una década después, en 1997, esa cuarta parte se había reducido a la mitad: ya sólo una octava parte de ese grupo de mujeres que no deseaban hijos o querían espaciarlos, no se valía de la anticoncepción como método para no procrear.
A este fenómeno social los demógrafos lo llaman demanda insatisfecha de anticonceptivos. Y el grupo de mujeres que quieren usarlos y no logran adquirirlos está formado fundamentalmente por indígenas que no hablan español y por mujeres con escasa o nula escolaridad.
Visto el asunto en porcentajes, no parece mucho ese 12 por ciento. Pero se trata, en números absolutos, de alrededor de dos millones de mujeres entre las de habla indígena y las semianalfabetas o analfabetas. Y casi sobra decir que ese universo poblacional está compuesto por mujeres muy pobres.
Pero no sólo la pobreza y la falta de escolaridad son la causa de esa demanda insatisfecha. También contribuye a ella el aislamiento geográfico o, dicho más precisamente, el fenómeno de la ruralidad.
Esta situación, que prevalecía hasta hace once años, debió haberse modificado en sentido positivo en la última década. Pero durante el gobierno de Fox y en los 18 meses del actual, ha crecido o no se ha reducido la demanda insatisfecha de anticonceptivos.
Se trata de una clara coincidencia entre la gestión de dos gobiernos conservadores en lo ideológico y un frenazo de la anticoncepción voluntaria y demandada de grupos de mujeres de evidente vulnerabilidad social y económica.
Habría que preguntarse si este lamentable frenazo es producto de una pura coincidencia o si se trata de una política deliberada contra el derecho constitucional de las mexicanas a la anticoncepción.
Cualquier diccionario de la lengua española define a la menopausia como la etapa de la vida de la mujer en que cesa la función menstrual. Y la propia etimología del vocablo expresa ese significado con absoluta claridad: Menopausia: del griego méen, mes y pausis, cesación.
Se trata, como puede verse desde la etimología de la voz, de un proceso biológico que implica el fin de la etapa reproductiva de la mujer, etapa que comienza, justamente, con el fin del ciclo menstrual.
La menopausia, ciertamente, presenta algunas otras características, como determinados malestares físicos y emocionales. Pero se trata de características secundarias, no de un rasgo esencial. Lo esencial de la menopausia es el fin de la etapa reproductiva de la mujer.
Como es más que evidente, este rasgo esencial no se encuentra en el varón, aunque haya quienes, sin bases biológicas, pretendan establecer una inexistente menopausia masculina, a la que, incluso contra las reglas de la etimología, llaman andropausia. De andrós, hombre y pausis, cesación.
¿Hay acaso cesación de la condición de hombre?
Parece innecesario recordar que la menopausia no implica que la mujer deja de ser mujer; que el contenido del vocablo sólo se refiere al fin de la etapa reproductiva femenina; y que la mujer continúa teniendo deseo sexual y vida sexual activa, constante y satisfactoria. La menopausia sólo implica que la mujer no podrá ya ser madre o que no podrá volver a serlo.
Obviamente, la andropausia es un neologismo ideológico sin bases científicas. Un intento bastante fallido por igualar hasta el absurdo a la mujer con el hombre. Algo así como un resabio feminista extremo y radical, insostenible desde el punto de vista científico.
Porque, hasta hoy, las ciencias médico-biológicas no han podido establecer en el varón un momento en el que cese la capacidad reproductiva, rasgo esencial de la menopausia. Y no han podido establecerlo, porque no existe ese momento. ¿Habrá que recordar, como demostración fehaciente, el caso de Charles Chaplin, que fue padre a los 80 años?
De unos años para acá, la ciencia médica moderna ha logrado en todo el mundo uno de sus más grandes éxitos. Una verdadera revolución en el campo de la salud y de la vida. Ha conseguido la conversión de patologías terminales en enfermedades crónicas, es decir, en padecimientos tratables con medicamentos para lograr una sobrevida de varios años en el paciente.
Es el caso de los ataques cardiacos Éstos se han reducido muy significativamente gracias al tratamiento terapéutico de las dos causas principales de esos temibles eventos: la hipertensión arterial y el alto colesterol en sangre.
Estos hechos significan que estamos siendo testigos de un nuevo jalón hacia arriba en la esperanza de vida, pues se ha logrado reducir la cantidad de esos ataques, una de las causas de mortalidad en edades relativamente tempranas.
No todo, sin embargo es color de rosa. No todos los signos son favorables en materia de la prolongación de la vida en condiciones de salud físicas y mentales satisfactorias. En el horizonte han aparecido nuevas causas de mortalidad en edades relativamente tempranas.
Dicen los demógrafos que esas nuevas causas de mortalidad son producto de ciertos estilos de vida. Ahí está el temible binomio alcoholismo- accidentes vehiculares. Y también esa plaga de la modernidad que constituyen los suicidios, fenómeno todavía inestudiado y hasta ahora insondable en sus motivaciones últimas.
En esta breve lista de causas de mortalidad debida a ciertos estilos de vida hay que agregar los homicidios. Pero no hay duda razonable que en esta tipología de la mortalidad moderna el primer lugar lo ocupa el tabaquismo.
La sociedad planetaria es protagonista y testigo de una adicción que cada día se presenta más en edades tempranas y muy tempranas, y para la cual la ciencia médica no ha encontrado aún la terapéutica necesaria.
Se trata de una adicción tan poderosa, que ni la más contundente demostración de los daños y los peligros que para la salud y para la vida representa el tabaco es capaz de inducir al consumidor a dejar el mortal hábito.
Esto, sin embargo, no siempre fue así. Porque si bien el hábito de fumar es varias veces centenario, no siempre constituyó la plaga que es hoy. Esta idea de la historicidad del tabaquismo permite ser optimistas sobre la posibilidad de su atenuación e, incluso, de su erradicación.
Porque lo que no siempre existió no tiene porque existir para siempre. Es cosa, como se dice en lenguaje popular, de picar piedra. De insistir en su combate. Nadie nace con el hábito de fumar. Nadie es impermeable a la educación. Y nadie tiene que morir por aspirar humo.
Durante toda la historia de la humanidad, la mortalidad tuvo como causa principal las enfermedades infecciosas, las que adquirían de tiempo en tiempo la forma de terroríficas epidemias. Pero diversos avances en el conocimiento de la higiene, la aparición de la vacuna contra la viruela en el siglo XVIII y el descubrimiento de los antibióticos en la segunda mitad del siglo XX hicieron que, poco a poco pero sin freno, empezaran a cambiar las causas de mortalidad y a producir el hoy evidente envejecimiento de la población. Hoy, en efecto, la mortalidad está caracterizada por las enfermedades crónico degenerativas típicas de la población en edad avanzada.
En términos estadísticos, es bien conocido que la esperanza de vida ha llegado ya a los ochenta años. Es el caso de Japón y de España y otros países europeos. Pero son muchas las naciones que se acercan a esa cifra. En Cuba, por ejemplo, la esperanza de vida es ya de 78 años. En Estados Unidos, de un año menos. Y en México ronda los 75.
De modo que cada día habrá más ancianos. En México, según las más recientes estimaciones, no tardará mucho la población anciana en ser una quinta parte de la sociedad. Y si bien se dice que se trata de un segmento poblacional que constituye una carga familiar y social, la verdad que ese lugar común se encuentra muy lejos de la realidad.
Para empezar, debe decirse que suman millones los ancianos que realizan labores de inmensa trascendencia social. Es el caso del cuidado y la educación inicial de los nietos. Basta acercarse a la puerta de una guardería o de un jardín de niños o escuela primaria para darse cuenta de la enorme cantidad de abuelos y abuelas que esperan a los chiquillos.
¿No son acaso las abuelas quienes posibilitan por esta vía que millones de mujeres puedan trabajar en fábricas, oficinas, escuelas, hospitales? ¿Y no son las abuelas las encargadas del trabajo doméstico frente a la ausencia de las hijas que trabajan? Y este papel no se circunscribe a los primeros años de vida de los nietos. Suele prolongarse hasta la llegada de éstos a la adolescencia.
Estos hechos constatables por cualquier observador atento nos hablan de una ancianidad productiva y útil. Y que se prolonga por varios años después de la llegada oficial del individuo a la senectud.
Ésta, como se sabe, comienza convencionalmente a los 65 años. Es la edad internacional de la jubilación. Y entre este momento y el comienzo de la pérdida de autonomía del individuo, que empieza a presentarse hacia los 75 años, media, en consecuencia, una década. Diez años, al menos, de vida útil, productiva y necesaria.
Allá por el lejano 1982, hace ya 26 años, empezaron a ponerse en práctica en México ciertas medidas económicas que eran y son conocidas con el nombre de neoliberales. Las más generales y conocidas de éstas son la privatización de las empresas públicas (estatales y paraestatales) y la apertura de las fronteras, lo que significa la importación de productos sin el pago de impuestos.
Pero estas políticas económicas tenían ya una larga historia en otros países. Digamos, por ejemplo, que Europa empezó este camino antes que México. Y también antes que la nación azteca, el Viejo Mundo puso en práctica un acuerdo comercial más o menos semejante al tristemente célebre tratado de libre comercio entre Canadá, EU y México. Allá se llamó Mercomún Europeo.
Luego se dio un paso más. Los países europeos, con algunas excepciones, adoptaron una moneda única: el euro. Y si bien en México el tema de una moneda única de Canadá, EU y México aún no está en la agenda nacional, puede decirse que ya ha sido planteado, todavía con cierta timidez, por algunas personas e instituciones de pensamiento conservador o neoliberal.
Con los ejemplos anteriores, quizá quede claro que aquello que hace el neoliberalismo en Europa comienza a practicarse en México un poco más tarde. Y entre esas medidas se encuentra el aumento de la jornada laboral legal. En este sentido es bueno saber que la Unión Europea acaba de emitir una recomendación a los países miembros para que cada uno de ellos ajuste su legislación nacional, a efecto de que adquiera carácter legal la semana laboral de 60 horas.
Aunque cueste trabajo creerlo, la Unión Europea, cuyo origen fue el mercomún europeo, pretende que los trabajadores del Viejo Mundo trabajen a la semana sesenta y cinco horas, en vez de las 40 que laboran hasta ahora. Trece horas diarias por cinco días, en lugar de las ocho horas diarias, también por cinco días, de la actualidad.
Sabiendo que aquello que hace el neoliberalismo en Europa empieza a practicarse un poco más tarde en México, cabe prever que muy pronto comenzará en los medios de comunicación de nuestro país una campaña masiva y falaz para convencer a la población de la conveniencia y necesidad de aumentar hasta 65 horas a la semana la jornada laboral.
Hasta el desgraciado sexenio zedillista todo les había salido bien a los neoliberales. Con Fox empezaron a encontrar resistencia. Y gracias a esa resistencia, hasta ahora no han podido privatizar Pemex.
Queda claro así que la resistencia es el único camino para impedir que muy pronto los neoliberales logren instaurar la semana laboral de 13 horas diarias.
Fruto directo del aumento en la esperanza de vida, hoy día uno de cada 12 mexicanos es mayor de 65 años. Pero en tan sólo tres décadas, esa proporción será de uno por cada cinco. Esto significa que dentro de 30 años, el 20 por ciento de la sociedad mexicana será anciana.
Este hecho, desde luego, es maravilloso. No hay, quizá, nada más triste que la muerte de una persona en edad temprana. Y máxime si se trata de niños. Y tan acostumbrados estamos ya al fin de la existencia en edades avanzadas, que mucho nos sorprende e impresiona enterarnos del fallecimiento de algún amigo, conocido o figura pública a edades, digamos la cincuentena, que no dudamos en calificar de relativa juventud.
Pero la vejez tiene también su lado menos grato. Es la etapa de la vida en que se presenta una serie de limitaciones e insuficiencias físicas y mentales. Es la edad, después de la primera infancia, en que se hacen más necesarios y frecuentes los servicios de salud: médicos, enfermeras, hospitales, medicinas.
Y la senectud es, además, la etapa existencial en que escasean, a veces hasta hacerse nulas, las capacidades productivas del ser humano. Este hecho imposibilita que el viejo pueda, como se dice popularmente, ganarse el pan de cada día.
Los ahorros, una pensión de retiro o las propiedades adquiridas a lo largo de la vida pueden paliar la incapacidad del anciano para obtener los recursos económicos que le permitan mantener las condiciones de vida a la que estuvo acostumbrado por años y acaso por décadas. La carencia de esos ahorros o propiedades son una condena al deterioro económico. O, por decirlo mejor, a la creciente pobreza del anciano.
Frente a esa situación de carencia de recursos, la carga de la manutención del anciano recae en la familia. Pero no siempre existe ésta. Y no siempre, si los hay, los hijos u otros parientes pueden o quieren asumir la pesada tarea. Es por ello que cada día se hace más evidente la necesidad de dotar a la población anciana de una pensión que le permita una vida digna.
Con ciertas insuficiencias y en un monto todavía pequeño, la pensión universal para la senectud es ya una realidad en el Distrito Federal. Y si bien al principio de su aplicación generó ciertas censuras en las filas del pensamiento conservador, puede decirse que hoy la pensión para los ancianos cuenta con el más amplio consenso social.
Quizá la tarea inmediata sea ahora extender la medida al resto del país. Y, en el DF, hacer compatible la pensión de vejez con la edad en la que oficialmente comienza la senectud. Digamos a los 65 años y no a los 70 como es hasta ahora.
Hoy día existe abundantísima evidencia científica del daño físico que el tabaco produce en la salud de quien lo fuma. Pero también existe universal evidencia empírica sobre los efectos desagradables que en la persona del fumador produce el hábito de fumar: pigmentación de los dientes, aliento fétido, tos (la llamada tos de fumador), dedos también pigmentados, hedor picante y generalmente nauseabundo en las ropas, el cuerpo y el cabello.
Todo esto es bien sabido. Y el fumador lo sabe. Y, como sigue fumando, parece que le importa poco. O nada. Digamos que el fumador está consciente de estos hechos y decide desestimarlos. Y hay que decir que la ley está de su lado si decide libremente fumar (o seguir fumando). Y no cualquier ley secundaria o terciaria. Lo ampara la mismísima Ley Fundamental, también llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por eso nadie en su sano juicio ha propuesto prohibir la producción, el comercio y el consumo de tabaco. Eso de prohibir ya se hizo alguna vez en Estados Unidos con respecto al alcohol. Y el fracaso y la secuela criminal de aquella legislación se han convertido en paradigmas de lo que no se debe hacer.
Y una prueba actual de que tales prohibiciones no conducen a la eliminación de la demanda (y tampoco de la oferta) es el caso de las llamadas drogas duras, como marihuana, cocaína, heroína y morfina, y otras denominadas artificiales, de laboratorio o no naturales, como el crack, el kristal y algunas más. Y son prueba igualmente de que un efecto indirecto es la aparición de un poderoso aparato criminal capaz de poner en jaque y corromper desde policías de crucero hasta a gobiernos nacionales.
De modo que prohibir el tabaco y sancionar penalmente su producción, comercio y consumo sería reeditar el error histórico cometido con el alcohol, y repetir igualmente, el error actual que implica la prohibición de las drogas distintas al alcohol y al tabaco.
En el caso del tabaco, en consecuencia, parece no quedar más camino que hacerle incómoda al fumador la realización del acto de fumar. Esta incomodidad ha tomado la vía universal de prohibir el acto de fumar en establecimientos públicos, con el sólido argumento de evitar la inhalación del humo del tabaco a quien no quiere hacerlo.
La medida, desde luego, tiene detractores, pero es absolutamente legal. Más aún: es absolutamente constitucional. Y lo que, en última instancia, es mucho más importante: posee el más amplio consenso social. Y tan lo comprenden así los fumadores, que no osan arriesgarse al reclamo social fumándose un cigarrito, por ejemplo, en un cine o en un restaurante.
A fin de frenar la reciente y sostenida alza en los precios de muchos alimentos, el gobierno federal anunció la apertura total de las fronteras para que sin pagar impuestos entren al país productos agropecuarios, lo que al hacer crecer la oferta deberá contribuir a la baja de esos precios hoy inflados.
¿Pero de dónde saldrán los productos que se van a importar? Pues de aquellos países que poseen excedentes de maíz, arroz, frijol, leche, carne y huevo, entre otras mercancías. México cubrirá su déficit con el superávit de otras naciones. Esto, en buen romance, significa que mundialmente no hay escasez de alimentos.
Y significa que la supuesta escasez y la ola inflacionaria consecuente sólo afecta a países y regiones que no producen suficientes alimentos para su propio consumo. Y que, además, carecen de recursos para pagar importaciones alimentarias.
Mas no debería olvidarse lo fundamental: que importar y exportar son actos de comercio. Y contra la escasez y la carestía el comercio sólo es solución coyuntural. El único camino de fondo es aumentar la producción nacional. Y la medida de fronteras abiertas anunciada por Calderón no aumenta la producción nacional. Simplemente cubre un déficit que no tendría por qué existir, pues México puede producir alimentos para su propio consumo y hasta para exportar, tal como lo hizo a lo largo de décadas.
Pero me temo que la ola inflacionaria que estamos viviendo no se circunscribe a la comida. Y si bien todavía no tengo datos duros, creo que el aumento de precios ya es generalizado en México. Que el país está volviendo al pasado de tasas inflacionarias muy superiores al 4 o 5 por ciento que hasta ahora reconocen el Banco de México y la Secretaría de Hacienda.
Si esto es así, quiere decir que el gobierno de Calderón ha perdido el control de la economía. Igual que pasó en los últimos treinta años, desde Echeverría hasta Zedillo.
Sólo que ahora esta pérdida de control de la economía habrá de sumarse a los otros graves y crecientes problemas que enfrenta el gobierno y que antes no existían: narcotráfico desbordado, violencia criminal incontrolable, legitimidad cuestionada, inexperiencia política, repatriación de centenas de miles de emigrantes indocumentados, desempleo masivo y agricultura e industria en ruinas.
El panorama, como se puede observar fácilmente, no es halagüeño. Las alzas de precios que ya se observan en todas las ramas de la economía y el contexto en que se dan son mala señal. Y si bien hasta ahora el gobierno ha logrado esconder la inflación, ésta no tardará en hacerse dolorosamente visible hasta en las cifras oficiales.
Con cierta recurrencia fácilmente comprobable, los centros de poder del imperialismo (Washington, Londres, Berlín, París, Tokio) ponen en práctica un programa de terror informativo o mediático con el fin de mantener permanentemente asustada a la población mundial. No sólo a los habitantes del llamado tercer mundo, es decir, los países pobres, sino incluso a las poblaciones que habitan esos centros de poder económico universal.
Quién no recuerda la campaña aquella, en el año 2002, para meternos miedo con una improbable epidemia universal y mortífera de una enfermedad llamada SARS, siglas de Síndrome Agudo Respiratorio Severo, patología que sólo alcanzó algo más de tres mil casos en todo el mundo, con menos de 200 fallecidos. Y resulta que hoy, en 2008, sólo las personas memoriosas y los especialistas recuerdan el asunto y el miedo universal que, injustificadamente, provocó.
Un poco antes, en 1997, la política de terror se centró en la posibilidad de una nueva epidemia, esta vez una gripe aviar. En los medios de comunicación acríticos o amarillistas se decía que tal epidemia podía ser tan mortífera como aquella otra gripe aviar, llamada influenza española, que a principios del siglo veinte se llevó a la tumba a más de 50 millones de personas.
Pero hoy se sabe que la supuesta gran epidemia de 1997 de gripe aviar entre humanos nuca tuvo lugar. Y que los casos de infección y muerte de humanos no supusieron cifras significativas.
Más recientemente, la política de asustar a la población planetaria tomó la forma de la amenaza del inminente agotamiento del petróleo. Pero no se vio a ningún gobierno de los países ricos, grandes consumidores de petróleo, poner en marcha programas de ahorro energético, lo que sería la primera medida racional en caso de un verdadero agotamiento petrolífero.
Y ahora, en las últimas semanas, esa política de intimidación ha tomado la forma de amenaza de una inminente hambruna por aguda escasez de alimentos. Pero contra esa malévola información, se sabe que hoy en día y desde hace muchos años, la oferta de alimentos supera con creces a la demanda.
Es perversamente deliberado identificar la súbita alza en los precios de alimentos que se ha presentado en varios países con la posibilidad de una hambruna universal.
Porque más allá de las razones económicas reales de esta súbita ola inflacionaria, y más allá del componente especulativo que esencialmente la explica, lo cierto es que ahora mismo la oferta universal de alimentos supera a la demanda. O, dicho claramente, nada más lejos de la realidad que la posibilidad de una hambruna mundial. Puro terror mediático.
Todos los días, los medios de comunicación llenan sus espacios con noticias sobre grandes decomisos de droga. Todos los días, esos medios dan cuenta de la detención, por la policía o el ejército, de importantes capos del narcotráfico. Y todos los días, esos mismos medios nos informan del desmembramiento de poderosas pandillas dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Puede ser que esas informaciones se correspondan con la realidad. ¿Cómo vamos a saberlo? Podrían ser informaciones verdaderas. Pero también podrían ser falsas o exageradas. Es bien conocida la afición de ciertos gobernantes y medios de comunicación a producir informaciones inexactas, cuando no simplemente inventadas.
Pero suponiendo que las cifras de arrestos de delincuentes y de decomisos de droga fueran verdaderas, esto no es lo más importante. Lo central es conocer la magnitud y el comportamiento del consumo de drogas.
Decomisar diez toneladas de marihuana en un mes puede parecer mucho. Pero parece muy poco si se sabe que el consumo de yerba en ese mismo mes es de mil toneladas, de modo que ese decomiso de diez toneladas representa sólo el uno por ciento del consumo de la cannabis.
Las cifras anteriores son, por supuesto, arbitrarias. Un sencillo ejemplo numérico que sirve para plantear el problema. Pero como se trata de un producto prohibido por la ley, nadie conoce ni aproximadamente las cifras reales de producción y consumo de narcóticos. Es lo que se conoce en la ciencia económica como zona negra o mercado subterráneo.
Pero que no conozcamos las cifras no significa que no estemos siendo testigos del desaforado crecimiento del consumo de drogas.
Aquí está, en síntesis, el problema: a pesar de la violenta, costosa, sangrienta y mortífera lucha policíaca, judicial y militar contra el narcotráfico, el consumo, es decir la demanda, sigue al alza. Esta es, como le consta al lector, una verdad indiscutible.
¿No sería mejor tratar el asunto de las drogas llamadas duras cual se trata el de otros estupefacientes, como el alcohol y el tabaco? Porque debemos reconocer que la producción y el mercadeo de drogas crecen en razón de que existe y crece una demanda de drogas.
Como en el caso del tabaco y del alcohol, lo central debe ser combatir la demanda, no la producción y el comercio. Combatir la demanda significa aleccionar a los consumidores sobre el daño personal, familiar, laboral y social de ese consumo, así como ayudarlos a abandonar la adicción.
Habrá quien diga que esta vía es tan inútil como la persecución policíaca. Puede ser. Pero tiene la ventaja de que no es sangrienta, no es violenta y no es mortífera.
Hace unos días, el lunes 28 de abril, mi compañera de toda la vida y yo fuimos al mercado del barrio en que vivimos hace más de treinta años. Y como teníamos la idea de preparar para la comida una tortilla española de huevo y papa, compramos un kilogramo del sabroso tubérculo. Pagamos por ese kilo diez pesos.
Supongo que si hubiéramos ido a la central de abasto, con toda seguridad habríamos pagado por el kilito de patatas (como dicen los españoles) bastante menos de diez pesos. Ocho o siete, quizás.
Pero una semana después alguien sugirió para la comida pollo rostizado. O, dicho en buen español, pollo asado al pastor. Mi compañera, la Chinita, fiel a la añeja costumbre, tuvo a bien comprar las tradicionales papas en hojuelas. No había más que papitas fritas de marca. Y adquirimos una bolsa grande de 170 gramos por 23.50 pesos.
Casi sin saber por qué, empecé a hacer comparaciones entre el precio de las papas crudas en el mercado de la colonia y el precio de las fritas de bolsita. Y pude constatar que frente a los diez pesos del kilo de papas crudas, el de bolsita, de cualquier marca, cuesta 138 pesos. Trece veces más. Una diferencia de precios de 1380 por ciento. ¡Mil trescientos ochenta por ciento!
Y ocurre, como le consta a cualquiera, que es muy grande la demanda de papitas fritas de bolsa. Y quien dice alta demanda, dice alto consumo. Y quien dice alto consumo está diciendo que existen millones de personas con ingresos suficientes para comprar un alimento con un sobreprecio de más de mil por ciento.
Pero el enorme sobreprecio que paga el consumidor por ese kilo de papas (138 pesos) parece abismal cuando se sabe que el salario mínimo en México es de sólo (más o menos) cincuenta pesos. De modo que para adquirir un kilo de papas fritas de bolsa son necesarios casi tres días (2.76) de faena de un trabajador de salario mínimo.
Y si el amable lector coincide conmigo en que un sueldo más o menos normal de un empleado de oficina o de comercio es de alrededor de 4 mil pesos mensuales, ello quiere decir que gana por día 133 pesos. De modo que un día de salario no le alcanza para comprar ese kilo de papas fritas (138 contra 133).
Así que no entiendo cómo alguien puede quejarse de la carestía del arroz, del huevo, del frijol, de la leche o de la carne, y no repara y no se queja del bárbaro precio de un producto de enorme consumo popular. Algo, sin duda, anda mal en la economía nacional y mundial.
Y algo anda muy mal, sin duda, en nuestras propias cabezas. Algo que nos impide darnos cuenta del abuso del que somos víctimas. Y lo que es peor: un abuso del que somos gozosos cómplices.
En su afán por privatizar Pemex, no hace mucho los voceros del pripanismo nos dijeron que una de las razones para entregar el petróleo al capital privado era la inminente escasez del hidrocarburo. Sólo queda aceite –afirmaban– para nueve o diez años.
Luego, ante lo burdo de la mentira, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, elevó la cifra para hacernos saber que México tiene petróleo para 40 años. Un error entre ambos guarismos de 300 por ciento.
Pero tomando como referencia cualquiera de esos números, una cosa es muy clara. Frente a la posible escasez de un producto, lo primero y urgente es reducir su consumo. Y a esta regla económica fundamental no escapa el oro negro.
De modo que para enfrentar la supuesta escasez del hidrocarburo, antes de pensar en producir cualquier agrocombustible; antes de pensar en entregar la renta petrolera al capital privado; y antes de pensar en el desarrollo de fuentes alternativas energéticas, lo primero sería reducir el consumo de petróleo, sobre todo en el terreno en que esto es más fácil y conocido: en el campo de la producción de energía eléctrica con base en la quema de petróleo.
Hoy se sabe, por experiencia nacional e internacional, que la sustitución completa de focos o bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes puede reducir el consumo de petróleo al menos en un 50 por ciento.
¿No cree el amable lector que ante la emergencia energética que pinta el pripanismo, el gobierno debería estar dedicado a la tarea de sustituir en todo el país los millones de focos incandescentes en uso por lámparas ahorradoras de energía?
Esta sencilla medida permitiría doblar el tiempo de duración del petróleo. De diez a veinte años. O de cuarenta a ochenta, según la cifra gubernamental escogida. Y si hubiera, como es perfectamente factible, petróleo para cien años, la referida acción nos daría la posibilidad de tener petróleo para los próximos dos siglos.
¿Para qué, entonces, buscar con tan desenfrenada urgencia petróleo en aguas profundas? Es mucho más barato, sencillo y factible cambiar bombillas gastalonas por focos ahorradores. ¿O ni eso puede hacer pronto y bien el gobierno de Calderón?
Millones de mexicanos sospechan que la búsqueda del hidrocarburo en aguas profundas como remedio para la supuesta escasez inminente es sólo un pretexto para hacer un negocio parecido al de la privatización de los teléfonos, los bancos, las carreteras, las aerolíneas, las siderúrgicas y las pensiones.
¿Alguien ha visto a los pripanistas plantear siquiera la necesidad del ahorro energético ante la supuesta próxima escasez? ¿Por qué será? ¡Ah, malandrines!
A Flavio Sosa, uno de los más importantes dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (la APPO), se le acusó de un montón de graves delitos. Tan graves, que las autoridades judiciales estimaron necesario internarlo en el penal de máxima seguridad de Almoloya. De modo que le dieron el trato judicial y penitenciario que se aplica, por ejemplo, a un narcotraficante, a un plagiario, a un asesino múltiple.
Mas ahora, de pronto, resulta que los funcionarios judiciales que estimaron necesario ese internamiento propio de torvos delincuentes y no de un luchador social que actúa a la luz pública, han llegado a la conclusión de que Flavio Sosa es inocente de todos esos graves delitos de los que fue acusado por el Ministerio Público Federal (la PGR) y por el Ministerio Público de Oaxaca (la Procuraduría de Justicia de esa entidad).
Son muchas y muy autorizadas las voces que afirman que Flavio Sosa fue acusado falsamente a fin de romperle el espinazo a la APPO. Encarcelar al líder para extinguir al movimiento. Algo así como “muerto el perro, se acabó la rabia”.
Si este fue el caso, y yo personalmente estoy convencido de ello, es evidente que la PGR y la Procuraduría oaxaqueña actuaron con criterio político y no jurídico. Que torcieron la ley para meter en prisión a un adversario político. Que los funcionarios de ambas procuradurías y los jueces que decidieron enviar a Flavio Sosa al penal de Almoloya torcieron la ley, envilecieron su función y son culpables de graves delitos.
Pero son también muchas las autorizadas voces que sostienen que Flavio Sosa ha sido liberado no porque sea inocente de los delitos que en su momento se le atribuyeron, sino que su liberación obedece a un acuerdo político entre las citadas procuradurías y los jueces que conocieron del caso con fuerzas políticas y sociales oaxaqueñas afines al líder excarcelado.
En cualquiera de ambos casos es claro que las autoridades ministeriales y judiciales han violado la ley. En el primer caso, por haber acusado falsamente y haber encarcelado a un inocente. Y en el segundo caso, por dejar libre sin castigo a una persona que ha cometido diversos delitos.
Nada hay, sin embargo, de qué extrañarse. En México (como en el resto del mundo) la ley es, siempre, una moneda de cambio. Se cambia por dinero o se trueca por consigna política.
Alegrémonos de la liberación de Flavio Sosa quienes creímos y creemos en su inocencia. Laméntenla quienes pensaron y piensan que se ha liberado sin castigo a un delincuente. Pero reconozcamos todos que en México la ley vale, hoy como siempre, mucho menos que un cacahuate.
Todo mexicano que ha pasado por la escuela primaria sabe que el librito llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Fundamental de México. Por eso, además de estos dos nombres, recibe otros igualmente esclarecedores: Ley Suprema, Ley de Leyes y Carta Magna.
Y casi todo mexicano sabe, igualmente, que ninguna otra norma jurídica puede contradecir lo que señala la Carta Magna. Ni leyes expedidas por el Congreso de la Unión, ni decretos emitidos por el Poder Ejecutivo ni, mucho menos, otras normas como son los reglamentos o las leyes expedidas por los estados y municipios de la Federación. En consecuencia, toda norma jurídica que contradiga a la Ley Fundamental será ilegal y nula.
Por esta razón será ilegal y nula cualquier ley que permita la participación, en cualquier grado y circunstancias, del capital privado en la explotación del petróleo y demás hidrocarburos. Y será ilegal y nula, aunque la expida el Congreso de la Unión.
Y será ilegal y nula, aunque, en cierto momento, la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera decir que es legal y válida. Y será ilegal y nula, porque ni siquiera la Corte puede contradecir o ignorar el texto constitucional, texto que está al alcance de cualquier persona que sepa leer y escribir. Y aquí está ese texto:
Artículo 25 (cuarto párrafo): “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.
Y de acuerdo con el artículo 28, las áreas estratégicas son “correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear y electricidad”.
De modo que constitucionalmente, el petróleo y la electricidad son áreas estratégicas cuya explotación corresponde exclusivamente al gobierno federal, es decir, al sector público. Y nunca y de ninguna manera al sector privado. Y ni siquiera al sector social: cooperativas, sindicatos, ejidos, etc.
Todo esto significa que ni siquiera el más amplio de los debates puede justificar la violación de la Ley Fundamental. Nada ni nadie está sobre la letra de la Constitución. Ni el más universal de los debates ni diputados y senadores del partido que fuere.
Y cualquier empresa nacional o extranjera que, como ya pasa en la generación de electricidad, participe en la explotación petrolera estará fuera de la ley y en riesgo permanente de perder sus inversiones y ser penalmente sancionada.
Felipe Calderón no quiere enviar al Congreso la iniciativa de reforma energética porque no está dispuesto a pagar el costo político de la privatización de Pemex. Los diputados y senadores panistas dicen, aunque no es verdad, que ellos si la enviarán, porque se encuentran dispuestos a pagar el costo político de tal medida.
Pero ¿cuál es ese costo político? Se trata, esencialmente, de un costo político-electoral. Calderón y su partido saben que privatizar Pemex representará la pérdida de votos en las elecciones federales intermedias de 2009, así como en muchos comicios locales en los que estarán en juego gubernaturas, congresos estatales y muchos importantes municipios.
Pero esa probable caída en la votación panista sería mucho más grave en el caso de la elección de diputados federales en 2009. Tanto para Calderón como para el PAN significaría perder mucha fuerza y presencia en la Cámara Baja, lo que de ahí en adelante dificultaría aún más las tareas de gobierno del michoacano.
De modo que tanto Felipe como los panistas entienden que si privatizan Pemex pueden sufrir un severo castigo electoral. Ser víctimas de lo que se llama popularmente “voto de castigo”. Esto quiere decir que comprenden perfectamente que su empeño en vender y extranjerizar la riqueza petrolera mexicana no es aprobada ni por los votantes tradicionales del PAN, esos que votarían por otro partido o se abstendrían en caso de consumarse la entrega de Pemex a manos privadas nacionales y extranjeras.
Dicho de otro modo, Calderón y su partido saben que en su afán por privatizar el petróleo nacional están actuando contra el sentir y el pensar de la inmensa mayoría de la población.
Hay sin embargo otros costos políticos. Sobre todo para el michoacano. Uno de éstos sería el uso de la represión contra el movimiento civil que se opone a la venta de Pemex. Con toda seguridad, Calderón preferiría no pasar a la historia como otro Gustavo Díaz Ordaz. A nadir le gusta que lo califiquen como verdugo de su propio pueblo.
Y si en cierto momento el asunto se sale de control, sobre todo con el bisoño y desprestigiado jefe del gabinete, podría correr la sangre y haber muertos por la represión policiaca y quizás hasta militar.
En otras circunstancias, el voto de castigo sería un costo indigno de consideración. El IFE se encargaría de minimizar e incluso desaparecer ese voto de castigo. Hay ya mucha experiencia en materia de fraude electoral. Del clásico y del cibernético.
El verdaderamente grave costo político es el de la sangre corriendo y las cárceles llenas. Este es el precio que se resisten a pagar Calderón y el PAN.
Allá por 1973, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció, en su artículo 4°, que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
Y si toda persona tiene ese derecho, toda persona, en consecuencia, tiene el derecho a utilizar los medios científicos (porque no hay otros) que permitan hacer realidad ese derecho, es decir, que posibiliten decidir sobre el número y el espaciamiento de los hijos.
Son de dos tipos los medios que permiten decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos. Uno de ellos es el variado catálogo de procedimientos anticonceptivos. Éstos son de utilización universal. Y en México, como le consta al amable lector, hasta se anuncian profusamente en los medios de comunicación social.
El otro procedimiento para decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos es la interrupción del embarazo, comúnmente llamado aborto. Así, y también en buena lógica, prohibir por ley la interrupción del embarazo es equivalente a prohibir el uso de métodos anticonceptivos. Son equivalentes ambas prohibiciones porque las dos contradicen, niegan y violan el mandato constitucional.
Por ello, y para poner en sintonía a la ciudad de México con el mandato de nuestra Ley Suprema, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decidió despenalizar el aborto en esta entidad federativa.
Ah, pero a la derecha no le gustó la determinación de la Asamblea. Y a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dos de las instituciones más corruptas del gobierno, presentó ante la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un recurso de inconstitucionalidad contra la medida despenalizadora del aborto tomada por la soberanía popular del Distrito Federal.
Como la medida es absolutamente constitucional, pues cumple el mandato expreso y claro de nuestra Ley Fundamental, sólo cabría esperar de la Corte el desechamiento del recurso de la PGR y de la CNDH. Pero ocurre que, como a todos nos consta, la Corte es otra institución corrompida hasta la médula. Un órgano en el cual las decisiones, aún las más contrarias al derecho, como fue el caso de la periodista Lydia Cacho, se toman por “órdenes superiores”, conveniencia política o simplemente por dinero.
De modo que no cabe sino esperar que el corrompido tribunal considere válido el recurso presentado por la derecha cristera. Una ratificación, por si hiciera falta, del enorme desprestigio de un órgano que, desde lejos y desde hace mucho tiempo, hiede a podrido.
Como le consta a cualquier televidente, radioescucha o lector de periódicos, el gobierno de Calderón ha gastado y sigue gastando una millonada en anuncios mentirosos y cursis para convencer a la población de la conveniencia y necesidad de privatizar la industria petrolera nacional.
Pero también como nos consta a todos, la gente no ha caído en el engaño. La sociedad sabe que esa campaña mediática sólo busca justificar la realización de un gran negocio para las empresas petroleras extranjeras y para sus socios y agentes mexicanos.
Es más: la extensión e intensidad de esa campaña de cursis mentiras es evidencia categórica de la oposición popular a que la riqueza petrolera nacional retorne, 70 años después, a manos extranjeras.
Por ello puede decirse que el gobierno de Calderón ha fracasado en la primera fase de la estrategia para privatizar el petróleo. Pero ciego y sordo ante el repudio social a su propósito privatizador, sólo le queda el camino de la imposición.
Puede predecirse, en consecuencia, que durante los próximos días y meses el país será testigo de agudas confrontaciones políticas y sociales. Por un lado los privatizadores y sus escribientes y locutores a sueldo, y por otro, la gente en las calles resistiéndose a la nueva imposición.
El resultado de la confrontación es, desde luego, imprevisible. Cada uno de los contendientes pondrá en juego todos sus recursos. Por parte del gobierno habrá engaños, amenazas de represión, esfuerzos por corromper a líderes opositores y la represión misma mediante el uso de la fuerza pública: policías, tribunales y hasta el mismísimo ejército. La resistencia popular aportará la fuerza de sus convicciones patrióticas, su generosidad, su entereza moral y política y su capacidad de movilización.
La magnitud de la confrontación prefigura por cuenta del gobierno la utilización del ejército en tareas de represión. Bayonetas, rifles y tanques contra mujeres y hombres desarmados. Una reedición de la sanguinaria y mortal actitud del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en el conflicto estudiantil-popular de 1968.
¿Estará el gobierno de Felipe Calderón dispuesto a pagar el precio de un nuevo Tlatelolco? No lo sabemos. ¿Estarán los altos mandos del ejército en disposición de mancharse de nuevo las manos con la sangre de sus compatriotas? Tampoco lo sabemos.
Es claro que sin el recurso de bayonetas, rifles y tanques en las calles la privatización del petróleo no pasará. Pero no está claro si Calderón y sus esbirros priistas y panistas se animarán a perpetrar una nueva matanza. El ejército será la pieza clave. La moneda está en el aire.
Es verdad histórica bien sabida que el 30 de abril de 1975, tras 21 años de combates, una guerrilla de campesinos semidesnudos consumó en Saigón, capital del Vietnam ocupado, la derrota del ejército colonial de EU. Y no es menos conocido que otra guerrilla, la de Fidel, Raúl y el Che, liberó a Cuba del dominio neocolonial estadounidense.
¿Y alguien ignora el papel de los guerrilleros soviéticos en la derrota del invasor nazi, consumada con la toma de Berlín, a sangre y fuego, por las tropas al mando de los mariscales Georgy Zhúkov y José Stalin, aquel glorioso 9 de mayo de 1945?
¿Alguien ha olvidado el papel de los guerrilleros partisanos del mariscal Josip Bros Tito en la liberación de la antigua Yugoslavia de los invasores alemanes, también durante la segunda guerra mundial?
¿Será necesario recordar que nuestros padres Hidalgo, Morelos, los Bravo, los Galeana, los Rayón, Allende, Morelos y Guerrero pelearon por la independencia de México al frente de muy pequeños ejércitos guerrilleros?
¿Y quién si no un ejército guerrillero expulsó de España a las tropas invasoras de Napoleón Bonaparte? ¿Y no fue una guerrilla el factor decisivo de la catástrofe en que terminó la invasión de Rusia en 1812 por cuenta del corzo ladrón y genocida?
Todos esos ejércitos guerrilleros hoy concitan la admiración universal. Pero en su tiempo fueron víctimas de las más feroces calumnias y de las más agrias descalificaciones. A la guerrilla dirigida por Ho Chi Minh la acusaron de ser la avanzada militar para el dominio comunista del sudeste asiático, escamoteándole y ocultando su verdadero carácter de ejército de liberación nacional.
Los jefes guerrilleros Hidalgo y Morelos fueron calumniados, encarcelados, humillados y finalmente fusilados como bandoleros por el delito de luchar por la independencia de su patria.
Esto mismo ocurre ahora con los dos ejércitos guerrilleros colombianos de liberación nacional: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).
Ambas fuerzas guerrilleras son falsamente acusadas de terroristas y narcotraficantes para ocultar su carácter de ejércitos que luchan por liberar a Colombia de la condición de semicolonia de EU en la que se halla desde principios del siglo XIX.
Pero más allá de calumnias y desinformaciones, es claro que suman millones las personas que comprenden, respaldan y respetan a esos dos ejércitos anticolonialistas. ¿Tiene así algo de raro que lo mejor de la muchachada universitaria mexicana muestre su simpatía y brinde su solidaridad a los heróicos guerrilleros colombianos? Es apenas natural.
Se llama simulación o simulacro de ahogamiento. También se le conoce como submarino o asfixia por inmersión en agua. En lengua inglesa se denomina waterboarding. Se trata de una forma de tortura practicada desde tiempos inmemoriales, pero que adquirió fama histórica universal desde que fue un método predilecto de la iglesia romana, a través de la Santa Inquisición, para arrancar confesiones de herejía a los sospechosos de esta conducta o a quienes eran denunciados como herejes.
Según informa la enciclopedia en línea Wikipedia, “en 1252, el papa Inocencio IV, en la bula Ad extirpanda, autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. En ningún caso podía mutilarse al reo ni poner en peligro su vida. Las penas eran variables. Los herejes contumaces o reincidentes (o los sospechosos de serlo o los calumniados como tales) eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte”.
El waterboarding es un viejo conocido de la sociedad mexicana. También desde lejanos tiempos es practicado por las diversas corporaciones policiacas del país. Y se sabe bien que en muchísimas ocasiones la inmersión casi hasta la asfixia era, y es, realizada, para mayor eficacia, en agua con detritus o heces fecales.
La inmersión casi hasta la asfixia es, desde luego, uno de los tantos métodos de tortura conocidos y practicados hasta nuestros días. Hay muchos más: el simulacro de fusilamiento, las golpizas, la privación de alimentos y de agua, las quemaduras y muchas otras prácticas abominables.
Las sociedades más civilizadas, por supuesto, condenan la tortura en sus distintas modalidades. Y la persiguen y castigan. Pero no es fácil la punición, porque, en general, se trata de actos clandestinos, ocultos, secretos.
Lo central, sin embargo, es que la tortura está prohibida por las leyes y es repudiada por la sociedad. Que nuevamente fuera legal, como en los largos y tenebrosos siete siglos que duró la Inquisición, sería como volver a la Edad Media o, más recientemente, a la era del genocida imperio colonial español.
Desgraciadamente, algo de esto acontece ahora mismo en Estados Unidos. En este país es legal el waterboarding. Y si bien otras formas de tortura no son legales, sí son toleradas y hasta auspiciadas y protegidas por las autoridades estadounidenses.
Indignado, e incluso aterrorizado, el planeta es ahora mismo testigo del veto impuesto por el presidente George Bush a una ley que define como tortura, y prohíbe, el waterboarding. Un salto hacia atrás de 700 años en la historia. Una regresión legal de siete siglos del adormecido pueblo estadounidense.
Apenas el pasado martes 4 de marzo se reanudaron clases y actividades en el plantel Núm. 2 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, luego de una suspensión de labores de más de dos semanas. El motivo de la huelga fue la imposición de una directora repudiada por buena parte de la comunidad, sobre todo por el sector estudiantil.
La huelga terminó con la decisión del rector, José Narro Robles, de invalidar el nombramiento de la directora repudiada y la designación de un director interino, en tanto se nombra una nueva directora o un nuevo director que concite el consenso faltante en la pasada nominación.
Pero ahora es la Facultad de Derecho la que corre el peligro de un conflicto por la imposición de un nuevo director que, como se observa ya, no cuenta con el beneplácito de la mayoría de la comunidad.
La persona que prefigura la imposición es el licenciado Jorge Islas López. Y las razones de la inconformidad con ese nombramiento se encuentran en el historial del propio Islas López. Se trata de un abogado con muy escasa experiencia en el ámbito académico, pero con amplia trayectoria en el sector más cuestionable del ámbito corporativo-empresarial.
Fue director jurídico de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), donde representaba los intereses de los grandes concesionarios. También, posteriormente, fue director jurídico en Televisión Azteca, a las órdenes directas de Ricardo Salinas Pliego.
Es sobre todo en esta liga con uno de los capitalistas más poderosos y conservadores del país donde se encuentra la raíz de la inconformidad con el amañado plan para designar director a Jorge López Islas.
Y es muy lógico el repudio, pues significaría poner la conducción de la más importante escuela de derecho del país en manos de un grupo empresarial bien conocido por su nulo respeto a las normas legales que rigen la vida del país.
¿Ya se olvidó el doctor Narro de los actos delictivos cometidos por la televisora del Ajusco en el caso de la toma ilegal, violenta y armada de las instalaciones del canal 40 de televisión?
¿También olvidó ya el doctor Narro los exaltados llamamientos de los locutores de Televisión Azteca al derrocamiento de Cuauhtémoc Cárdenas cuando éste era, legítimamente elegido, el jefe de gobierno del DF?
¿Ignora acaso el doctor Narro el papel que desempeña la televisora del Ajusco en la degradación de la cultura de los mexicanos? ¿Creerá conveniente poner la Facultad de Derecho de la UNAM en manos de un personero, por no decir esbirro, de una empresa que no puede ser considerada modelo de conducta respetuosa del Derecho y de la Ética?
A mediados del siglo veinte, al inicio de la década de los cincuenta, habitaban el planeta dos mil millones de seres humanos. Sesenta años después, en 2008, la población ya alcanza la cifra de seis mil millones de personas. De modo que la población se multiplicó por tres en sólo seis decenios.
Pero en ese mismo lapso de sesenta años, la producción material del planeta, y concretamente la producción de alimentos, se multiplicó por 12. Esto significa que la creación de comida, vestido, calzado, habitación, medicamentos, redes de agua potable y de alcantarillado, carreteras y escuelas, entre otros millones de satisfactores, creció 4 veces más que la población humana.
Todo esto también quiere decir que al inicio del siglo veintiuno hay cuatro veces más pan para cada individuo que a mediados del siglo pasado.
Llevadas estas cifras al ámbito de las pensiones de vejez, enfermedad, viudez y cesantía, significan que hoy en día es cuatro veces más fácil que en 1950 otorgar una pensión a quien lo necesita.
Estos guarismos demuestran fehacientemente que se dice una gran mentira, una falsedad monstruosa, cuando se afirma que no hay recursos para financiar las pensiones de los viejos, los enfermos las viudas y los desempleados.
Es cierto que ahora hay más viejos que nunca en el planeta. Y también es verdad que cada año que pase de aquí en adelante habrá más y más ancianos. Pero la cifra de senectos de hoy dista mucho de haberse multiplicado por cuatro en los últimos sesenta años.
Y dado que cada día es menor la tasa mundial de crecimiento de la población, y que cada día mayor la producción de satisfactores, lo único esperable es que continúe ampliándose la brecha, ya gigantesca, entre el incremento demográfico y el crecimiento de la producción de bienes y servicios.
Esta situación mundial es igualmente la de México. Crece la población, pero crece más y más rápidamente la producción de alimentos y del resto de los bienes y servicios. Lógicamente y en consecuencia, hoy el país tiene cuatro veces más recursos y posibilidades de cubrir las pensiones de viejos, enfermos, desempleados y viudas que hace sesenta años.
A pesar de ello, las autoridades del Seguro Social, del ISSSTE y de la Secretaría de Hacienda dicen que no es posible sostener el actual sistema de pensiones.
Y sin embargo, no solamente es posible sostener ese sistema de elemental justicia social. Es, además, perfectamente posible agrandarlo en el número de beneficiarios y en el monto de las asignaciones. Y hacerlo, en el caso de los viejos, incluso a edades menos avanzadas, es decir, antes de los sesenta años de edad.
“La política –dice la sentencia clásica– es lo que no se ve. Y cuando ocurre un hecho como el bombazo del pasado viernes 15 de febrero en el centro de la capital mexicana, el ciudadano y el periodista sólo pueden conocer el hecho mismo y, a veces, sus consecuencias. Pero nunca de manera diáfana, sus motivaciones.
Y como no hay duda razonable de que el bombazo de ese día fue un hecho esencialmente político, nada podemos saber de sus motivaciones, de sus promotores, de sus propósitos. Todo esto sólo lo conocen quienes lo idearon y lo planearon. Por eso sólo queda la especulación sobre las probables intenciones, el intento de análisis de los posibles propósitos.
Es obvio que la detonación de un artefacto explosivo en el centro de la capital de la república al mediodía cabe perfectamente en el catálogo de actos terroristas. Digamos que una bomba en un sitio público es el santo y seña de un acto terrorista. Esto es lo que se ve. Esto es lo que se vio.
Pero no se vio ni se ve al mandante. Ni al patrocinador. Ni se ve el propósito. Así que uno debe preguntarse quién puede tener interés en estallar una bomba en el centro de la capital, con su consiguiente efecto de terror entre la población.
¿Un grupo terrorista, un grupo insurgente, un grupo guerrillero dado a las prácticas del bombazo? Puede ser. Siempre será posible. Y esta parece ser la idea que ciertos medios de comunicación quieren meternos en la cabeza.
Pero no debe olvidarse que, visto el asunto históricamente, muchos atentados supuestamente terroristas no son sino una provocación con propósitos políticos y económicos ocultos.
A este tipo de acciones falsamente terroristas se les conoce con el nombre de “atentados con bandera falsa”. Ahí está, como acto emblemático de los atentados con bandera falsa, el ataque a las torres gemelas de Nueva York, con el fin de desatar la guerra es pos de petróleo de Iraq.
Décadas antes, EU inventó un atentado norvietnamita contra el buque SS Madox en la bahía de Tonkín, con el propósito de bombardear masivamente Vietnam del Norte. ¿Y quién no recuerda el incendio del Reichstag en Berlín, ordenado por Hitler para culpar a la oposición comunista y antinazi? Y, así, miles y miles de casos.
¿No habrá sido el bombazo del viernes 15 un atentado con bandera falsa con el fin de condicionar a la opinión pública en favor de la reforma judicial calderoniana, conocida como Ley Gestapo, una ley destinada a conculcar los derechos ciudadanos garantizados hasta ahora por la Constitución, con el fin de criminalizar y, así, mediatizar, atemperar o eliminar la inconformidad social visible y activa en todo el país?
Hace 124 años, en 1884, Federico Engels dio a la estampa su extraordinaria obra de antropología llamada “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”. Yo la leí por primera vez, allá por 1968, cuando estudiaba en la escuela de Economía. Y en el curso de esa lectura me encontré con una palabra que jamás había leído o escuchado. Ese nuevo vocablo era “poliandria”.
Poliandria significa la unión de una mujer con varios hombres. Pero no hay huellas históricas sólidas de la existencia de la poliandria como una situación generalizada. La etimología de poliandria es: poli, muchos, y andrós, hombre. A la mujer que vive con varios hombres se le llama poliandra. Pero también se le puede decir polígama. De poli, muchos, y gamós, unión.
A la situación que se da cuando es un hombre quien está unido con varias mujeres se le llama poliginia. De poli, muchos, y giné, mujer. Pero también se le puede decir polígamo. De poli, muchos, y gamós, unión.
Y a la situación que se presenta cuando es una mujer quien está unida con un solo hombre se llama monoandria. De mono, uno, y andrós, hombre. Pero también se conoce como monogamia. Y cuando se trata de la unión de un hombre con una sola mujer se habla también de monogamia en su forma de monoginia.
Hoy, en el mundo, en general, la situación que prevalece es la monogamia, ya sea monoginia (un hombre con una sola mujer) o monoandría (una mujer con un solo hombre). Incluso en el mundo musulmán, donde está permitida la poliginia, lo común es la monoginia. Eso del harén con muchas mujeres al servicio sexual de un hombre es un caso excepcional, privativo solamente de algunos oligarcas enormemente ricos. La inmensa mayoría de las familias musulmanas son fruto de la monoginia. Y ésta, la monoginia, es la situación general de las sociedades musulmanas.
En el mundo judío y cristiano, donde la poliginia y la poliandria están prohibidas, la monogamia (un solo hombre con una sola mujer) es, igualmente, la situación general. Y esto, sin desconocer que siempre se dan casos de poliginia y, también lógicamente, de poliandria.
Pero en cualquier caso, una cosa es segura: la monogamia, en sus vertientes de monoginia y monoandría, es la situación familiar dominante en el mundo cristiano, judío y musulmán. Y también en el ámbito de los ateos, los agnósticos y los escépticos.
Y todo esto lleva a pensar que la monogamia es la forma más civilizada de la relación entre los sexos, porque, como quizá le conste al amable lector o a la amable lectora, la poligamia es una fuente inagotable de sufrimientos para las personas, las familias y la sociedad.
Hace apenas cinco decenios, en México la esperanza de vida al nacer era de menos de 50 años. Ahora ronda los 75. ¿Qué tiene de extraño, en consecuencia, que hoy la gente se preocupe muy poco por adquirir un seguro de vida? Y frente a la documentada caída del mercado de los seguros de vida, tampoco tiene nada de raro que haya crecido de manera exponencial el mercado de los seguros de retiro laboral y de gastos médicos.
Y aunque es verdad que, como reza la sentencia clásica, nadie tiene la vida comprada, hoy cualquier persona da por sentado que habrá de llegar a edades avanzadas. Y que no sólo jugará con sus nietos, sino que verá correr los primeros años de vida de sus bisnietos. Hoy la preocupación no es morir joven. La preocupación es llegar a viejo en buenas condiciones de salud, en buen estado físico y mental.
A comienzos del nuevo siglo, las patologías no son las mismas que hace media centuria. Han desaparecido de las tablas de principales causas de morbimortalidad enfermedades que antes se llevaban a la tumba a millones de personas en edades tempranas y muy tempranas. Hoy los flagelos son otros. Son enemigos silenciosos, de lento avance, pero que todos conocemos. Suelen ser llamados padecimientos degenerativos. Y constituyen una amenaza de infierno que, como decía el poeta, resulta por todos tan temido.
Parkinson, alzhheimer, retinosis pigmentaria, glaucoma, cataratas, accidentes cardiovasculares, diversas parálisis, diabetes y otros flagelos andan por ahí, en el baúl de nuestras preocupaciones, inquietándonos permanentemente. Se trata, sin embargo, de amenazas cuya concreción no es asunto fatal o irremediable. Cada día que pasa la ciencia médica logra nuevos avances, nuevos remedios, nuevas terapéuticas para prolongar la existencia del ser humano. Y para que esa prolongación de la vida se realice en buenas condiciones físicas y mentales.
Llegar hoy a edades avanzadas es cosa normal. Y cada día que pasa será más normal hacerlo sin el deterioro hasta ahora asociado con algunas de estas enfermedades. Vivimos pues el inicio de una etapa en que la vejez será sólo un dato cronológico y no un catálogo, como todavía a veces ocurre, de limitaciones e insuficiencias.
Esa vejez sin enfermedades limitantes o invalidantes no puede ser, sin embargo, una ancianidad plena y disfrutable si el senecto carece de medios de subsistencia. Y en general, esos medios de subsistencia sólo pueden estar constituidos por una pensión de vejez, es decir, por un ingreso fijo y suficiente, a cargo del sistema de seguridad social, lo que, lamentablemente, no es el caso de México.
Las migraciones humanas –ya se sabe– son tan antiguas como la humanidad misma. Y también se sabe que son fruto de la conjunción de dos factores que actúan sincronizadamente. Uno de ellos es el factor expulsión, en tanto que el otro es el factor atracción.
Cuando una persona, una familia o una comunidad deciden emigrar, lo hacen porque las condiciones de vida de su residencia son insatisfactorias o insoportables. Este es el factor expulsión. Y lo hacen también, porque piensan o creen o suponen que en otro lugar encontrarán mejores o menos malas condiciones de vida. Este es el factor atracción.
En la relación México-Estados Unidos, las migraciones, obviamente, operan en ambos sentidos: mexicanos que emigran a EU, y estadounidenses que emigran a México. La diferencia entre la magnitud de ambas migraciones se denomina saldo migratorio. Y visto históricamente, ese saldo indica que son muchos más los mexicanos que van a EU que estadounidenses que se desplazan hacia el país azteca.
Este saldo migratorio indica que en México es más fuerte que en EU el factor expulsión. Y significa también que en la Unión Americana es más fuerte que en México el factor atracción.
Y esto, que ha sido un fenómeno constante en la historia de la vecindad méxico-estadounidense, es hoy más cierto que nunca. La carencia de empleos y de salarios satisfactorios empuja cada día a más mexicanos a emigrar al país del norte. Así, en el sexenio foxista emigraron a EU al menos tres millones de mexicanos. A 500 mil por año. Y todo indica que la tendencia seguirá y se acrecentará en el gobierno calderonista.
Por eso no hay exageración alguna en decir que la emigración azteca hacia EU es uno de los problemas más acuciantes de México. Y más todavía, si se toma en cuenta el clima antiinmigrantes, xenófobo y racista que domina el pensamiento de sociedad, gobierno y medios de comunicación estadounidenses.
Y precisamente en los momentos en que el complejo y grave problema migratorio se torna todavía más grave, el secretario de Gobernación, Juan Mouriño, nombra subsecretaria de asuntos migratorios (o le ordenan nombrarla) a una señora analfabeta y frívola, Ana Teresa Aranda, absolutamente ignorante de problema tan espinoso y complicado.
Ese nombramiento absurdo da una idea bastante aproximada de la nula eficacia que acompañará la gestión de Mouriño en Bucareli. Si la designó el mozo madrileño, se ve que él, como ella, es también bastante lerdo. Y si Calderón lo obligó a darle la chamba a la ignara señora, la cosa está peor, pues se ve que, como se dice popularmente, de los tres no se hace uno.
Casi cinco siglos de educación colonial (1521-2008) no han logrado que los modernos mexicanos acepten como padre de su nación al español Hernán Cortés. Al contrario: el extremeño es para los mexicanos el prototipo del genocida, del explotador, del ambicioso sin escrúpulos, del violador de mujeres.
Esta condena y este repudio históricos se expresan nítidamente en la ausencia en los dos millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano del más pequeño monumento público en honor del genocida hispano.
Creo recordar que existe por ahí, en el Hospital de Jesús de la ciudad de México, un pequeño busto del criminal extremeño, lugar en el que además se encuentran sus restos. Pero se trata de un homenaje privado que el pensamiento criollo rinde a esa despreciable figura. ¿Cuánto tiempo duraría en pie una estatua erigida en honor de un torvo personaje al que los mexicanos de hoy odian profundamente?
Durante los últimos casi quinientos años, los mexicanos han hecho del defensor de Anáhuac, del adversario vencido, torturado y asesinado por Cortés, el mayor héroe de la patria conquistada, despreciada y saqueada por el colonialismo español.
Esa consideración de figura mayor de la patria quedó magníficamente expresada, en célebre dístico, en la voz del poeta zacatecano
Joven abuelo: déjame loarte:
único héroe a la altura del arte.
En esas casi cinco centurias, sólo la emigración republicana de 1939-1942 pudo mitigar en algo el sentimiento antiespañolista que se alberga en el alma de los actuales pobladores de Anáhuac. Pero siempre fue clara la distinción entre aquellos emigrados que daban, que aportaban, que enriquecían, y esos otros migrantes venidos, en plan de superiores, a despojar, a enriquecerse, prestos al abuso.
Por eso pienso que Felipe Calderón no pudo cometer mayor error o más grande perversidad que nombrar en la Secretaría de Gobernación a un mozalbete emblemático, por nacimiento y por ideología, del repudiado españolismo colonialista.
Pero yerrro o perversidad, la designación de Juan Camilo Mouriño como segundo al mando en la república revela la galáctica distancia que separa a Felipe Calderón, nuevo jefe formal del pensamiento criollo, del sentir y pensar de la inmensa mayoría de los mexicanos, a los que mal gobierna por obra y gracia de la trampa y la mentira.
Otorgar nuevamente el gobierno de México a los gachupines, a quienes nuestro padre Miguel Hidalgo llamó a combatir, es una afrenta más, indeleble e imperdonable, que el criollismo pusilánime que domina el pensamiento de Felipe Calderón ha hecho a una patria que, evidentemente, no siente como suya.
Como es bien sabido, la superficie de tierra cultivable en México alcanza los 32 millones de hectáreas. De este total de suelo apto para la agricultura, una cuarta parte (8 millones de hectáreas) se dedica a la producción de maíz. Pero un poco más de esa cuarta parte (9 millones) se destina al cultivo de la marihuana.
Son dos las razones que explican que en el país del maíz se cultive más marihuana que el alimento básico de los mexicanos. La primera es que existe una gran demanda de este estupefaciente, sobre todo en el mercado de las drogas de EU. Esta enorme y creciente demanda de marihuana es satisfecha en buena parte por la producción proveniente de México.
La segunda razón estriba en que si bien la producción de yerba conlleva riesgos de persecución judicial, es mucho más rentable que la producción maicera. De modo que la diferencia de precios en favor del estupefaciente hace que muchos agricultores tradicionales de maíz migren hacia la producción de marihuana.
Este fenómeno no es novedoso. Se ha vivido desde hace muchos años. Y ha sido fruto de la caída constante del precio del maíz y del crecimiento, también constante, del precio de la marihuana.
Ahora, con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá (TLC), que permitirá la entrada libre de impuestos a México de maíz y frijol desde estas dos economías sajonas, es esperable que frente a los precios más bajos de estos alimentos importados, se genere una nueva y más grande emigración de agricultores mexicanos de la producción maicera y frijolera a la de marihuana.
De modo que una de las consecuencias ocultas del TLC agropecuario será el crecimiento de la superficie agrícola mexicana dedicada al cultivo de marihuana destinada al gran y siempre creciente mercado estadounidense de drogas. Digamos que el gobierno pripanista, de Salinas a Calderón, pasando por Zedillín y Fox, está estimulando, quién sabe si voluntaria o involuntariamente, la producción de marihuana.
Y hay razones para pensar que esta consecuencia del TLC ha sido voluntaria. Una de éstas es que el gobierno necesita muchas divisas para pagar las crecientes y frecuentemente absurdas importaciones que realiza la economía mexicana.
La generación de divisas fruto de la mayor producción y exportación de marihuana acrecentará el volumen de éstas que ya proporcionan la exportación de petróleo y de mano de obra. Y la nueva fuente de divisas será especialmente apreciable en momentos en que se anuncia la declinación tanto de los ingresos petroleros externos como de las remesas de los indocumentados.
A comienzos de este nuevo año, la agencia británica de noticias Reuters difundió un despacho desde la ciudad de La Habana en el que informaba que por segundo año consecutivo, la tasa de mortalidad infantil en Cuba había sido de sólo 5.3 fallecidos por cada mil nacidos vivos.
Para personas sin mayores conocimientos sociodemográficos esa cifra puede no decir nada. Por eso es útil conocer cuáles son las tasas de mortalidad infantil en otros países.
En Estados Unidos, por ejemplo, esa tasa es de 6 por mil. Esto quiere decir que en tan significativo rubro Cuba adelanta a la primera potencia mundial. Pero la delantera cubana se torna impresionante cuando se conoce que entre la población afroamericana ese indicador es de 13 por cada mil.
Canadá, por su parte, tiene una tasa de mortalidad de infantes semejante a la cubana, y muy por debajo de la media latinoamericana que se cifra en 26. Como puede verse, la media de América Latina es del doble de la población estadounidense de color y 21 puntos más alta que la de Cuba.
Por lo que toca a Brasil, el gigante latinoamericano registra una tasa de mortalidad infantil de 31 por cada mil nacidos vivos, en tanto que en México ese indicador es de 22. Dicho de otro modo, en Brasil la mortalidad de niños es 6 veces mayor que en Cuba, mientras que la mexicana es cuatro veces más alta que la de la isla.
La magnitud de la proeza cubana en favor de sus niños puede apreciarse mejor si se considera que antes de la revolución encabezada por Fidel Castro la tasa de muerte de infantes era de 60 por mil, y que apenas al tercer año del triunfo de los revolucionarios, 1962, la mortalidad infantil había descendido 20 puntos, para colocarse en 40 por mil.
Pero si es verdad que en esta materia (como en tantas otras) Cuba marcha adelante de toda América Latina y de EU, también es verdad que la isla todavía no alcanza la tasa de mortalidad infantil de otros países ricos, como son los casos de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Japón, que es de sólo 3 por cada mil.
No hay duda, sin embargo, que muy pronto Cuba alcanzará a estos países de ricas economías. Los datos demográficos de la isla, avalados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) así lo indican.
Ya son varias las provincias cubanas en las que la mortalidad infantil es menor a la media nacional (que es, como ya se indicó, de 5.3). Son los casos de Las Tunas y Matanzas, con 4.4, Camagüey, con 4.2 y Sancti Spíritus, con 4.1, en tanto que veintiún municipios de la isla cerraron el año 2007 con una tasa cero de mortalidad infantil.
Con Felipe Calderón se está repitiendo punto por punto y paso por paso la historia de Carlos Salinas de Gortari. Ambos llegaron a Los Pinos como resultado de un megafraude electoral ampliamente documentado. Y si Salinas acudió fallidamente al recurso de la “legitimación por el ejercicio del poder”, al mismo procedimiento pretende recurrir ahora Calderón.
Pero no hace falta mucha perspicacia para comprender que el michoacano logrará igual resultado que el hombre de Dublín: ilegitimidad indeleble y eterna. Porque, como diría el clásico, lo que las urnas no dan, la publicidad, por machacona que sea, no presta.
La marca perenne de la usurpación del poder no fue, sin embargo, lo peor que le pasó a Salinas. Luego de cinco años de gobierno con puros resultados de saliva, magnificados por los medios de comunicación radiotelevisivos, el usurpador vio en unos cuantos meses desmoronarse sus castillos de arena: crisis económica y financiera, devaluación del peso, fuga de capitales, asesinatos políticos, delincuencia organizada creciente, subordinación a Washington, ruina de miles de pequeñas y medianas empresas y hasta una insurrección popular en armas que sólo pudo ser vencida años después mediante la estrategia contrainsurgente del cerco militar, la tierra arrasada y las matanzas masivas y ejemplarizantes.
Y eso que Salinas tenía fama de inteligente y de audaz, atributos que ni siquiera los calderonistas más recalcitrantes se atreven a endosar a su amo. Y eso que Salinas no tuvo que enfrentar un activo movimiento social y popular de repudio formado por millones de personas. Y eso que Salinas no gustaba de la disipación. Y eso que Salinas tenía en un puño a todos y cada uno de los gobernadores. Y eso que Salinas tenía en el gobierno del DF, el corazón del país, a un dócil empleado.
En condiciones políticas radicalmente más adversas, ¿por qué cabría esperar que Calderón consiguiera lo que Salinas, mucho mejor dotado intelectual y anímicamente, fue incapaz de conseguir?
De modo que la enseñanza es muy clara. La legitimidad de origen no tiene sucedáneos. Ahí están, además del de Salinas, los emblemáticos casos de Victoriano Huerta, de Francisco Franco y de Augusto Pinochet.
Es comprensible que Calderón y sus amigos recurran hasta al fallido expediente salinista en procura de la legitimidad de la que carecen. Allá ellos y su gusto por la fantasía. Pero la sociedad tiene claro que a falta de procesos electorales limpios, la democracia no existe y es suplida por la dictadura descarada. Y, como ayer con Salinas, hoy con Calderón, los mexicanos vivimos en una descarada dictadura.
Una larga tradición histórica identifica la palabra discurso con los vocablos demagogia, rollo, palabrería. Incluso se usa discurso como antónimo de hecho, de realidad. Y también se emplea discurso para referirse a un propósito de ocultamiento de la realidad. Por eso la hora de los discursos es la hora del aburrimiento, del sopor, del tiempo perdido, del engaño deliberado, de la farsa.
Hay veces, ciertamente, que un discurso es un momento esperado. Un hecho que referirá o anunciará cosas importantes. Y hay ocasiones en que sin ser esperado resulta trascendental. Como aquél discurso memorable del presidente Cárdenas anunciando en 1938 la expropiación de las empresas petroleras extranjeras.
O como aquel otro de José López Portillo en 1982 dando cuenta al pueblo mexicano de la nacionalización de la banca. Y quién no sabe que los discursos de Fidel Castro suelen ser cátedras magistrales del comandante para orientar a su pueblo sobre cuestiones relevantes y a veces de vida o muerte para la independencia de la nación cubana.
Una cosa parecida a éstas aconteció en la ciudad de México el pasado domingo 18 de noviembre con el esperado discurso de Andrés Manuel López Obrador. El Primer Informe de Gobierno del Presidente Legítimo de México fue, como suele suceder con el carismático tabasqueño, una pieza oratoria plena de intencionalidad política, de explicaciones sobre la situación nacional, de orientaciones al pueblo sobre el qué hacer, el cuándo y el cómo.
El tema central del discurso fue el tema petrolero. López Obrador llamó al pueblo a defender el carácter nacional y estatal de ese recurso. Y aleccionó a sus millones de seguidores sobre las acciones necesarias para lograr ese propósito patriótico. Pidió organizar una campaña nacional “pueblo por pueblo, colonia por colonia” en defensa del petróleo y a prepararse para impulsar acciones de resistencia civil pacífica en toda la república si el gobierno de Calderón insiste en entregar esa industria al capital privado.
“Preparémonos –dijo– para llevar acciones de resistencia civil pacífica, en todo el país, bajo tres criterios básicos: la no violencia, la no afectación de terceros y la puesta en práctica de medidas eficaces que realmente cumplan con el propósito de mantener el petróleo bajo el dominio de la nación”.
Con sus palabras en la plaza pública, López Obrador participa centralmente en la patriótica tarea de impedir una nueva colonización petrolera de México. Pero los discursos del Peje son, además, una reivindicación del valor de la palabra, del sentido esencial del discurso como vía de esclarecimiento y no de engaño.
El pasado sábado 22 de diciembre se cumplieron diez años de la matanza de indígenas en la comunidad de Acteal, en el estado de Chiapas. Una carnicería ordenada o autorizada por el entonces presidente de la república, Ernesto Zedillo, como parte de la estrategia militar de tierra arrasada y asesinatos masivos y ejemplarizantes, destinada a minar el apoyo indígena, campesino y popular de la región de Los Altos de ese estado suriano a la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Claramente, el objetivo de Zedillo fue cumplido. Esa matanza fue el principio del fin de la actividad revolucionaria de la guerrilla zapatista. Pero si Zedillo consiguió su propósito de quebrarle el espinazo al EZLN, no logró, en cambio, borrar su nombre del primer lugar de la lista de los asesinos de Acteal.
Hoy, cualquier interesado en el tema puede consultar en Internet la enciclopedia Wikipedia para conocer algunos detalles de ese nauseabundo crimen, y llegar por sí mismo a la conclusión de que semejante carnicería no pudo ser realizada sin la orden o al menos la aprobación directa del comandante supremo del Ejército, institución encargada de la lucha armada contra el EZLN. La ficha respectiva de Wikipedia dice así:
“Con el nombre de Matanza de Acteal se conoció en los medios mexicanos el resultado de una incursión militar en la zona zapatista de Los Altos de Chiapas (sureste de México). Durante dicha incursión, presuntos miembros del grupo Máscara Roja atacaron a indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban en el interior de una capilla rezando. El resultado fueron 45 muertos.
“De las víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes; 20 eran mujeres y nueve hombres adultos. Siete de las mujeres estaban embarazadas. Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Según testigos, las mujeres, hombres, niños y pertenecientes al grupo comunitario de "Las Abejas", simpatizante del EZLN, fueron todos masacrados sin la menor misericordia por unos 90 paramilitares, presuntamente miembros del grupo Máscara Roja, en una operación que se extendió durante siete horas y que se desarrolló a sólo 200 metros de un retén de la policía”.
No existe por ahora en México ninguna posibilidad de |llevar a Zedillo ante los tribunales. Quizá sea posible en lo futuro. Pero ni la protección política, judicial y mediática de que hoy disfruta el ex mandatario puede borrar la convicción social y popular de la responsabilidad directa y mayor de este perverso sujeto en la matanza de Acteal.
Usted seguramente lo conoce. Se llama Fred Dalton Thompson, y es uno de los personajes estelares de la serie estadounidense de televisión intitulada en castellano, para su difusión en México, “La ley y el orden”. Thompson hace el papel del fiscal Arthur Branch, que es el jefe de los detectives y de los equivalentes gringos a los agentes del Ministerio Público mexicano.
Pero Thompson no sólo es actor. También se dedica a la política, actividad en la que ha logrado importantes posiciones, incluso la de miembro relevante del Senado de EU.
Ahora, Fred Dalton Thompson ha anunciado sus intenciones de convertirse en el candidato del Partido Republicano a la Presidencia de EU. Y para lograr su propósito, sus asesores y él mismo han decidido presentarlo como un político conservador pero moderado.
Ocurre, sin embargo, que al leer algunos de los rasgos de su ideología, resulta muy difícil catalogarlo como moderado. Veamos algunos de estos rasgos. Thompson apoya la política de Bush en Iraq, y sólo lamenta que no se hayan usado suficientes tropas. Propugna la más estricta aplicación de las leyes migratorias para impedir la entrada de inmigrantes ilegales y se opone a programas de amnistía plena a los indocumentados, mientras propone expandir los programas de visas a personal calificado (un eufemismo para referirse al infame robo de cerebros).
El actor también es partidario de los programas que tienden a privatizar la seguridad social y la atención a la salud. Respalda los planes de reducción de impuestos (para los ricos) presentados por Bush. Aboga por la prohibición del aborto y es contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Como puede verse, Thompson está muy lejos de ser un político moderado. Le quedarían mejor las calificaciones de ultraconservador, reaccionario y hasta fascista. Su respaldo a la invasión de Iraq lo hace responsable de los crímenes cometidos en la antigua Mesopotamia por EU, por lo que son muchos los elementos (un millón de muertos, hasta ahora) para catalogarlo como criminal de guerra y genocida.
Dicen los expertos que son escasas las posibilidades de Thompson de llegar a la Casa Blanca. Pero en la baraja de precandidatos demócratas y republicanos a la Sala Oval, hay algunos personajes más belicistas, reaccionarios, homofóbicos y xenófobos que el afamado actor.
Algunos de éstos no sólo apoyan la guerra contra el pueblo iraquí, sino que son partidarios de utilizar en ella armas atómicas. De modo que Thompson y sus cuates son buenos ejemplos del sistema criminal que algunos ideólogos de la derecha nos quieren vender como la democracia perfecta.
En las páginas del ultraconservador diario estadounidense The Washington Post apareció recientemente un artículo del ex jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, en el que llama abiertamente a “barrer” a Hugo Chávez, a quien califica de tirano. Y al igual que este periódico, también The New York Times y la cadena CNN participan en la campaña golpista contra el presidente venezolano.
Llama la atención este poco afecto de EU por “el dictador” Chávez, pues es bien conocida la simpatía que Washington siempre ha mostrado por los dictadores. Ahí están, por ejemplo, los casos de Batista, en Cuba; de Trujillo, en la Dominicana; de Pinochet, en Chile; de Videla, en Argentina; de Stroessner, en Paraguay; de Somoza, en Nicaragua; de Bordaberry, en Uruguay; de Duvalier, en Haití; de Castillo Armas, en Guatemala; de Rojas Pinilla, en Colombia; y, entre muchos otros más, de los diversos y sucesivos dictadores militares brasileños.
También extraña que contra todos estos tiranos no haya empleado EU los procedimientos golpistas que sí utilizó, en cambio, contra gobiernos elegidos democráticamente, como el de Allende, en Chile; el de Francisco I. Madero, en México; el de Joao Goulart, en Brasil, y como ahora, descaradamente, contra el gobierno de Hugo Chávez.
Si Washington dice que Chávez es un dictador, ¿por qué, entonces, no lo apoya y protege como ha hecho con otros, éstos sí, dictadores en toda la línea? Y conviene recordar que Victoriano Huerta, Pinochet, Videla y otros tiranos se instalaron en el gobierno por medio de un golpe de Estado militar y sin el concurso de elecciones, justamente todo lo contrario de Chávez, que ha ganado ya más de diez procesos electorales.
Así que para saber si Chávez es o no es un dictador hay que ver la reacción de EU. Si la Casa Blanca lo apoyara, entonces no habría duda de que el ex coronel es un dictador. Y a la inversa: si EU lo calumnia y combate, entonces no hay duda de que Chávez será cualquier cosa, pero no un dictador.
¿Por qué, entonces, la animadversión de Washington contra Chávez? ¿Será porque no se somete a los designios de EU? ¿Será porque no trabaja para aumentar las ganancias de las empresas estadounidenses en Venezuela? ¿Será porque ha librado a ésta del analfabetismo? ¿Será porque ha conseguido que el petróleo, la principal riqueza venezolana, haya vuelto al dominio de la nación?
¿Será porque la línea del gobierno chavista no la dicta el embajador gringo en Caracas? ¿Será porque el mandatario ha hecho una alianza con Cuba socialista? ¿Por qué será que una potencia que adora, alienta, apoya y protege a los dictadores no quiere a Hugo Chávez?
En el panorama económico mexicano aparecen ahora tres datos preocupantes. Se trata de hechos que vistos por separado constituyen señales de alarma, pero que considerados conjuntamente producen una mayor preocupación sobre el futuro inmediato de la economía nacional y, consecuentemente, de la economía de las familias mexicanas.
Esta tercia de datos son los siguientes. Primeramente, una considerable y sostenida fuga de capitales; en segundo término, un estancamiento en el monto de las remesas que envían a sus familias en México los migrantes indocumentados que trabajan en EU; y en tercer lugar, una creciente morosidad en el pago de las deudas contraídas con tarjeta de crédito por millones de ciudadanos.
La fuga de dinero es mala señal económica, porque indica que los capitalistas intuyen el peligro de una próxima, aunque siempre negada oficialmente, devaluación del peso con respecto al dólar estadounidense. Frente a la pura expectativa de una devaluación brusca, los capitalistas tienden a proteger sus recursos en peso, sacándolos del país. Y una vez pasado el suceso devaluatorio, retornan su dinero, pero a un nuevo y más alto tipo de cambio. De este modo consiguen mantener y luego acrecentar el valor en pesos de sus capitales.
Lo significativo de este hecho radica, finalmente, en que los capitalistas, grandes y pequeños, ponen en duda el optimismo sin bases de Calderón, y emiten la señal de alarma.
También es mala señal el estancamiento en el monto de las remesas que llegan de EU a la economía mexicana, porque ésta deja de contar con ingentes recursos en dólares. Este hecho implica una no creciente y quizá pronto decreciente disponibilidad de dólares para pagar las exorbitantes y no siempre necesarias importaciones.
Finalmente y, por dos razones, es mala señal económica la creciente morosidad en el pago de deudas contraídas con tarjeta de crédito. Primero, porque indica que las familias encuentran cada día más dificultades para cubrir sus compromisos crediticios, ya sea por falta de empleo o por insuficiencia de ingresos. Y, segunda razón, porque esa mora, una vez desbordada, implicaría una crisis del sistema financiero, más o menos semejante al colapso bancario de 1994, del que aún no se reponen millones de familias.
Ante esta inquietante situación ¿hay algo que pueda hacer el ciudadano común y corriente? Pues sólo puede incidir en el único factor que está en sus manos: procurar no endeudarse o no endeudarse más. Una especie de seguro contra daños mayores. Porque la crisis se ceba y lastima más a quienes se encuentran endeudados al momento en que estalla la crisis.
A una catástrofe como la inundación de la ciudad de Villahermosa y de buena parte del estado de Tabasco se le puede decir, igualmente, hecatombe, desastre, siniestro y cataclismo.
Catástrofe proviene del griego catastrofein, que quiere decir destrucción. La etimología de hecatombe heca: cien, y bous: buey, significa el sacrificio de cien bueyes, es decir, una carnicería, un suceso sangriento y mortal. Desastre deriva del latín dis: des, partícula privativa, y astrum: astro, es decir, sin el favor de los astros, desafortunado.
El vocablo siniestro tiene por etimología la voz latina sinister: siniestro, que está a la izquierda, que no es recto. En México diríamos que resultó chueco, cojo, malo, infortunado, de mala suerte.
Finalmente, cataclismo proviene de la voz griega cataclismós, que significa inundación. Y parece así que el vocablo cataclismo es el que mejor cuadra para denominar lo acontecido en Tabasco, pues se trató, en efecto, de una inundación devastadora.
En las cinco palabras referidas queda claro el sentido de desgracia, de tragedia, de suceso desafortunado, de mala suerte. Pero las desgracias, los accidentes, los hechos desafortunados no son sólo fruto de la casualidad; también lo son, y casi siempre en mayor medida, de la causalidad, es decir, de causas, de factores causales. Un accidente de automóvil, por ejemplo, se debe casi siempre a la impericia del conductor, a la presencia del alcohol, al exceso de velocidad, a la fatiga, a deficiente señalización, a falta de mantenimiento del vehículo o al mal estado de la calle o carretera.
No hay duda de que los cientos de miles de damnificados de la inundación de Tabasco tuvieron mala suerte. Pero su desgracia no fue producto sólo de lluvias de intensidad más allá de lo normal. Esas puras precipitaciones pluviales fuera de la norma no alcanzan para explicar la magnitud de la hecatombe.
Con informaciones y datos recogidos por aquí y por allá se ha ido sabiendo que impericia y corrupción en el manejo del caudal de la presa hidroeléctrica Peñitas fueron factores determinantes en el cataclismo.
Descartada la casualidad, es necesario identificar, procesar y sancionar a los ineptos y corruptos causantes del desastre. Pero no será fácil, pues el organismo encargado de la persecución de los delitos, ya sean éstos imprudenciales o dolosos, la Procuraduría General de la República, es una institución corrompida hasta el tuétano, cuyas funciones esenciales son el hostigamiento de los adversarios del régimen, el encubrimiento de la corrupción gubernamental y la exoneración, por consigna o por dinero, de ineptos y corruptos.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República han planteado la urgente necesidad de investigar y, en su caso, castigar los innumerables y escandalosos actos de corrupción del gobierno de Vicente Fox. Casos de corrupción que constituyen tipos penales que se sancionan con largas penas de prisión.
Según ambas cámaras del Poder Legislativo Federal, esa indagación debe incluir tanto al ex mandatario como a su esposa, Marta Sahagún, y a los hijos de ésta. Y también, desde luego, a muchos –centenares, obviamente– de los funcionarios de diversos niveles jerárquicos que acompañaron a Fox y a Marta en sus públicos y muy bien documentados latrocinios en perjuicio de la nación.
Pero nadie debe emocionarse por la pronta llegada de doña Justicia. Los desplantes de diputados y senadores no pretenden el castigo de los bandidos. Solamente buscan, en un acuerdo secreto con Calderón, conminar a Fox al silencio. Se trata de un vulgar chantaje contra el deslenguado y narcisista guanajuatense. Algo así como: “Cállate, chachalaca. Porque si sigues hablando, metemos a tu mujer y a tus hijastros a la cárcel”.
La nada noble tarea de los legisladores federales no tiene que ver con la búsqueda de la justicia y el necesario castigo de un grupo de delincuentes desaforados. Se trata de hacerle un servicio a Felipe Calderón: quitarle de encima el estorbo que significa el voluminoso expediente criminal de la familia Fox, incluidos los hermanos, los vástagos y demás parentela consanguínea o por afinidad del estulto guanajuatense.
Felipe Calderón, en síntesis, habla por la boca de ganso de amistosos legisladores. El michoacano ni siquiera se ha atrevido a plantarle cara a su antecesor. Acaso porque teme que Fox no lo tome en serio y continúe alardeando de su fortuna mal habida y de su participación centralísima en el fraude electoral que le regaló a Calderón la silla presidencial.
Con la ayuda de sus amigos diputados y senadores, quienes sabrán cobrar muy caro el urgente servicio prestado, Calderón conseguirá que Fox cierre la boca y acepte pasar al ostracismo. Sea como sea, constituirá un triunfo. Pero esta futura victoria deja dos lecciones estremecedoras. Una, la debilidad de un Felipe Calderón que por sí mismo y sin ayuda ni siquiera ha sido capaz de hacer callar a su antecesor; y dos, la participación de diputados y senadores en una farsa desvergonzada.
Muy pronto se verá que con un Fox en silencio los latrocinios serán perdonados y olvidados. Calderón habrá conseguido su objetivo. Pero diputados y senadores sólo habrán logrado desprestigiarse todavía más.
Hace unos cuantos días, el instituto español encargado de las estadísticas informó que la esperanza de vida en la patria de Unamuno ha llegado a los ochenta años. Una esperanza de vida significativamente mayor que la de los mexicanos, que es de sólo 75. Y también más alta que la de Cuba, que es de 77.
La esperanza de vida, desde luego, es un promedio. Grosso modo se puede definir como el promedio de edad de todas las personas fallecidas en un año. Si ese promedio fue en México en el año 2006 de 75 años, esto quiere decir que muchas personas fallecieron con menos de 75 años y que, lógicamente, muchas personas fenecieron con más de 75 años.
Esta alta esperanza de vida significa que ahora mismo viven en México muchos ancianos. Y que de aquí en adelante vivirán en nuestro país muchos viejos más. Personas que en razón de su edad no pueden trabajar y que, por lo tanto, necesitan recibir una pensión económica para sobrevivir. Y también atención médica, puesto que a esas edades es mayor el deterioro físico y la necesidad de medicinas y cuidados hospitalarios. Y esto, que ahora es ya una urgencia nacional, habrá de agravarse en los próximos años y decenios.
Pero el gobierno federal panista marcha en sentido contrario a esta necesidad social de la mayor justicia y urgencia. Calderón y sus neoliberales están empeñados en reducir y hasta extinguir las pensiones para los ancianos jubilados. A este gobernante ilegítimo no le importa, por lo que se ve, condenar a los ancianos a la miseria y a la mendicidad. O a la dependencia más absoluta de la buena voluntad de los hijos. Si los hay. Y si éstos tienen voluntad y posibilidades de hacerse cargo de sus viejos.
Frente a la conducta cruel, francamente desalmada, de Calderón y sus secuaces, se hace urgente la creación, en el Distrito Federal, de un instituto de seguridad social, equivalente al admirable Issemym mexiquense (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios), que se encargue de otorgar las pensiones de jubilación y la atención médica necesaria a los ancianos del DF, que, por cierto, es la entidad federativa en la que vive la mayor proporción de viejos del país.
Le toca hacer esta tarea al gobierno del DF, porque se trata de un gobierno democrático y de probada vocación humanista. Y porque ante el desmantelamiento en marcha de la seguridad social nacional, un gobierno democrático debe asumir la tarea de compensar la iniquidad del plutocrático gobierno federal panista. Y ser, así, ejemplo, modelo y guía para otras entidades federativas con gobiernos preocupados por el bienestar del pueblo.
Durante muchos meses, las oficinas gubernamentales y sus voceros a sueldo nos estuvieron espantando con el petate del muerto del inminente agotamiento de las reservas mexicanas de petróleo. Nos decían que sólo habría aceite para unos cuantos años. Diez a lo sumo.
Pero, ahora, inopinadamente, sale a escena la secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, para hacernos saber que aquella información era errónea. Y que, en realidad, existen reservas de crudo para los próximos sesenta años.
Curiosamente, la fuente de ambas informaciones es la misma: el gobierno federal. ¿Cómo pudo, entonces, producirse semejante yerro? ¡Un error de 600 por ciento! Y proviniendo, adicionalmente, de los expertos en la materia: la Secretaría de Energía y la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.
También, por supuesto, habría que preguntarse sobre el nivel de certidumbre y honradez política de la cifra que ha hecho pública ahora doña Georgina Kessel. Pero, en cualquier caso, una cosa es absolutamente cierta e indiscutible: México carece de una política de ahorro y uso racional del petróleo.
En nuestro país el energético se despilfarra de una manera odiosa. Y frente a ese reprobable dispendio, nada se ve que haga el gobierno para frenarlo. Y el mal uso no es sólo cosa de derroche. Es igualmente calificable de mal empleo la inmisericorde exportación de petróleo crudo que hace México.
Y si está claro que en tiempos de abundancia es un error exportar en exceso una riqueza no renovable, más erróneo es venderlo al exterior en momentos en que las autoridades energéticas del país advierten sobre un horizonte limitado de disponibilidad del estratégico y todavía hoy insustituible recurso.
Frente a la relativa escasez de un producto sólo quedan dos caminos no excluyentes entre sí: aumentar la oferta o reducir el consumo. En materia petrolera no es tan sencillo y sí muy costoso lograr el aumento de la oferta. Hacen falta conocimientos técnicos y científicos y cuantiosas inversiones. Reducir el consumo es, en cambio, técnicamente más fácil, aunque también se requieren complejos conocimientos. Y los conocimientos, el célebre know how, obviamente también cuestan. Es el caso de la producción de los agrosucedáneos del petróleo.
Queda claro, en consecuencia, que México debe caminar por ambos senderos. En cuanto al posible aumento de la oferta petrolera, tanto la Secretaría de Energía como Petróleos Mexicanos parecen estar pasmados. Pero por lo que toca al ahorro energético y al uso racional del hidrocarburo, parece, más bien, que el país camina en sentido contrario.
Para nadie es un secreto que la venta de Aeroméxico es un monumento a la corrupción del gobierno panista. Todo el mundo sabe que, más que venta, fue un regalo a los amigos, a los favorecedores, a los financiadores del fraude electoral de julio de 2006. Y es público y notorio que de este nuevo fraude a la nación no se puede culpar al apestado y corruptísimo Vicente Fox. Que se trata de un acto vergonzoso que lleva la firma autógrafa de Felipe Calderón.
Pero siendo tan evidente, cínica y descomunal la corrupción calderonista en el caso del regalo de Aeroméxico, no es esto lo más grave del asunto. Lo peor del caso es que una empresa estratégica para el desarrollo del país ha dejado de ser, precisamente, del país.
Que la privatización de Aeroméxico haya sido chueca no debe ocultar el hecho de que semejante robo lo sufre no un particular, sino la sociedad en su conjunto. Y ya se sabe cuál ha sido el saldo real (no el publicitario) de otras privatizaciones de bienes de la nación: ruina del campo, emigración de mexicanos por millones hacia el mercado laboral de EU, quiebra de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, desempleo masivo y creciente, carestía, ambulantaje desbordado y delincuencia desatada.
Sin embargo, los millones de mexicanos que se oponen y repudian al ilegítimo gobierno de Calderón no pudieron evitar el atraco. Y es lógico. Ese movimiento de oposición y repudio todavía no se encuentra suficientemente organizado. Hasta ahora, con el liderazgo de López Obrador, sólo ha tenido capacidad de esclarecimiento y denuncia. Pero no hay lugar para el pesimismo. La tarea organizativa se encuentra en marcha y ya arroja sus primeros frutos.
La afiliación y credencialización del movimiento obradorista supera ya el millón y medio de ciudadanos. La mayoría de la población lo ignora por el cerco mediático que envuelve al líder y a la causa. Pero que los grandes medios monopólicos y oligárquicos oculten el fenómeno no significa que el fenómeno no exista.
Se trata de una red que crece y crece todos los días. De una organización de ciudadanos libres que con entusiasmo y patriotismo se suman por propia voluntad a un movimiento que los representa. Que representa sus ideales, sus convicciones y, sobre todo, sus intereses de clase. Y todo esto, pacíficamente y rechazando interferencias del exterior.
Piano, piano, la marea crece. Llegará el momento de pasar de las denuncias y la ira popular sin cauce a las movilizaciones de masas. El gasolinazo, primero, y ahora el gigantesco fraude de Aeroméxico, están sirviendo de aglutinadores y organizadores del inmenso descontento social.
Entre los aspirantes a ocupar la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando concluya la gestión de Juan Ramón de la Fuente, hay, como en botica, de todo. Pero la maraña de palabras, ofertas y promesas que envuelve el proceso sucesorio no puede ocultar lo que se encuentra en juego. Y lo que se encuentra en juego es el carácter gratuito de la educación universitaria.
Esto explica que entre los aspirantes a la Rectoría haya convencidos de la necesidad de que la educación superior siga siendo gratuita, y que haya, igualmente, convencidos promotores de la privatización de la UNAM.
Para el ciudadano común, desde luego, no es fácil discernir quién es quién. Pero no es labor complicada para los 15 universitarios miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM, que guste o no, es la instancia que por ley debe designar al rector.
Los miembros de la Junta conocen bien la filiación ideológica y política de los seis aspirantes. De modo que conocen sobradamente quién tiene intenciones privatizadoras y quién se encuentra en el bando contrario, en el bando democrático, social, popular.
La Junta de Gobierno, desde luego, es soberana. Y su fallo es la última palabra institucional. Pero un error en la designación puede precipitar a la UNAM en un nuevo conflicto, el que indudablemente tendría repercusiones graves en la política nacional.
Ese yerro sería designar un rector con ideología o compromisos privatizadores. Y sería un error mayúsculo, porque la muchachada no permitiría ese despojo, lo que daría lugar a una nueva crisis.
Ahí están los tristes ejemplos de los rectorados de Jorge Carpizo, José Sarukhán y José Barnés. Los tres pretendieron poner en la Universidad Nacional la pica en Flandes del cobro de cuotas, y los tres tuvieron que morder el polvo, en medio del mayor desprestigio, en sus afanes privatizadores.
La designación de De la Fuente fue el caso contrario. La Junta de Gobierno supo leer bien la realidad de la UNAM, y puso freno durante ocho años a los esfuerzos derechistas por destruir a la Universidad Nacional.
Pero ahora la derecha privatizadora vuelve a la carga. Y tiene, lógicamente, sus candidatos a la Rectoría. Por eso hoy, como hace ocho años, de la decisión de la Junta de Gobierno depende el futuro, apacible o convulsionado, de la Universidad.
Un rector partidario del cobro de la educación podría ser la chispa que está esperando la seca pradera de la nación para incendiarse. La Junta de Gobierno sabe quién está en un bando y quién en el otro. Esperemos que tenga el buen tino que demostró cuando designó rector a Juan Ramón de la Fuente.
En Francia, en España, en EU, en Inglaterra y en muchos otros países existe el llamado seguro de desempleo. Se trata de una asignación económica temporal para aquellas personas que han perdido el empleo y que, al paso del tiempo, no consiguen otra ocupación remunerada.
Y es que el desempleo constituye, en la actualidad, el mayor flagelo de los trabajadores. Una persona que pierde el empleo o no consigue una colocación remunerada se ve condenado a la miseria, a la mendicidad o a la delincuencia.
Ciertamente, un desahogo para una grave situación de desempleo es la emigración. La gente que no encuentra trabajo en su país de origen emigra a otras naciones con la esperanza de encontrar en éstas la ocupación que no halla en la propia.
Siempre habrá, sin embargo, personas sin empleo que no quieren o no pueden emigrar. De modo que el seguro de desempleo es la única vía para evitar que estos desempleados caigan en la degradación humana que significan mendicidad, miseria o delincuencia.
Para impedir, precisamente que los trabajadores sin empleo caigan en una situación de este tipo, los estados modernos asignan, mediante las instituciones de la seguridad social y bajo ciertas condiciones, una determinada cantidad de dinero a las personas sin trabajo.
Esta política, propia de las naciones civilizadas, no se había puesto en práctica en México, a pesar de que la economía nacional experimenta cada día más un creciente e irremediable desempleo.
Hasta hoy, en México, no existía el seguro de desempleo. Ni de carácter nacional ni de índole local. Y apenas hasta ahora, y sólo en el Distrito Federal, es que comienza a ponerse en práctica. Digamos que nuestro país llega al seguro de desempleo ochenta años tarde, pues en las naciones de Europa Occidental y en EU esta medida de estricta justicia social se practica desde la década de los treinta del siglo veinte.
Pero la idea no le ha gustado a la derecha. Y ésta ya comienza a protestar contra la justa medida. Y, naturalmente, el blanco preferido es el gobierno del DF. Ciega y sorda, la derecha, representada fundamentalmente por el Partido Acción Nacional, se opone a una medida que es cosa común hace décadas en cualquier nación civilizada.
Las absurdas e inhumanas críticas de la derecha no han logrado, sin embargo, frenar el programa perredista. Y como ha ocurrido con otros programas del PRD en el DF (como el de la pensión para adultos mayores, discapacitados y madres solteras, y como la dotación gratuita de útiles y uniformes escolares), es probable que muy pronto el seguro del desempleo pase a ser realidad en otras entidades federativas.
Lo cortés no quita lo valiente, reza la sentencia popular. Y es verdad: lo educado de una persona no significa falta de valor o cobardía. Y una cosa semejante podría decirse respecto de la celebridad y el oportunismo. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Fuentes: lo célebre no quita lo oportunista. Ni lo cretino, ni lo zafio.
Oportunista, cretino y zafio, a Carlos Fuentes no se le ha ocurrido mejor pasaporte al ansiado Premio Nobel que ponerse al servicio de EU para denostar y satanizar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Fuentes ha llamado a Chávez “payaso continental”. ¡Qué bárbaro!, ¡qué talento!, ¡qué dominio del idioma de Cervantes! Don Carlos se expresa como lo haría cualquier ágrafo. El novelista no analiza, no argumenta. Simplemente insulta.
Y al contribuir a la satanización de Chávez mediante un consignismo ramplón, digno apenas de uno que otro locutor de radio o TV disfrazado de periodista, Fuentes se pone objetivamente al lado de Bush en el propósito de destruir la revolución venezolana en marcha.
¿O será Fuentes tan ingenuo que piense que sus insustanciales e injuriosas palabras no se convierten en un agregado de la estrategia estadounidense de satanización del gobierno chavista con el fin ulterior de agredir militarmente a Venezuela, a fin de derrocar a Chávez y sustituirlo con un títere de Washington? Lecciones históricas a este respecto sobran, aunque Fuentes no las conozca o no las recuerde.
¿No satanizó EU, con periodistas y escritores al servicio del amo yanqui, al presidente Salvador Allende, al final derrocado y asesinado por la soldadesca educada en las escuelas de tortura estadounidenses? ¿Y no ha pretendido el imperialismo satanizar durante años al presidente cubano, con la calumniosa afirmación de una supuesta fortuna de Fidel, escondida en algún banco europeo, especie repetida disciplinadamente por periodistas y escritores afines al imperialismo estadounidense o a sueldo de éste?
Sobran las evidencias del oportunismo, la zafiedad y el cretinismo de Carlos Fuentes. Como cuando, hace años, presumía ante el periodista James R. Fortson de que se apareaba varias veces al día. O, más recientemente, cuando decide donar con bombo, platillos y reflectores, 300 libros (¡oh, 300 libros!) a la UNAM.
Pero si el ataque contra Chávez no es fruto de estos rasgos de la personalidad de Fuentes, entonces cabría pensar que aquellas injurias son, simplemente, la opinión de un escritor de ultraderecha. Como Octavio Paz, amigo-enemigo de don Carlos. O como Enrique Krauze, a quien, por cierto, el propio Fuentes llamó y sigue llamando “cucaracha”.
Según las cifras oficiales del IFE (Instituto del Fraude Electoral), en las elecciones de 2006 Calderón obtuvo algo así como 14 millones de votos. Estas son, desde luego, cifras falsas, guarismos inventados. Son números enormemente abultados para simular que el michoacano ganó la elección por un pelito.
Sin embargo, no hay duda de que por Calderón sufragaron muchas personas de derecha, pertenecientes a las clases altas y medias, siempre asustadizas y de pensamiento criollo nutrido en la radio y en la televisión. Pero tampoco hay duda de que entre esos votantes de derecha deben buscarse y encontrarse a los primeros decepcionados por el gasolinazo de Calderón.
Esos sufragantes de derecha, dueños de coches de gran lujo y camionetazas 4x4 resentirán en el bolsillo el aumento al precio de la gasolina. Y aunque se trata de personas de altos y muy altos ingresos, a los que el aumento no debería hacerles ni cosquillas, es proverbial la resistencia de los propietarios de esos vehículos a pagar más para mover sus poderosas y gastalonas máquinas.
Y tampoco deben estar muy satisfechos esos votantes de derecha, consumidores de mercancías importadas, con la pequeña pero constante devaluación del peso frente al dólar estadounidense, depreciación que ha venido aumentando significativamente desde que Calderón se apropió ilegalmente del poder.
Cansados de vivir en constante crisis económica, quienes sufragaron por la opción derechista contribuyeron con su voto, sin saberlo o sospecharlo, a prolongar y recrudecer la crisis: inflación, devaluación, desempleo, migración, cierre de empresas, altas tasas de interés y créditos impagables y pérdidas de patrimonios.
Y ya está a la vista el primer efecto del gasolinazo: el aumento generalizado de precios, lo que indefectiblemente conducirá a mayores devaluaciones del peso. Y esas nuevas y mayores devaluaciones llevarán inevitablemente al encarecimiento de las tasas de interés, lo que generará nuevas y mayores dificultades para pagar deudas y, eventualmente, a sustantivas pérdidas patrimoniales.
Esos votantes de derecha en realidad sufragaron por la continuidad de las políticas económicas neoliberales, cuya característica esencial es el aumento de impuestos al consumo (como a la gasolina y el IVA) y no al ingreso de quienes ganan mucho.
Lo más lamentable del asunto no es, desde luego, la decepción de los votantes de derecha. Lo verdaderamente lamentable es que el gasolinazo reducirá el de por sí ya magro ingreso de millones de familias, víctimas, a la par, del fraude electoral y de las consecuencias económicas (como el gasolinazo) de esa defraudación.
De pronto, en un súbito arranque de espíritu democrático y antimonopólico, los dos partidos de la derecha, PRI y PAN, deciden privar a radiodifusoras y televisoras –antiguos aliados y cómplices– de las jugosas ganancias de la publicidad electoral. Si se atiene uno al discurso público de los principales personeros del pripanismo, esta conducta de la derecha partidaria no tiene explicación alguna.
Es necesario, entonces, buscar una explicación. La explicación oculta en la maraña de declaraciones públicas del pripanismo para justificar el ataque a los antes amigos radiotelevisores.
Pienso que la explicación puede ser esta: los medios electrónicos, pero sobre todo la televisión, han demostrado, con Felipe Calderón, ser capaces de poner en Los Pinos a un candidato gris, anodino, sin historial, sin preparación y, por más señas, derrotado en la elección presidencial de julio de 2006.
Y ahora, las televisoras y las radiodifusoras quieren repetir el fenómeno en 2012. Y ya tienen su candidato: el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Digamos que las televisoras quieren reeditar el dedazo que antes ejercía el presidente de la república.
Pero esa pretensión de las televisoras de imponer, desde ahora, al próximo presidente de la república implica dejar fuera, también desde ahora, al resto de los aspirantes, Manlio Fabio Beltrones y Santiago Creel, en primer término.
Y no sólo eso. También implica despojar a la burocracia partidista del privilegio de imponer al candidato que resultaría presidente. Y ya se está viendo que la burocracia no se encuentra dispuesta a ceder ese privilegio. Y para evitar que cuaje la pretensión de Peña Nieto y de sus patrones, la burocracia partidaria ha decidido golpear a las televisoras donde más les duele: en el bolsillo.
Ese golpe a las talegas de radios y televisoras significaría, además, reducir el poder del monopolio en su pretensión de imponer a Peña Nieto en Los Pinos. Es claro que la disputa entre la burocracia partidaria y radio y teledifusores es un pleito para ver quién impone al presidente en 2012.
La oligarquía, con la televisión privada a la cabeza, cree llegado el momento de gobernar directamente. No de aceptar al candidato que disponga la burocracia, sino de poner al suyo propio, al de su mayor agrado y conveniencia.
Lo positivo de la medida de prohibir en radio y televisión la publicidad electoral pagada no debe ocultar el hecho de que el fondo de la cuestión es la lucha entre la burocracia partidaria y los medios electrónicos por el privilegio político y económico de poner presidente de la república.
El jueves 27 de julio de 2006, un ducto de Pemex se fracturó accidentalmente. Como consecuencia de ello se derramaron mil 84 barriles de combustible en el centro histórico de la ciudad y puerto de Manzanillo, en el estado de Colima.
Los daños al ambiente y a la economía de la localidad fueron enormes. Pero en el caso del daño ecológico, por fortuna, no resultaron irreversibles. Dos empresas especialistas en limpieza ambiental, actividad industrial comúnmente llamada biorremediación, fueron contratadas por Pemex para limpiar suelos y aguas de la zona afectada.
Estas labores de biorremediación comprendieron la recolección de material contaminado, la limpieza del área situada en el jardín principal de Manzanillo, contiguo al muelle conocido como Muelle Marina, y la recuperación del combustible en mar y tierra, ya que los miles de litros de hidrocarburo se filtraron por las alcantarillas y llegaron a la bahía de la ciudad.
Para realizar esas labores, el ingeniero Salvador Rosas Pelayo, a la sazón gerente de Almacenamiento y Distribución Pacífico de Pemex, contrató a las compañías “Aquopress” y “Lico Ambiental”, las que a su vez contrataron a más de dos mil 800 trabajadores, básicamente pescadores de la región.
Pero una vez limpia la zona contaminada, Pemex se niega a cumplir con el pago de los servicios prestados. Y la pregunta lógica es: ¿por qué?
La respuesta, desde luego, sólo la conocen los funcionarios de Pemex involucrados en el asunto. Pero conociendo las habituales prácticas de corrupción en Pemex y en otras instancias del gobierno federal que hacen obra pública, nada de extraño tendría que los encargados de realizar el pago correspondiente pretendan, como se dice en lenguaje popular, obtener una mochada.
De modo que ya sea por simple tortuguismo burocrático o por la consabida corrupción, el hecho concreto es que las citadas empresas no han podido cobrar los servicios prestados y, lo que resulta mucho más grave, tampoco han podido cobrar sus salarios los casi tres mil trabajadores que participaron en las tareas de limpieza de los efectos del desastre.
Es posible que el licenciado Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex, desconozca los detalles del caso. Pero es evidente que las denuncias en los medios de comunicación ya habrán llegado a sus oídos.
En consecuencia, sería esperable su intervención personal, como máximo responsable de la empresa, para ordenar que se paguen los servicios devengados, y se sancione la ineptitud o la corrupción de los altos mandos de la paraestatal involucrados en este asunto que, no por cotidiano, es menos vergonzoso o ilegal.
En cualquier texto de ciencias económicas pueden encontrarse referencias sobre la enorme importancia de la industria de la construcción en el dinamismo de la economía. Bien se sabe que cuando la construcción (viviendas, carreteras, presas, etc.) está en auge, el resto de las ramas económicas entran en etapa de crecimiento.
La construcción en auge exige acero, ladrillos, cemento, arena, tuberías de cobre o de material plástico, etcétera. Y demanda igualmente mucha mano de obra (ingenieros, arquitectos, albañiles, maestros de obra, choferes). Esta demanda de mercancías y de fuerza de trabajo genera pagos y salarios que a su vez hacen crecer la demanda de otros miles y miles de bienes y servicios. En esto precisamente consiste eso que los economistas llaman la dinamización de la economía: crece la producción y crece el empleo.
Una cosa semejante pero a la inversa acontece cuando la industria de la construcción baja su actividad. En este caso hay menor demanda de otros bienes y servicios, disminuye la producción y, cosa temible, decrece el empleo.
Pero hoy la construcción ya no se encuentra sola en la tarea de dinamizar la economía. Ahora la acompaña y hasta la supera en este papel la industria automotriz. Y, dentro de ella, particularmente la producción de automóviles. Incentivar la fabricación y el consumo de coches implica el crecimiento de la economía y del empleo. Y a la inversa: limitar esta industria implica desempleo y estancamiento económico.
Fabricar y fabricar coches, sin embargo, tiene algo de irracional, puesto que los automóviles ya no caben en nuestras modernas ciudades. Hoy, en la ciudad de México, por ejemplo, un recorrido de 18 kilómetros en horas pico implica un tiempo de 90 minutos. Una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora.
Esta situación, de por sí ya insostenible, tiende a agravarse cada día. Las sociedades urbanas y los gobiernos se encuentran en una tremenda encrucijada. No pueden limitar la fabricación de coches porque se cae la economía. Y no se puede tampoco seguir perdiendo millones y millones de horas hombre en el transporte urbano. ¿Qué hacer?
Hay una alternativa ya utilizada y bien probada: restringir la circulación de vehículos. El famoso hoy no circula, pero ampliado a todos los coches. A los nuevos y a los viejos. La obesidad de la circulación vehicular sólo puede combatirse con dieta. Ante la imposibilidad de reducir la producción de coches, hay que disminuir su consumo.
La idea puede al principio parecer chocante. Pero un poco de reflexión indica que es la mejor alternativa en términos de costo-beneficio. Personal y socialmente.
Años y años dedicado a la docencia me han dado muchos amigos en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). A veces, esos profesores y funcionarios amigos me participan sus preocupaciones e inquietudes sobre la marcha de esas casas de alta cultura.
Así, por ejemplo, esos antiguos camaradas de la UNAM me platican de la inminente sucesión rectoral. Y traen a la plática los nombres que ya se barajan para suceder a Juan Ramón de la Fuente, a quien tantos y tantos prestigiados maestros califican como “rector providencial”. Un rector que llegó a la Universidad en momentos de grave crisis y que ha sabido gobernar a la noble institución con prudencia y sabiduría. Y, he aquí lo más importante, sin afanes privatizadores.
Ya veremos si alguno de los que se mencionan, puede calzarse los zapatos de Juan Ramón. Ya veremos si, como se dice popularmente, dan el ancho el abogado Diego Valadés, el ingeniero Gerardo Ferrando Bravo y el médico José Narro.
En contraste con el caso de la Universidad Nacional, la UAM vive momentos de grave crisis moral. Nepotismo, abusos y corrupción es el pan nuestro de cada día. Es cosa pública que, en un caso de descarado nepotismo, la cónyuge del rector general, José Lema Labadié, Irasema Cruz Taumori, depende laboralmente y de modo directo del rector. Se sabe igualmente que la señora Cruz Taumori es titular de un área denominada Identidad Institucional, no contemplada en el organigrama de la institución.
Y cabe preguntar si es simple abuso o un caso de corrupción la orden de Lema para la compra, sin que haya mediado licitación alguna, de un autobús con ultramoderno equipo técnico e informático. El asunto no tendría mayor interés si no fuera por el precio, el cual parece exorbitante: cinco millones de pesos. ¿Los valdrá realmente? ¿O se trata de un negocito de don Pepe para agenciarse una buena comisión. En cualquier caso, es cosa pública que en adquisiciones de ese calibre es indispensable la licitación pública. Y a falta de ésta, cabe pensar cualquier cosa.
Y por si todo esto fuera poco, Labadié pretendió incrustar en el Patronato de la UAM a un banquero o ex banquero de tan dudosa reputación como Antonio Del Valle. Para fortuna de la institución, la Junta Directiva decidió nombrar como nuevo patrono a un académico en las antípodas del desprestigio de Antonio del Valle, el doctor Julio Rubio Oca. Y si bien es éste un pequeño triunfo de la sensatez, ello no garantiza que cesen los desmanes, abusos, agandalles y corrupción en la hoy pobre UAM.
Para nadie es un secreto que en México y en el mundo los partidos políticos están en crisis. Que se trata de instituciones desprestigiadas, carentes de credibilidad, plenas de oportunismo y corrupción.
Por lo que toca a México, esta descripción cabe, sin excepción, para todos los partidos con registro oficial. Y siempre será conveniente realizar una crítica lo más objetiva posible, detallada y severa del comportamiento de cada uno de ellos.
Del Partido de la Revolución Democrática (PRD) puede hacerse una censura despiadada en razón de los múltiples vicios que caracterizan su actuación política. Pero por ahora quisiera referirme solamente a la que me parece la peor de sus fallas.
Tratándose de un partido que se asume como de izquierda, creo que el vicio más censurable del PRD es justamente que no siempre se comporta como un partido de izquierda. O, dicho tamizadamente, que el partido del sol azteca oscila entre posiciones de izquierda y posturas de derecha.
Este comportamiento oscilante del PRD es observable cuando en temas clave para el progreso y la independencia del país el sol azteca defiende, promueve o vota medidas y leyes de corte neoliberal, lo que es propio de organizaciones derechistas, y absolutamente incompatible con una institución de izquierda.
¿No es verdad que, por ejemplo, el PRD votó en contra del la ley indígena, cual lo hicieron los partidos de derecha? ¿Y no es verdad que el voto favorable del sol azteca permitió la aprobación de la ley televisa, norma de corte fascista y radicalmente contraria al interés nacional?
La oscilante y vergonzosa actitud del PRD es, sin embargo, perfectamente explicable. El partido alberga en su seno dos corrientes o facciones. Una, de izquierda, aglutinada en torno de Andrés Manuel López Obrador, y otra de derecha, encabezada por Jesús Ortega. Y para desgracia de México, parece que la corriente derechista es la mayoritaria.
Mayoritaria, desde luego, sólo en la estructura formal o burocrática del partido, pero evidentemente minoritaria entre las bases de simpatizantes y sufragantes del perredismo. Esto explica que la corriente orteguista, también llamada de los Chuchos, no haya conseguido convertir al PRD en un partido plenamente derechista, como son PRI, PAN, Panal, PASC y Verde.
En la existencia de esta facción derechista encuentra su explicación que del PRD salgan expresiones públicas de disposición al diálogo con un gobierno espurio como el de Calderón, un modo encubierto e hipócrita de dar reconocimiento político a un régimen emanado del fraude electoral más escandaloso de la historia de México.
Según informaciones oficiales más o menos confiables, en la zona metropolitana del valle de México circulan dos y medio millones de vehículos particulares. Esta es la razón básica de muchos de los problemas que caracterizan a esta megalópolis: embotellamientos, bajísimas velocidades de desplazamiento, millones y millones de horas-hombre consumidas en el transporte, desmedida contaminación ambiental y un desperdicio incuantificable de energía que se consume sin ningún sentido.
De todos estos problemas, sin duda el más serio es el del despilfarro de combustible. Y si bien se trata de un asunto complejo, existen soluciones, algunas ya probadas con éxito en el propio valle de México. Una de éstas es limitar la circulación de automóviles, el bien conocido, practicado y respetado programa “Hoy no circula”.
Esta limitación no debería circunscribirse a su estado actual, en el que los coches viejos dejan de circular un día de la semana laboral (y a veces dos, cosa bastante rara, cuando se presenta una contingencia ambiental por exceso de gases nocivos en la atmósfera).
La medida de prohibir la circulación de automotores un día a la semana debería extenderse a todos los autos particulares sin excepción alguna. ¿Por qué sólo los coches viejos y no los nuevos o de modelo no muy antiguo?
Y no parece haber argumento sensato para oponerse a que el “Hoy no circula” se aplique un sábado de cada cinco, como ha propuesto el gobierno de la ciudad de México.
¿Alguien puede pensar que es mucho sacrificio prescindir del auto un sábado de cada cinco? ¿Habrá quien crea que ese pequeño esfuerzo no vale la pena, si con ello se mejora el tránsito, se reduce la contaminación ambiental y se ahorran millones de litros de gasolina? Habrá quien diga, por supuesto, que el gobierno debería aumentar la red del metro. Y eso es correcto, pero una cosa no quita la otra.
También habrá quien diga que el “Hoy no circula” es un mecanismo ideado para aumentar las ventas de coches. Y quien así dijera tendría razón. Pero ante la imposibilidad de prohibir la producción y la demanda de autos, lo único sensato es limitar la circulación de vehículos.
Se comprende fácilmente que a la población cocheteniente no le resulte grato prescindir del vehículo un día en la semana laboral y un sábado cada cinco. Pero no hay duda de que, entre todas las posibles, el “Hoy no circula” es la medida con mejor relación costo-beneficio.
Porque nada parece un sacrifico mayor si se consigue el triple propósito de moderar el caos vehicular, reducir la contaminación ambiental y disminuir el consumo y el desperdicio de combustibles.
No hace falta creer que el petróleo se está agotando para comprender que se trata de un recurso natural no renovable que debe ser administrado y consumido con prudencia, con sensatez, con cuidado, sin despilfarros como los que, desgraciadamente, caracterizan en todo el planeta –quizá con la sola excepción de Cuba– el uso del hidrocarburo.
El simple hecho de que se trata de un recurso no renovable implicaría la necesidad de evitar su desperdicio. Pero por lo que toca a México, es evidente que no existe una política general, firme y bien estructurada, de ahorro del energético.
Es cierto que existe una dependencia oficial llamada Fideicomiso para el Ahorro de Energía que tiene como tarea, cual su nombre lo indica, difundir entre la población la conciencia de la necesidad de reducir el consumo de energía, así como establecer medidas para alcanzar este propósito.
Y también es verdad que ese organismo ha conseguido cierto éxito, como se puede constatar cuando se observa que una buena proporción de los consumidores de energía eléctrica en todo el país han empezado a utilizar para la iluminación de sus hogares, fábricas, talleres y oficinas, lámparas de luz fría, llamadas fluorescentes, en vez de las luminarias de luz caliente, denominadas incandescentes.
Todo esto es verdad, pero no puede decirse ni aceptarse que el ahorro de energía (eléctrica o en los vehículos automotores) sea un rasgo esencial de la vida de los mexicanos.
En el caso concreto de la gasolina, la norma es el más vil de los despilfarros. Por calles y carreteras de todo el país circulan millones de automóviles y camionetas de alto consumo de combustible. De excesivo e innecesario consumo de energía. Y no se conocen ni vislumbran las medidas gubernamentales que serían imprescindibles para reducir ese consumo despilfarrador.
Parece de lo más absurdo que el gobierno se encuentre empeñado en convencer a la población del inminente e inevitable agotamiento del petróleo, mientras permite y hasta fomenta, por acción o por omisión, el despilfarro de la energía.
Se entiende que el gobierno tenga miedo de enfrentarse con los fabricantes e importadores de vehículos de alto consumo energético. Y que le inspire temor poner en práctica medidas fiscales tendientes a reducir la demanda e importación de esos automotores. Y que tema la furia de las clases medias cocheusuarias con la aplicación de un mayor impuesto a las gasolinas.
Pero es igualmente entendible que algo hay que hacer, y rápidamente, para evitar el consumo irracional del petróleo que caracteriza a la industria automotriz mexicana.
Todo el mundo sabe que los medios de comunicación sirven para informar, pero que también sirven para desinformar. En general, a esta tarea de desinformación se le conoce como propaganda negra. Pero si en vez de la palabra desinformación se utiliza el vocablo mentira, el resultado es el mismo. De modo que propaganda negra es sinónimo de mentira.
En ocasiones, los medios de comunicación proclives a la propaganda negra no se valen del recurso de la mentira obvia. Más bien suelen emplear una verdad a medias o una verdad distorsionada o sacada de contexto. Este método garantiza mayores posibilidades de éxito en las tareas de desinformación.
Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que en un discurso en la plaza pública, un orador expresa la siguiente idea: “Si en la democracia no se cuentan los votos, la democracia no sirve para nada”.
En este caso, los especialistas en propaganda negra mutilarán la frase entrecomillada y pondrán en labios del orador lo siguiente: “La democracia no sirve para nada”. Y para probar ante el público que el orador ha dicho que la democracia no sirve para nada, pasarán al aire la voz, o la imagen y la voz, de ese orador diciendo que “la democracia no sirve para nada”. ¿Alguien puede dudar sensatamente que ese orador ha dicho semejante barbaridad cuando todo el mundo lo ha oído o lo ha visto y oído?
Pero este recurso de la verdad a medias o de la frase sacada de contexto puede ser completado, según el caso, con el empleo de la mentira plena, por absurda que esta sea. Esto es en rigor lo que se hace casi siempre. Primero se usan algunos hechos ciertos y luego se complementan con mentiras descaradas.
Un rasgo muy importante de la propaganda negra consiste en atribuir la información difundida a una determinada fuente. Pero como se trata de una falsedad, esto no es fácil. Por eso se recurre al rumor o a una fuente imprecisa. A veces se utiliza la opinión de algún personaje como si se tratara de información. Y el público suele caer en la trampa.
De esto se trata, finalmente. De engañar, de trampear, de confundir. De que la gente crea cierto lo que es falso. Que Iraq, por ejemplo, poseía armas de destrucción masiva o que las torres gemelas de Nueva York fueron destruidas por terroristas islámicos y no por los propios servicios de inteligencia y militares de EU.
Los casos de Iraq y de las torres de Manhattan ilustran bien la metodología y el relativo éxito de la propaganda negra. Pero hay muchos otros ejemplos. Ahora mismo, en México, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es víctima de la propaganda negra. ¿Ya se había dado cuenta de ello el amable lector?
Los medios de comunicación oficialistas están insistiendo machaconamente en que el llamado chinogate se desinfló porque el señor Ye Gon no pudo probar que los 240 millones de dólares descubiertos en su residencia son propiedad del Partido Acción Nacional (PAN), y que él sólo los mantenía en custodia.
Esa versión oficialista no es exacta. Puede decirse que se desinfló la acusación del señor Ye Gon sobre la real propiedad de la fortuna encontrada en su casa. Pero esa imputación sólo es una parte, acaso menor, del chinogate.
Lo central del caso es la innegable complicidad de los gobiernos panistas en una red nacional e internacional de narcotráfico. Esta es la médula del asunto: el descubrimiento de los 240 millones de dólares en casa del chinito naturalizado mexicano puso al descubierto la amplia y profunda participación de los gobernantes panistas en el negocio, desde la cúpula del poder, de la producción y tráfico de drogas.
Una vez descubierto el acto delictivo, en un Estado de derecho y en una verdadera democracia el paso siguiente sería la investigación del caso y la consignación ante un tribunal de los probables responsables de esas graves violaciones a la ley. Más graves todavía por haber sido realizadas por funcionarios públicos del más alto nivel.
Y más grave aún es el hecho de que ese paso legal no puede ser dado, pues los responsables de las violaciones a la ley son ahora mismo altos jerarcas del gobierno federal y del PAN, y es claro que no tienen la menor intención de ajusticiar a sus correligionarios y, menos aún, de autoajusticiarse.
Se comprende, en consecuencia, el interés del gobierno panista de echarle tierra al asunto, de taparlo, de desaparecerlo, de frivolizarlo, tarea para la cual son indispensables los medios de comunicación al servicio del gobierno y del PAN.
Pero hay ocasiones en que ni el mejor manejo de los medios de comunicación es capaz de cumplir esa tarea de ocultamiento y frivolización. Éste parece ser uno de esos. Es un caso semejante a los asesinatos de Estado de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu.
Sólo que esos dos crímenes de Estado se dieron al final de un sexenio, el de Salinas, que hasta esas fechas parecía exitoso, aunque haya terminado en catástrofe. Ahora es distinto. Los hedores purulentos que emanan del nuevo gobierno salen a la luz cuando aún no se cumple un año de su fraudulento arribo al poder.
Ya con fama pública de criminal, Salinas terminó su sexenio en desastre. ¿Con esta misma fama podrá el gobierno panista tener un destino distinto? Salinas demostró que con fama pública de criminal no se puede gobernar.
Vamos a suponer que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) sea una guerrilla legítima, es decir, una expresión militar de las luchas políticas del pueblo mexicano. Pero supongamos, en contrapartida, que se trata, como mucha gente sospecha, de una guerrilla falsa, es decir, de un grupo armado al servicio del gobierno federal para el montaje de provocaciones con etiqueta de izquierda, que tiendan a justificar medidas de represión generalizada contra organizaciones y personas que luchan pacíficamente contra las políticas gubernamentales antipopulares.
En la primera suposición (una guerrilla legítima), convendría reflexionar en lo contraproducente que resultan para la lucha social pacífica los bombazos al estilo de los que, dicen, el EPR se adjudicó contra instalaciones petroleras en los estados de Guanajuato y Querétaro.
Es contraproducente para la lucha social pacífica, porque esos bombazos siempre son utilizados por el gobierno como pretexto para la represión generalizada. Y se sabe, además, que los bombazos, salvo en los casos de luchas populares contra una ocupación militar extranjera, nunca y en ninguna parte han contribuido al éxito de las luchas sociales. Más aún: sólo han servido para justificar estados de excepción, militarizaciones y represiones en gran escala.
Y si en el campo de la práctica es fácilmente observable el carácter antipopular de actos como los que, dicen, se adjudicó el EPR, debemos recordar que en el campo de la teoría revolucionaria son muchos los autores (Lenin, Trotsky, Mao Tse Tung, Ho Chi MIn, Ernesto Guevara y Fidel Castro) que han sostenido que los bombazos son absolutamente ajenos a las ideas y a la práctica revolucionarias.
Pero si, como mucha gente sospecha, el EPR es una agencia del Estado dedicada al montaje de provocaciones para reprimir y desactivar a organizaciones de lucha social pacífica, estaríamos frente a un nuevo caso de atentados con bandera popular falsa.
En cualquiera de las dos posibilidades (una guerrilla legítima o una guerrilla a sueldo del Estado), es fácil observar, además, la curiosa oportunidad de los atentados para sacar de la atención pública el escándalo de corrupción y narcotráfico entre el empresario Ye Gon y el gobierno federal panista, y llevarla hacia los atentados en Guanajuato y Querétaro.
De una guerrilla legítima no habría por qué esperar cálculos para beneficiar con sus ataques a un gobierno ilegítimo y antipopular. Habría sido una pura casualidad. Pero sí cabría esperarlos de un grupo guerrillero que cumple oportunamente instrucciones gubernamentales. La duda, por lo pronto, está justificada.
Como es del conocimiento público, la llamada suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos el análisis del caso Mario Marín-Lydia Cacho. La Corte debe decidir si el gobernador de Puebla debe ser llevado a juicio político y, eventualmente destituido, por su presunta participación en actos delictivos y abusos de poder en perjuicio de la periodista.
Según la información disponible, la Corte tiene preparado ya un dictamen al respecto, pero inexplicablemente decidió posponer por tiempo indefinido la emisión y divulgación de dicho dictamen. ¿Por qué? El llamado máximo tribunal no lo explica, lo que da lugar a suspicacias y sospechas de gato encerrado.
Todo el mundo sabe que los tribunales mexicanos son una dependencia de Los Pinos. Y todo el mundo sabe que Calderón necesita los votos priístas en el Congreso para que sean aprobadas las contrarreformas energética, laboral y fiscal. Y esto lleva a pensar que si el PRI se aviene a esas aprobaciones, Marín será perdonado por Calderón. Y que, consecuentemente, la Corte declarará que el poblano es inocente de las gravísimas imputaciones que se le hacen y de las cuales, como todos sabemos, sí es culpable.
Pero es igualmente válido el caso inverso: que el triunvirato tricolor (Manlio, Gamboa y Beatriz Paredes) se nieguen a la aprobación de las dichas contrarreformas, y que, en consecuencia, Marín sea defenestrado por Calderón con el aval de la sumisa y obsecuente Corte.
Y ahora, cuando aún no se resuelve el caso poblano, llega el asunto de Jorge Hank Rohn. A éste, las autoridades electorales de Baja California le negaron, con base en la ley estatal, el derecho a ser candidato a gobernador. Pero ocurre que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comúnmente llamado Trife, determinó que Hank sí tiene derecho a ser candidato.
Sólo que este Trife es el mismo tribunal que declaró legal la fraudulenta y sucia elección presidencial de julio de 2006. ¿Con tan pésimo, inmoral e ilegítimo antecedente puede pensarse que esta vez el Trife actuó conforme a derecho? ¿O más bien debería pensarse que el fallo en el caso Hank es fruto de una negociación política oscura entre Calderón y el triunvirato priísta?
Tanto el caso de Marín como el de Hank son muestras palmarias de la corrupción que priva en los tribunales mexicanos. Corrupción no sólo de carácter económico. Un juez venal puede serlo tanto por razones económicas como por motivos políticos. Y la sumisión de un poder supuestamente soberano, como es el Poder Judicial, a las órdenes y decisiones del Poder Ejecutivo es una forma inadmisible de corrupción.
Desde las altas esferas del poder ha salido la tenebrosa advertencia: en México se acaba el petróleo. Las reservas probadas sólo alcanzarán para algo más de una década. ¿De veras? ¿Es esto cierto o se trata de una engañifa? Si fuera verdad, estaríamos, ciertamente, al borde de una catástrofe. Y ya se estarían aplicando trascendentes medidas de racionamiento en el consumo de gasolina. Y el gobierno federal habría ordenado una significativa reducción de las exportaciones de crudo.
También, sin duda, las autoridades en materia económica habrían prohibido o estarían dificultando, con impuestos altísimos, la importación de automóviles de alto consumo de gasolina, como los célebres 4 x 4. Y ya se habría prohibido la producción y comercio de lámparas incandescentes, que son de alto consumo energético, para ser sustituidas en masa por focos de luz fría o fluorescentes que gastan menos de la mitad de energía.
Pero nada de esto ocurre. Tanto la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) como las secretarías de Energía, Economía, Hacienda, Trabajo y Gobernación andan muy quitadas de la pena, muy tranquilitas, flojeando y sin preocupaciones.
Además, es público y notorio el interés de las grandes empresas petroleras del mundo por comprar Pemex. ¿Esas grandes transnacionales querrían quedarse con la propiedad de Pemex si estuvieran convencidas de que el petróleo mexicano se agota?
Frente a un cercano agotamiento del petróleo, la comunidad científica del país andaría metida en el esfuerzo por desarrollar la producción de combustibles capaces de sustituir al hidrocarburo. El país se estaría convirtiendo en una gran fábrica de etanol a partir, por ejemplo, del cultivo extensivo e intensivo de la caña de azúcar, excelente materia prima para la producción de este extraordinario sucedáneo del petróleo que, adicionalmente, es un recurso renovable.
Todas estas consideraciones llevan a pensar que eso del próximo agotamiento del petróleo es un engaño, una gran mentira. Y habría que preguntarse cuál es el motivo de esta enorme falsedad.
¿Querrá el régimen calderonista convencer a la sociedad mexicana de que frente al cercano agotamiento del petróleo, lo que más le conviene al país es vender Pemex? ¿O se trata de justificar un mayor impuesto al consumo de gasolina con el pretexto de que el nuevo gravamen contribuiría a reducir la demanda de este combustible?
Pienso que estos dos perversos objetivos no están reñidos entre sí. Que Calderón anda desesperado por vender Pemex, y que, mientras tanto, no le caería nada mal un aumento de ingresos fiscales por la vía de un mayor impuesto a la gasolina.
El desempleo es el flagelo de nuestro tiempo. Una persona sin un puesto de trabajo es equivalente a un campesino sin tierra: ambos están privados de medios de subsistencia. Sus únicos destinos posibles son emigración, la mendicidad y la delincuencia.
Y como cada día que pasa es mayor el inevitable desempleo de millones de individuos, también cada día que pasa se plantean posibles medidas para dotar de un ingreso monetario a quienes no pueden conseguir un puesto de trabajo.
La primera de estas medidas data de los tiempos de la Gran Depresión de 1929-1933 en Estados Unidos. Por esa época nació la idea del seguro de desempleo, práctica que desde entonces es cosa común en muchísimos países.
Otra de esas medidas es asegurar a los ancianos una pensión. Ésta puede ser a título de retiro laboral o puede ser, como ya es un hecho en el Distrito Federal, capital de México, una asignación monetaria a cualquier persona mayor de setenta años, sin que importe si tiene o no otros ingresos. Y es éste, igualmente, el caso de las madres solteras y las personas discapacitadas.
Últimamente se ha puesto en práctica otra de estas medidas en beneficio de niños y jóvenes. Se trata de la asignación de becas y la dotación gratuita de uniformes y útiles escolares. Y vale la pena recordar que desde el sexenio del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964), los educandos de jardines de niños y primarias reciben a título casi gratuito (sólo 50 centavos) un desayuno completo y balanceado.
Todas estas medidas, sin embargo, van mostrando su insuficiencia para garantizar una vida digna a cada persona. Por eso ahora va tomando cuerpo la idea de la asignación universal. Se trataría de otorgar a cada persona, desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte, de un ingreso monetario que le permita satisfacer sus necesidades básicas.
Sería el equivalente, por su universalidad, a la educación y a la salud gratuitas. Y los recursos para su aplicación saldrían de la inmensa riqueza social del país, enorme riqueza que ahora se acumula en unos cuantos miles de personas y cuyo destino principal es el despilfarro.
Hoy la asignación universal suena a utopía, a sueño irrealizable. Pero lo mismo se decía no hace mucho de la educación y la salud gratuitas, del seguro de desempleo y de las pensiones y asignaciones para ancianos, niños y demás personas desprotegidas.
Para que esta idea avance en México, como ya lo hace en Europa, es necesario que cada persona consciente la haga suya y empiece a pelear por ella. Si así ocurre, es probable que muy pronto la asignación universal sea en México una realidad.
Hace catorce días, en el número 183 de Siminforma, dije que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución dominada por la ideología más reaccionaria, no cabía, sensata e informadamente, esperar justicia nunca.
Y afirmé, asimismo, que además de esa condición ideológica y política, era bien conocida la tendencia de ese desprestigiado tribunal para favorecer con sus decisiones a los poderosos e influyentes, y “dar palo” siempre a quienes carecen de poder e influencias, y que por eso es casi un lugar común hablar de ese tribunal como una de las instituciones más corruptas del aparato gubernamental.
Todo esto lo decía yo sospechando que la decisión de la Corte de echar abajo la llamada Ley Televisa no podía ser fruto de un afán justiciero, sino de un acuerdo superior. O dicho en palabras más claras, de una orden de Felipe Calderón.
Y es que si bien en el número citado de Siminforma no me referí al carácter históricamente dependiente de la Corte respecto del Poder Ejecutivo, esta dependencia, y sumisión, son bien conocidas. Así fue en los tiempos del priato y así sigue siendo en la época de la dictadura panista.
Mis sospechas (y las de otros analistas de la cosa pública, señaladamente algunos cartonistas) de una orden de Calderón a la Corte para echar abajo la Ley Televisa empezaron a confirmarse a partir del lunes 11 de junio. Ese día, el diario La Jornada comenzó a publicar informaciones en el sentido de que se anuló la Ley Televisa con el anticipado aval de Calderón. Y que el secretario de Gobernación, Ramírez Acuña, fue el primer funcionario calderonista en recibir y leer el dictamen de la Corte.
Igualmente, ese periódico informó en su portada que Santiago Creel, líder de la fracción panista en la Cámara de Senadores, fungió como cabildero oficial con los ministros del desprestigiado máximo tribunal.
De este modo, queda evidenciado que la Corte no actuó con espíritu de justicia, sino que, fiel a su negra tradición, simplemente acató las órdenes del Ejecutivo.
Sólo queda ahora preguntarse por qué Calderón decidió anular la Ley Televisa. Pero esa interrogante tiene fácil respuesta. En primer lugar, el acuerdo para favorecer a Televisa y TV Azteca fue de Fox, no de Felipe. Y en segundo término, y más importante, Calderón necesitaba lavarle la cara a la Corte, con el fin de preparar a la opinión pública para que acepte como fruto de una Corte, ahora honrada y prestigiada, futuros fallos de justicia retorcida también producto de órdenes superiores. Ahí viene, para empezar, la tarea de echar abajo la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Según diversas informaciones periodísticas, la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado algunos de los artículos de la nueva Ley de Radio y Televisión, denominada comúnmente Ley Televisa. Según esas notas de prensa, las normas invalidadas son las más claramente anticonstitucionales y las más favorables a la concentración monopólica de las concesiones de radio y televisión, como la renovación automática y la perpetuidad de tales concesiones.
De esas supuestas acciones justicieras de la Corte, algunos analistas de la cosa pública han colegido que los grandes grupos dominantes en la industria de la radio y la televisión han sufrido un severo golpe en sus aspiraciones de mayor dominio en el mercado del entretenimiento y la desinformación.
Pero nada más lejos de la realidad que esas suposiciones optimistas y altamente crédulas o interesadas. Porque de la Corte, institución dominada por la ideología más reaccionaria, no cabe, sensata e informadamente, esperar justicia nunca.
En el caso concreto de la revisión en la Corte de la Ley de Radio y Televisión, es fácilmente observable la absoluta coincidencia de enfoques ideológicos y políticos entre los miembros del llamado máximo tribunal del país y los grandes grupos mediáticos.
Pero además de esa coincidencia ideológica y política, es bien conocida la tendencia de ese desprestigiado tribunal para favorecer con sus decisiones a los poderosos e influyentes, y “dar palo” siempre a quienes carecen de poder e influencias.
Por eso es casi un lugar común hablar de ese tribunal como una de las instituciones más corruptas del aparato gubernamental, competidor en podredumbre con el Instituto Federal Electoral (IFE), el Ministerio Público (federal y estatales), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la antigua Policía Judicial Federal, hoy pomposamente llamada Agencia Federal de Investigación, grotesco remedo, hasta en el nombre, del no menos corrupto FBI gringo.
¿Por qué cabría esperar que la Corte fallara en contra de sus poderosísimos y riquísimos correligionarios, los concesionarios (auténticos dueños) de los medios de comunicación radiotelevisivos? ¿Sólo para proteger al populacho y contradecir a los críticos de una radio y una televisión que, salvo honrosas pero escasas excepciones, destruyen por la tarde lo que la escuela construyó en la mañana?
Ya se verá en poco tiempo que esas presuntas decisiones justicieras de la Corte son sólo fuegos fatuos. Medidas propagandísticas para, como se dice popularmente, taparle el ojo al macho. Nada más para acallar el escándalo. Ya lo veremos. Y muy pronto.
Todos los días, la sociedad mexicana observa a través de los medios de comunicación hechos de violencia sangrienta y mortal. Un despacho de la agencia de noticias cubana Prensa Latina, bajo la firma del periodista Carlos Fazio, informa que “México vive días tormentosos. La violencia no cesa. Los focos rojos se multiplican. Los muertos se cuentan por cientos. Ejecuciones, decapitados, verdaderas batallas entre policías y delincuentes, como la del 16 de mayo (de 2007) en el estado de Sonora que dejó un saldo de 34 caídos en combate”.
Si bien el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada siempre han sido generadores de violencia, la actual escalada de sangre y muertes no tiene antecedentes en la historia de México. Y las cifras ayudan a resaltar la gravedad del momento. Según el mismo despacho informativo, en el “año 2006, el ejecutado número mil se completó el primero de julio, y en 2005, el 12 de septiembre. Cada año se requieren dos meses menos para alcanzar el millar. A ese ritmo, en tres años se llegaría a las mil ejecuciones al mes, una hipótesis que resulta espeluznante”.
Quizás el lector se pregunte cuándo empezó la actual espiral de violencia. No puede hablarse de años. Más bien de unos pocos meses. Y hasta es posible ponerle una fecha. Fue a finales de enero pasado, cuando Calderón, aceptando las presiones de la Casa Blanca, ordenó, sin facultades legales para ello, extraditar a EU a un grupo de quince narcotraficantes. A partir de ese momento se desató la presente ola de levantones (secuestros para torturar, asesinar y decapitar al levantado) y ejecutados.
Y lo más grave es que entre las víctimas de la violencia se encuentran no sólo narcotraficantes, sino policías y militares, algunos de alto rango, así como agentes del Ministerio Público, jueces y funcionarios, lo que quiere decir que estamos ya en presencia de una abierta guerra entre la delincuencia organizada y el Estado.
Lamentablemente, y a despecho de los zonzos comerciales de radio y TV con los que el gobierno panista pretende justificar su equivocado método para combatir a la delincuencia organizada, lo cierto es que la extradición de algunos grandes capos del narco de enero pasado fue el factor que desató la presente crisis de imparable violencia.
En su momento, aquí en las páginas de Siminforma (Núm. 164, Feb. 6 de 2005) advertimos que esas extradiciones constituían un mayúsculo error del calderonismo. El tiempo nos ha dado la razón. ¿Querrá, y sobre todo, podrá rectificar Calderón? Tal vez quiera, pero no puede. Washington lo tiene sometido, maniatado, prisionero.
Con toda seguridad, en cosa de unas cuantas semanas, el gobierno de Estados Unidos pondrá en vigor una nueva ley migratoria. La norma, según sus autores (el Capitolio y la Casa Blanca), tendrá dos propósitos. Uno, legalizar la estancia en ese país de millones de inmigrantes sin papeles; y dos, regular y limitar el enorme y creciente flujo de trabajadores indocumentados, sobre todo desde México, hacia la Unión Americana.
Esta es, desde luego, la versión oficial gringa. Pero es más falsa que un billete de tres dólares. La verdad es otra. La nueva ley, en realidad, se propone un solo y gran objetivo: simular ante los sectores de la sociedad estadounidense que se oponen a la inmigración, que la Casa Blanca y el Capitolio hacen algo para impedir el aborrecible arribo de más inmigrantes.
Se trata de una puesta en escena, de una función de teatro. De hacer como que se hace algo. De satisfacer las fobias racistas de vastos sectores de la sociedad yanqui que, sin entender el problema migratorio, exigen poner freno a la llegada de más intrusos. Pero también se trata de no limitar demasiado esa misma llegada de mano de obra barata y dispuesta a trabajar sin más derechos que el salario pelón.
Para entender la nueva farsa, hay que entender que la economía gringa no puede prescindir de la mano de obra extranjera. Que los indocumentados, con sus bajos salarios y sin prestación alguna, posibilitan mayores tasas de ganancia a sus empleadores. Hay que entender que los trabajadores indocumentados son oxígeno para la alicaída economía de Estados Unidos. Que una cosa es el ciudadano racista al que no le gusta ver por su vecindario a morenos de pelos parados, y otra muy distinta las necesidades de rentabilidad del capital.
La nueva farsa migratoria puede engañar a los gringos simplones y racistas, pero no debe engañar a los mexicanos de aquí y de allá. Los de aquí que desean emigrar deben entender que la nueva norma sólo dificultará y hará más caro y peligroso el internamiento en Estados Unidos. Y los de allá pronto comprenderán, si no lo han hecho ya, que no hay lugar para la esperanza de una legalización de su residencia.
El flujo migratorio de México hacia Estados Unidos es fruto de las condiciones económicas de ambos países. Allá, necesidad desesperada de brazos baratos y productivos; y aquí, desempleo enorme y creciente, salarios basura y la expectativa, no siempre real, de una mejor vida del otro lado de la frontera. Y también, desde luego, la clara conciencia de que, en lo económico y en lo político, México navega a la deriva: sin rumbo y sin gobierno.
Indudablemente algo muy grave está pasando en México. No sólo es que la violencia criminal entre distintas organizaciones del narcotráfico se encuentre desatada y fuera del control del gobierno federal panista. Mucho más grave es que esa violencia criminal del narco esté haciendo víctimas de sus ataques a jefes policiacos, jueces, agentes del Ministerio Público (federal y locales) y miembros del ejército mexicano.
Pero siendo grave todo esto, parece poca cosa frente al asesinato de cuatro escoltas da la familia del gobernador del Estado de México. Y si bien aún se ignora si ese crimen está relacionado de alguna forma con el creciente narcotráfico en México, lo cierto es que se trata de una señal de que la descomposición política del país va en ascenso.
El asesinato de los cuatro escoltas tiene todos los visos de que se trató de un mensaje. Pero no es fácil saber si ese recado tiene nexos con el narco, o si se trata de una señal de que la lucha por el poder entre los distintos grupos políticos ha tomado el camino de las armas de fuego. De modo que hay dos posibles interpretaciones iniciales de estos hechos.
Si se trató de un crimen relacionado con los estupefacientes, es obvio que estamos frente a un desafío mayúsculo al gobierno federal pripanista. De una nueva y más importante señal de que el narcotráfico es capaz de atentar contra los más importantes personeros del Estado (o sus familias) en su afán de proteger el negocio. Y así, no hace falta mucha perspicacia para entender que la guerra que el calderonismo ha declarado al narco no tiene ninguna posibilidad de éxito. Porque ante peligros semejantes, quién sería el funcionario capaz de participar real, no simuladamente, en una guerra en las que él y su familia llevan todas las de perder.
Pero si estamos frente a una señal de lucha armada entre las diversas facciones políticas, el caso es mucho más grave, pues sería indicador de que el sistema político pripanista se encuentra en etapa terminal.
Acostumbrados como estamos a imputar los actos criminales altamente sangrientos a la lucha entre narcos, y entre éstos y policías y militares, no resulta sencillo pensar en que la muerte de los escoltas tiene implicaciones políticas. Pero no debe olvidarse que existen notorios antecedentes.
¿Ya se olvidaron los asesinatos políticos de los priístas José Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio? ¿Y ya están en el olvido las muertes presuntamente accidentales de los panistas Manuel Clouthier y José Ángel Conchello?
En cualquier caso, una cosa es evidente: México vive un proceso de acelerada descomposición política.
Nunca tuvo buena imagen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Desde su creación, en la negra época de Carlos Salinas, se sabía que su propósito no consistía en la salvaguarda de los derechos humanos, sino en simular esa salvaguarda.
Pero aún así, la CNDH representó para el pueblo una esperanza de protección frente a los abusos de diversas autoridades. Había al menos dónde quejarse y, a veces y en casos menores o sin mayor relevancia política, hasta cabía esperar un poco de justicia y la reparación del daño sufrido.
Esto último, quizá, siga siendo cierto: una CNDH que sirve, como se dice popularmente, para taparle el ojo al macho, pero que a la hora de la verdad, a la hora de las definiciones, es simplemente una instancia simuladora, corrompida y al servicio del gobernante en turno en las tareas de silenciar, ocultar y solapar las violaciones a los derechos humanos de la población más desprotegida: sin dinero, sin relaciones políticas y sin acceso a los medios de comunicación.
Todo esto, que era bien sabido desde la creación de la CNDH, no había tomado, sin embargo, el carácter de escándalo, de descaro, de cinismo, del clásico “nos vale madres lo que diga la sociedad”. Ahora sí, ni modo: Calderón ordena encubrir a unos delincuentes uniformados de verde y el presidente de la CNDH, el carpicista José Luis Soberanes, acata, lacayuno y grotesco, las órdenes superiores.
Que una columna volante del Ejército haya agredido y violado a una anciana de 70 años de edad sólo es responsabilidad de los perversos agresores, no del instituto armado en su conjunto. Pero éste se hace corresponsable y se cubre de ignominia, igual que Los Pinos, la CNDH y el gobierno de Veracruz, al pretender el encubrimiento y la impunidad de esos malvivientes vestidos de verde.
Además de inicuos, cobardes e inútiles, el encubrimiento y la impunidad de aquellos delincuentes vestidos de verde olivo es absurdo y ha resultado contraproducente. Es absurdo, porque todo el mundo entiende que en una corporación de miles de elementos siempre habrá un puñado de corruptos y gandallas. Creer que el Ejército es responsable de las faltas de algunos de sus elementos es equivalente a pensar que por un puñado de curas pederastas debe suponerse que todos los sacerdotes católicos son pederastas.
Y ha resultado contraproducente para la CNDH, para el Ejército, para el gobierno veracruzano y para Felipe Calderón, porque la imperdonable falta de unos cuantos soldados ha terminado por marcar, con el estigma de la complicidad en el crimen, a los encubridores, a los solapadores, a los alcahuetes.
Cada día que pasa son más los ciudadanos que coinciden con los estudiosos del problema de las drogas al calificar de inútil, muy costosa en vidas y sangre y contraproducente la persecución policíaca y judicial del narcotráfico.
La gente empieza a tener claras las semejanzas entre la prohibición de las bebidas alcohólicas en EU en los años veinte del siglo pasado y la actual prohibición de otros narcóticos.
Y las semejanzas son dos. En primer término, la inutilidad de la prohibición en el propósito de detener, disminuir o extinguir el consumo de estupefacientes. Estos, lo mismo que el alcohol, son productos que tienen una demanda, lo que conduce al nacimiento de una oferta que la satisface. Así, y lógicamente, lo central sería combatir la demanda y no la oferta (producción y distribución), como se ha hecho hasta ahora.
Los casos del alcohol y del tabaco proporcionan abundante y sólida evidencia de que en el combate a las adicciones sólo tienen cabida la educación y la prevención. Y si bien es cierto que informar a bebedores y fumadores de los severos daños que tales productos causan a la salud y a la vida de los adictos no ha servido mayormente para reducir ese perjudicial consumo, también es verdad que apelar a la conciencia del consumidor es la única vía de relativo éxito y sin los traumatismos sociales que produce su prohibición, persecución y penalización.
La segunda semejanza entre la prohibición del alcohol y la de otros estupefacientes es la aparición de un poderoso aparato criminal ligado a la satisfacción de la demanda. Y está bien demostrado históricamente que ningún Estado ha podido vencer a este aparato criminal. En el caso de la prohibición del alcohol en EU, ese aparato criminal sólo desapareció cuando el gobierno decidió levantar la prohibición.
México es ahora víctima de la mala inteligencia del problema. Crece el combate a las drogas y crecen, simultáneamente, el consumo y la violencia criminal. Y mientras más se aferra el gobierno a esa equivocada y contraproducente estrategia, más se incrementan la actividad y la violencia del aparato criminal del narcotráfico.
Duele reconocer que, como lo demuestra el caso de Diego Armando Maradona, el camino de la información no es promisorio, sino más bien decepcionante. Pero por doloroso que sea ver a una persona destruir su propia vida con tabaco, alcohol u otras drogas, es mucho más doloroso (y grave) mirar cómo un país destruye sus instituciones y su convivencia pacífica por una equivocada concepción, en la cúpula del poder político y en algunos ámbitos sociales ignorantes o reaccionarios, del problema de las adicciones.
No descubro el agua tibia si digo que alrededor del 80 por ciento de la población adulta mexicana profesa la religión católica. Pero tampoco descubro el hilo negro si digo que alrededor del 80 por ciento de la población adulta mexicana practica el control de la natalidad. O dicho de otro modo, que es usuaria de los diversos métodos anticonceptivos.
Relacionar el catolicismo de la gente con la práctica del control de los nacimientos resulta interesante, porque todo el mundo sabe que la iglesia romana prohíbe terminantemente a sus feligreses la práctica del control de los nacimientos. Y que esa prohibición implica cualquier método anticonceptivo, ya sea mecánico, como el condón o el dispositivo intrauterino, o químico, como la píldora, las inyecciones mensuales, los implantes en el antebrazo o la llamada píldora del día siguiente.
De los hechos anteriores resulta evidente que la población adulta mexicana no confunde su profesión religiosa con su necesidad de controlar su descendencia. Que la gente, siendo católica, practica las medidas anticonceptivas, aunque esa misma religión lo prohíba categóricamente.
Y lo que se dice para la práctica de la anticoncepción se puede decir de la interrupción deliberada del embarazo. Se sabe perfectamente que la inmensa mayoría de las mujeres que acuden al aborto son católicas. Y católicos son también en su gran mayoría los médicos, enfermeras y el resto de los participantes en una interrupción deliberada del embarazo.
Estos hechos irrebatibles ponen en evidencia el divorcio que existe entre la jerarquía católica, que llama a sus feligreses a manifestarse contra la despenalización del aborto, y esa misma feligresía que practica, ha practicado o eventualmente practicará el aborto. O que ha participado indirectamente en una interrupción de embarazo, al ayudar o acompañar a la abortante en ese trance.
La jerarquía católica pincha en hueso al llamar a sus feligreses a presionar a las autoridades civiles del Distrito Federal para que éstas den marcha atrás en la despenalización del aborto. Esos fieles no pueden ni quieren manifestarse contra el aborto, por la sencilla razón de que han sido usuarios, o pueden serlo en lo futuro, de la interrupción deliberada del embarazo.
Esa feligresía no se encuentra dispuesta a renunciar a una práctica que le permite, o eventualmente le permitirá, controlar su descendencia cuando han fallado los métodos anticonceptivos utilizados. O cuando, por la razón que sea, una mujer, una pareja o una familia sienten que un embarazo significa tan insoportables complicaciones que interrumpirlo es ineludible.
Sé bien, como lo sabe cualquier ciudadano medianamente informado, que Beatriz Paredes Rangel tiene en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) muchos amigos y admiradores. Y que los tiene también fuera del tricolor. Y sé, asimismo, que amigos y admiradores le reconocen talento, preparación y enorme habilidad política. Y sé, igualmente, que la tlaxcalteca tiene fama pública de sustentar una ideología de izquierda.
Es por todo ello que suman legión las personas que piensan y sostienen públicamente que Beatriz Paredes podrá sacar de su letargo, prolongado letargo, al partido del cual es hoy presidenta. Pero esto no será fácil. Más bien parece imposible.
Parece imposible, porque suponiendo que de veras Beatriz fuera de izquierda, cosa sumamente discutible, estaríamos frente a una situación bastante extraña: un partido de derecha con una dirigente de izquierda.
Pero realmente no es este el caso. Porque Beatriz sólo podría ser calificada como izquierdista por el discurso. Eso sí. Un discurso de izquierda que, no obstante, no se concilia con los actos de la ex gobernadora durante al menos los últimos veinte años. Y más aún: habría que rascar mucho en los pronunciamientos discursivos de Paredes para encontrar palabras, aunque únicamente fueran palabras, que pudieran ser calificadas como de izquierda.
El caso de la Paredes recuerda mucho al del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Un político carismático que, con bandera de izquierda (y hasta socialista) representa (y muy bien) al franquismo que hoy intenta recolonizar a la América que durante trescientos años fue colonia española.
Tanto Beatriz como Rodríguez Zapatero tienen a su favor para pasar como personas progresistas la natural comparación que de ellos se hace con sus más connotados adversarios políticos: Felipe Calderón y José María Aznar. Comparados respectivamente con Calderón y Aznar, Beatriz Paredes y el presidente hispano pueden no parecer tan de derecha.
Sólo que esas comparaciones dan lugar, en México y en España, a una verdadera ilusión que esconde la dura realidad. La realidad, que no da la cara, del derechismo de Beatriz, y la del franquismo recolonizador, puro y duro, del carismático jefe del gobierno español.
Y como bien decía Manuel Gómez Morín, fundador del católico Partido Acción Nacional (PAN): para que no haya desilusionados, no debe haber ilusos. Y sólo son ilusos aquellos que, cerrando los ojos al comportamiento político de derecha de esos dos siniestros personajes, confían en el izquierdismo o progresismo de saliva de Paredes Rangel y Rodríguez Zapatero.
El pasado martes 10 de abril, con el auspicio de la Oficina del abogado general y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, se juntaron a platicar sobre los retos de la democracia el conocido intelectual italiano Giovanni Sartori y ocho intelectuales nativos (de dulce, de chile y de manteca, pero todos de derecha).
Siempre será bueno, por supuesto, dialogar sobre el tema de la democracia. Pero no deja de llamar la atención el espíritu colonialista que impregna el diálogo de marras: un sol extranjero alrededor del cual orbitaron unos oscuros planetas y planetoides autóctonos. Ah, el espíritu siempre presente de la Malinche: un hombre blanco y barbado ante el cual se inclinan reverencialmente unos nativos deseosos de recibir la luz de la verdad venida de la culta y conquistadora Europa.
Pero mientras el intelectual rubio y de ojos azules dicta cátedra y los perplejos nativos se encueran frente al ojo admonitorio del sabio venido de ultramar, el mexicano común ya sabe que en Anáhuac el primer reto de la democracia formal es contar los votos. Porque conoce claramente que en México los votos no se cuentan, sino que se inventan. Lo mismo en los años de la democracia priísta que en los nuevos tiempos de la democracia blanquiazul.
Y no creo que el intelectual italiano haya venido desde su tierra a enseñar a los mexicanos a contar. No me lo imagino rodeado de computadoras, fórmulas matemáticas y algoritmos. Ese no es su fuerte. Se trata de un filósofo y no de un licenciado en contabilidad.
Quizás habría sido mejor que el abogado general y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hubieran invitado (con gastos pagados y una buena recompensa en metálico, desde luego) a un experto en contabilizar votos, y no a un especialista en temas filosóficos.
¿Al invitar a Sartori le habrán dicho los organizadores que en México el problema central es la incapacidad de las autoridades electorales para contar honradamente los sufragios? ¿Y Sartori, lector voraz de la prensa internacional, no sabrá que en México millones y millones de personas protestan en las calles por el escamoteo de sus votos en urnas bolseadas o embarazadas o en las catacumbas cibernéticas del Instituto Federal Electoral (IFE)?
Se me hace que en vez de venir a enseñar, Sartori debería ser invitado a tomar en México un curso de delincuencia electoral, a fin de que aprenda algunas cosillas de la realidad mexicana que no consignan los libros, los escritos y las palabras de la caterva de turiferarios con los que dizque dialogó en la Universidad Nacional el pasado martes 10 de abril.
Hace 30 años, interrumpir un embarazo de doce semanas le exigía a la abortante viajar a la ciudad texana de Houston. Y, lógicamente, pagar por la intervención un costo realmente elevado, el que incluía, desde luego, el pasaje aéreo de la mujer y un acompañante, los gastos de hospedaje y alimentación de varios días, los gastos hospitalarios y los honorarios médicos de un alto especialista y su equipo de anestesistas, enfermeras e instrumentistas. Fácilmente, a precios actuales, unos cincuenta mil pesos.
Realizar la interrupción del embarazo en estas condiciones sólo estaba, evidentemente, al alcance de mujeres ricas o de la alta clase media. Por eso Lenin decía que la razón fundamental para despenalizar el aborto era la diferencia de clase, pues ya desde entonces (comienzos del siglo 20) el aborto sólo estaba al alcance de las mujeres ricas.
Treinta años después, las cosas han cambiado un poco. Hoy, la moderna cirugía de la interrupción de un embarazo de hasta 16 semanas se realiza en México a un costo que oscila entre 5 mil y 6 mil pesos en una clínica moderna y muy bien equipada y con un médico altamente especializado.
Hoy las dificultades que enfrenta una mujer para llevar adelante un aborto no son tanto económicas como de conocimiento y relaciones. La mujer o su familia no saben a dónde o con quién acudir. Y no lo saben precisamente porque el aborto es un acto ilegal que obliga al secreto o, al menos, a la discreción. Y esta falta de conocimiento lleva a muchas mujeres a ponerse en manos de charlatanes o comadronas que ponen en peligro la vida y la salud de la abortante. Y no hace falta mucha perspicacia para entender que la carencia de conocimientos, relaciones y orientaciones es mucho más amplia en mujeres y familias humildes que en personas de clases acomodadas.
De modo que un siglo después de la enunciación de la tesis leninista sobre el aborto como fenómeno de clase social, el asunto no ha variado gran cosa: aborto seguro y eficiente para quien tiene recursos, conocimientos y relaciones, y aborto peligroso y a veces mortal para quienes carecen de dinero, información y relaciones o contactos adecuados.
La despenalización del aborto, tal como lo propone la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pondría el aborto seguro y hasta gratuito al alcance de mujeres de cualquier condición socioeconómica. Tal como acontece en una inmensa mayoría de países.
Hay que entender que el aborto es una práctica común que la penalización no evita. Y que la punición sólo logra encarecerlo y tornarlo peligroso en perjuicio de las mujeres y las familias más pobres o más ignorantes. ¿O no?
Son dos, esencialmente, los aspectos más negativos de la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El primero es que a partir de ahora, los trabajadores jubilados recibirán como pensión aquella cantidad de dinero que cada uno de ellos haya ahorrado.
Dicho en otras palabras, con la nueva ley, el Estado ha dejado de ser garante del pago de las pensiones. Se ha transitado de un sistema de solidaridad y garantía estatal a otro de cuentas individuales. Una versión moderna del clásico “que cada quien se rasque con sus propias uñas”. O del no menos clásico sálvese el que pueda.
Con la ley anterior, un trabajador jubilado recibía como pensión una determinada cantidad hasta el fin de su vida. Por ejemplo: si un burócrata se jubilaba a los sesenta años con el equivalente a cinco salarios mínimos mensuales de pensión, recibía esa cantidad hasta su muerte, sin importar que viviera 65 ó 90 años.
Ahora va a ser distinto, pues el burócrata jubilado recibirá sólo la cantidad que haya logrado ahorrar. Y deberá decidir, al momento del retiro, si la recibe en un único pago, o si la ha de recibir en un número equis de pagos mensuales. Pongamos un ejemplo.
Supongamos que el burócrata jubilado logró ahorrar a lo largo de su vida laboral 500 mil pesos. Ahora deberá decidir si recibe de un jalón esos 500 mil pesos o si le son entregados a lo largo del tiempo. Si opta por esta última posibilidad, deberá escoger el número de mensualidades. Digamos 120 mensualidades (diez años) de 4,166 pesos. Si el burócrata se jubiló a los 60 años, recibirá esos 4,166 pesos hasta que cumpla 70 años de edad.
Pero si el trabajador vive 80 años, la pregunta es de qué va a vivir esos diez años entre los setenta y los 80. Y si vive 85 ó 90, la cosa se pone peor. Es evidente que una vez agotados sus ahorros, al burócrata jubilado le espera una vejez de absoluta miseria.
Y el segundo factor negativo de la nueva ley agrava esta situación. Porque, como ya ha pasado en el Seguro Social, en el Infonavit y en el propio ISSSTE, el fondo de pensiones puede “desaparecer” por robo o por mala administración Y si las nuevas instituciones privadas encargadas de manejar esos ahorros multimillonarios quiebran o se roban ese dinero, ¿de dónde van a salir las pensiones de cientos de miles o millones de jubilados?
Con la privatización de las pensiones se abre la posibilidad para el mayor empobrecimiento de los jubilados y, al mismo tiempo, para el inconmensurable enriquecimiento de los dueños de las empresas administradoras de esos fondos.
En su estupendo diccionario Así habla la delincuencia, publicado por la benemérita Editorial Porrúa, Guillermo Colín Sánchez nos dice que la palabra guajolote significa tonto o imbécil. Por eso a una persona de escaso talento o que ha incurrido en una tontería se le dice “cómo serás guajolote”. O también “no seas guajolote”.
En su extraordinaria obra, Colín Sánchez dice que guajolotón significa gordo, obeso, de cara regordeta (“cachetón”) y con papada. Y ya por mi cuenta, diré que el vocablo guajolota nombra, además de a la hembra del guajolote o pavo, a un alimento típico y callejero de las clases populares del valle de Anáhuac: la torta de tamal. Se trata de una pieza de pan blanco, el célebre bolillo, el que cortado longitudinalmente en mitades, alberga un tamal.
Según la enciclopedia Wikipedia (www.wikipedia.org), “el tamal (del nahuátl tamalli, envuelto) es un plato amerindio. Originario de México, se difundió por los países de Centroamérica y del área andina, donde el maíz tiene preponderancia en la dieta. Consiste básicamente en una pasta de masa de maíz cocida, envuelta en hojas de plátano” (o del propio maíz: las hojas de la mazorca, agrego yo).
De modo que la guajolota es un platillo típicamente mestizo, pues combina el trigo, de origen europeo, con el maíz, nativo de tierras de la América india. Y se trata de un alimento de elevado poder calórico, por la sabrosa combinación de dos harinas riquísimas en carbohidratos. Una guajolota constituye, así, un desayuno (o cena) completísimo y, relativamente, muy barato.
Hasta antes de la fraudulenta llegada de los calderonistas a Los Pinos, una guajolota costaba en el puesto ambulante de tamales de la esquina de mi casa seis pesos. Pero uno de los autopublicitados logros de Calderón fue precisamente elevar en un peso el precio de la deliciosa guajolota. Un incremento del 16 por ciento.
Así, a despecho de los tecnócratas del Banco de México y de las secretarías de Hacienda y de Economía, el pueblo tiene claro que la desbordada inflación que corroe su magro ingreso no tiene nada que ver con las pequeñas cifras del fenómeno que elaboran y difunden los publicistas de Calderón.
La guajolota es sólo un ejemplo muy a la mano de los nefastos resultados de la gestión económica del nuevo e ilegítimo gobierno. Todo un logro de sus primeros cien días. Pero nadie se preocupe. No bajará el consumo de guajolotas. Quizás hasta aumente. Porque, a pesar del incremento de precio, la guajolota sigue siendo el desayuno popular callejero más económico. A menos tacos de bistec, más guajolotas.
Desde la adolescencia, y a veces desde la misma infancia, todo mexicano sabe que en cualquier momento puede ser víctima de una detención arbitraria por cuenta de cualquier corporación policiaca. Y sabe también que detenido, arbitraria o legalmente, es muy probable que él mismo o su familia sean asimismo víctimas de extorsiones económicas por cuenta de policías o de personal del Ministerio Público, del sistema judicial o del régimen carcelario.
Todo mexicano sabe también que en México la tortura es una práctica cotidiana. Y que a lo largo de muchas décadas el Estado ha sido fiel practicante de secuestros y ejecuciones extrajudiciales, sobre todo en los casos de opositores políticos. Y sabe asimismo que las distintas procuradurías de justicia son eficientes fabricantes de pruebas para encarcelar lo mismo a opositores políticos y líderes de movimientos sociales que a cualquier infeliz que tenga la desgracia de caer, con razón o sin ella, en las garras de los órganos de seguridad del Estado.
Igualmente, todo mexicano sabe que en este país son cosa cotidiana el espionaje telefónico, los allanamientos de morada policiacos, la violación del correo personal y muchas otras prácticas ilegales y violadoras de garantías individuales y derechos humanos. Pero todo mexicano sabe igualmente que esas conductas de las autoridades son ilegales. Y que constituyen abusos propios de una dictadura.
Ahora, sin embargo, el gobierno de Calderón pretende que todas esas abominables prácticas se conviertan en actos legales. Y aunque los calderonistas digan y repitan que se trata de una legalización destinada a luchar contra el narcotráfico, todo mexicano sabe que la finalidad verdadera de la propuesta calderonista es combatir, desarticular, descabezar y destruir a los movimientos políticos y sociales que se oponen a la continuación de las nefastas políticas económicas neoliberales.
Con su propuesta de legalización de las violaciones a garantías individuales y derechos humanos, Calderón se propone hacer que México retorne hasta la época colonial en que el Estado esclavista y la iglesia católica tenían la facultad legal de encarcelar, torturar y asesinar a los opositores políticos del régimen y a los practicantes de una religión distinta al catolicismo.
Frente a lo abominable de la propuesta calderonista, muchos sectores sociales y políticos se movilizarán, como ya lo están empezando a hacer, para impedir que se haga realidad. Y es que cuando se vive en una dictadura que ha cerrado la vía electoral, el único camino para evitar más abusos y retrocesos es la movilización social y popular.
Para hacer frente a un recorte del multimillonario presupuesto del Instituto Federal Electoral (IFE), el corrompido grupo de consejeros electorales que domina ese organismo ha decidido mandar al desempleo a varios centenares de modestos empleados administrativos.
En cualquiera otra institución, el asunto no pasaría de ser una expresión de los recurrentes ajustes presupuestales que son una manifestación de futuros y más graves problemas en la economía del país.
Pero en el caso del IFE el asunto reviste una faceta particularmente inmoral, pues la corrompida cúpula que domina la institución ha decidido sacrificar a esos centenares de modestos empleados con el fin de que no sean reducidos los exorbitantes ingresos que percibe esa misma y maloliente cúpula.
Se trata de una muestra más de la gangrena moral que corroe al IFE desde que nació la institución, con José Woldenberg a la cabeza, pero que ha llegado hasta la bancarrota ética absoluta en la gestión del gordillista Luis Carlos Ugalde.
La vergonzosa decisión de echar a la calle a modestos padres de familia en un momento de crecimiento desmedido del desempleo, a fin de que los consejeros no tengan que renunciar a los sueldazos, los bonos, las comilonas, las gratificaciones, los automóviles de gran lujo, los fabulosos viajes de paseo al extranjero, es la expresión más vulgar, pero no la única, de la descomposición moral de la cúpula de ese organismo. Más grave aún es su reconocido carácter de planeador, organizador y ejecutor del descarado fraude en las elecciones presidenciales de 2006.
Esta conjunción de las dos conocidas facetas de corrupción del IFE ha conducido al clamor social por la salida del organismo de los prostituidos consejeros electorales, lo que según todos los indicios no tardará en producirse.
Pero no parece que la salida y el eventual proceso penal de los todavía consejeros baste para devolver al IFE la integridad ética perdida. Ya se habla de la necesidad de la imprescindible desaparición del organismo, y de su sustitución por una nueva autoridad electoral que sea garantía tanto del fin del saqueo del presupuesto del organismo por cuenta de los eventuales nuevos funcionarios, como de procesos electorales limpios.
La salida de Ugalde y su pandilla ya está en la agenda del Senado de la República. Parece cosa de días. Pero no se trata de sustituir a bandidos viejos por asaltantes nuevos. La médula del asunto se encuentra en la tarea de crear una nueva autoridad que no pueda convertirse, como el actual IFE, en el instrumento del eterno fraude electoral.
Legalmente, en México existen varios partidos políticos. Pero políticamente hablando sólo hay, en realidad, dos opciones. Una, formada por el PRI y el PAN, que representa a la derecha y al imperialismo; y la otra, representada por el PRD, que comprende a la izquierda en su más lato sentido.
En la primera opción partidaria encuentran su nicho la oligarquía, el imperialismo, la derecha y la extrema derecha extranjeras y las clases medias asustadizas, conservadoras y de escasa ilustración política, así como algunos pobres desclasados y un reducido caudal eleccionario, voluble y conformista, que nutre su derechismo sin brújula en la propaganda disfrazada de información y entretenimiento en los medios de comunicación electrónica.
El PRD, a su vez, cobija, en general, a los pobres del campo y la ciudad, a las clases medias nacionalistas e ilustradas, a la intelectualidad progresista y a ciudadanos antiimperialistas. Casi está de más decir que bajo las banderas del PRD cabe, por su condición social e ideológica, pero sobre todo económica, la inmensa mayoría de los mexicanos. ¿O acaso es un secreto que en nuestro país la inmensa mayoría de la población es pobre?
Esta sola reflexión muestra a las claras lo insostenible de las cifras de la última elección presidencial. ¿En un país de pobres el candidato de la extrema derecha obtiene tantos sufragios como el candidato del pobrerío? Sencillamente increíble. Y máxime cuando Felipe Calderón nunca negó y menos renegó de su filiación de político de extrema derecha y simpatizante del imperialismo. La operación de Estado que constituyó el fraude electoral del 2 de julio de 2006 impide y quizás impida para siempre, fuego de por medio, conocer la verdadera e insignificante cosecha de votos de Calderón.
Estos hechos del dominio público llevan a dos ineludibles conclusiones. Una, que a pesar de la evidente existencia en la cúpula perredista de una corrompida fracción de derecha, en la que están, entre otros, los Chuchos de Nueva Izquierda, los Amalios y casi todos los gobernadores del PRD, no hay, salvo este partido, otra opción que en lo social, lo político y lo electoral represente a los pobres y a los sectores progresistas y liberales de la sociedad mexicana.
Y segunda conclusión: cerrada como está por el fraude de Estado la vía electoral, no hay más alternativa para los segmentos pobres y los sectores progresistas y liberales de la población que la permanente movilización política y social en derredor de la pequeña pero sana fracción de la cúpula perredista encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Una intensa, extensa y chocante campaña gubernamental en los medios de comunicación “informa” de numerosas detenciones de supuestos narcotraficantes y de enormes decomisos de estupefacientes y armas de fuego. Pero la diaria visita a la prensa escrita y a los noticieros de radio y televisión da cuenta de la persistencia de levantones, torturas, balaceras y asesinatos entre bandas rivales de narcotraficantes. Y hasta el observador más superficial se da cuenta de que en México crece día con día la producción, comercio y consumo de drogas.
Pero todo esto no es noticia. Ocurre desde hace décadas. Desde la tristemente célebre “Operación Cóndor” del entonces presidente José López Portillo. Son ya más de treinta años de fracasos policíacos y militares en el supuesto combate al narcotráfico. Y, sin embargo, el gobierno de Calderón continúa con el mismo proceder.
De modo que además de guerras entre bandas de narcotraficantes, la población es testigo de otra guerra. La que se da en los medios de comunicación entre anuncios gubernamentales de logros y avances en la lucha antinarco y las informaciones en esos mismos medios de la creciente ola de violencia criminal relacionada con las drogas.
Frente a esta situación no es difícil saber a quién le cree la población. ¿A los bonitos y muy bien hechos comerciales del gobierno o a la cruda realidad? Parece así que a la cotidiana derrota frente al narco, debe el gobierno sumar la también cotidiana derrota en el ámbito de la opinión pública.
Y esta derrota en los medios de comunicación y en la opinión pública con respecto a la supuesta lucha contra el narcotráfico no es la única. Lo mismo pasa con el resto de los problemas del país. El calderonismo, por ejemplo, habla de la vigencia del estado de derecho, mientras la sociedad observa la más completa impunidad de funcionarios y empresarios corruptos. Como en el caso de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila.
El calderonismo habla en los medios de proteger la economía popular, en tanto permite y hasta impulsa el aumento en el precio de la tortilla, el más popular de los alimentos populares. Y no sólo eso. A todo México le consta que continúan los preparativos pripanistas para establecer el impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas, parte fundamental de las llamadas reformas estructurales de las que a diario hablan y hablan los calderonistas.
¿De veras pensará Calderón que una mentira repetida miles de veces en los medios de comunicación es más convincente que la dura realidad de la vida diaria? Parece que sí. Pero son mentiras que a nadie convencen.
Tradicionalmente, las instituciones más corrompidas de México habían sido las policías judiciales, lo ministerios públicos federal y estatales y la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero a partir del 2 de julio de 2006, con la imposición de Felipe Calderón en Los Pinos, la lista de instituciones altamente corruptas ha sido adicionada con la incorporación del Instituto Federal Electoral (IFE).
Es tal el descrédito y la negra fama pública del IFE, que han nacido poderosas corrientes en la opinión pública que demandan el cese inmediato de los actuales consejeros de esa podrida institución, empezando por el jefe de todos ellos, Luis Carlos Ugalde.
Como le consta a cualquier ciudadano medianamente informado, la descomposición moral y legal del IFE se da en dos planos. Uno, de carácter personal individual, y otro de índole institucional.
En el primer plano, es bien conocido y se encuentra bien documentado el abuso desmedido de los consejeros del IFE en el manejo y disfrute personal del presupuesto de la institución: vehículos de lujo; comelitonas cotidianas en restaurantes de gran lujo; carísimos viajes al extranjero en misiones fantasmas sólo inventadas como pretexto para salir a pasear; séquitos de empleados, choferes, asistentes, edecanes y otras amables acompañantes; y, desde luego, sueldazos, compensaciones, bonos y hasta dinero para celebraciones de matrimonios, además, por supuesto, de la tradicional sobrefacturación y uso de facturas apócrifas para justificar gastos y obtener remanentes que encuentran acomodo en cuentas bancarias personales.
Pero siendo gravísimos estos descarados latrocinios, palidecen ante el otro tipo de putrefacción que priva en el IFE: la corrupción institucional consistente en el falseamiento de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Hoy el IFE es famoso en todo el planeta por haber sido la autoridad responsable de la planeación, organización y realización material del fraude electoral que impuso en Los Pinos al candidato de la oligarquía y del imperialismo estadounidense.
Se puede decir que los latrocinios cometidos por los conejeros electorales y demás miembros de la burocracia del IFE, siendo grave y punible penalmente, sólo se reduce a una de tantas raterías a que nos tiene acostumbrados el sistema político vigente desde hace siete décadas y hasta hoy. Pero no hay duda de que la violación de la voluntad popular ha dañado, quizás de modo irreparable, a la vida política mexicana, al hacer saltar al país a las épocas en que se lograba y se dejaba el poder solamente por la vía de los balazos.
Toda la gira europea de Felipe Calderón tuvo sólo un propósito: convocar a los capitalistas del Viejo Continente a invertir su dinero en la industria energética mexicana. Y como respuesta a la convocatoria del michoacano, los empresarios europeos mostraron una vez más sus enormes deseos de convertirse en dueños de la más grande empresa de México y una de las mayores compañías energéticas del mundo: Petróleos Mexicanos (Pemex).
Más allá del sustrato ideológico derechista, es decir, privatizador, neoliberal y antiestatista del oferente michoacano y de los demandantes europeos, conviene preguntar a qué se debe tanto interés en esa anhelada transacción. Por el lado europeo está muy claro. Se trata, obviamente, de hacerse de un gran negocio. De ganar mucho, pero mucho dinero. ¿O alguien cree que los capitalistas de cualquier parte del mundo buscan alguna otra cosa que no sea grandes ganancias económicas?
Pero el asunto no está tan claro por lo que toca al enorme deseo de vender Pemex mostrado por Calderón y por sus cuatro antecesores en Los Pinos. Y no es tan claro, porque el vendedor no puede confesar públicamente que anda en busca de dinero. Pero de eso se trata: de que se venda Pemex para que el vendedor pueda quedarse con una parte de la propiedad. O al menos con una suculenta comisión por los servicios de gestoría. ¿No fue este el caso de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox?
Es cosa pública y bien sabida que las privatizaciones de la banca, la siderurgia, la telefonía, las carreteras, los ferrocarriles, la transportación marítima, la radio, la televisión y muchas otras industrias, empresas y actividades se vendieron para enriquecer de manera desaforada a parientes, amigos y, sobre todo, socios del presidente en turno.
Se trató y se trata de un negocio redondo: el vendedor vende algo que no es de su propiedad, y se queda con una parte o con el todo de esa venta fraudulenta. ¿Hay otra explicación para las grandes y publicitadas fortunas de algunos ex presidentes mexicanos?
Consumar ese gran negocio para vendedor y compradores exige, desde luego, encubrir el verdadero motivo. Por eso a la gente se le dice que se trata de una privatización en beneficio del país. Y, sobre todo, en beneficio de la población más pobre.
Pero esto nunca se ha visto en anteriores privatizaciones. Ni en México ni en el resto del mundo. Al contrario: esas ventas sólo han servido para enriquecer bárbaramente a compradores y a vendedores. Y ahora mismo, si el pueblo movilizado no impide la venta de Pemex, esta vergonzosa historia habrá de repetirse.
Es cosa bien sabida que los disparates de Vicente Fox le hicieron mucho daño a las relaciones de México con tres países de América Latina: Cuba, Venezuela y Bolivia. Y también se sabe que la conducta de Fox era fruto de su tremenda incultura, de su falta de talento y de su reaccionario, aunque elemental, pensamiento político. Pero no puede negarse que en esa conducta de chivo en cristalería, mucho le ayudaron a Fox la ineptitud, la ignorancia y la soberbia de sus dos sucesivos cancilleres: Jorge Castañeda y Luis Ernesto Derbez.
Lamentablemente parece que la historia se repite en el nuevo sexenio. Felipe Calderón ha resultado tan boquiflojo, imprudente, inculto y carente de talento como Vicente Fox. El michoacano ya ha empezado a pelearse con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y es que Calderón, al igual que Fox, no sabe ni ha entendido que un jefe de gobierno no debe comportarse como comadre chismosa, como vecindera metiche.
Y tampoco, lamentablemente, Calderón tiene en la Secretaría de Relaciones Exteriores a una colaboradora capacitada para mejorar las relaciones de México con sus vecinos latinoamericanos. La actual canciller, Patricia Espinosa, sólo sirve para hacer declaraciones demagógicas de buena vecindad que en seguida son desmentidas de modo grosero y altisonante por el propio Calderón.
Apenas hace unos días, la canciller Espinosa había dicho que su Secretaría estaba trabajando por mejorar las relaciones entre los gobiernos de Calderón y de Chávez. Pero más tardó Espinosa en soltar su demagógico discurso que Calderón en romper lanzas contra la política económica nacionalista, patriótica y latinoamericanista de Hugo Chávez.
De este modo, la pobre mujer se quedó, como se dice popularmente, con un palmo de narices, sin saber qué hacer, salvo quedarse calladita, rumiando el coraje de que su jefe la haga quedar públicamente como tonta. Un canciller con un poco de dignidad, inteligencia y respeto por sí mismo ya habría renunciado al cargo. Pero parece que la señora secretaria es celosa practicante del apotegma político aquel que aconsejaba: “La ignominia antes que la renuncia”.
La renuncia de Espinosa al cargo o su permanencia en éste no son, sin embargo, asuntos significativos. Lo relevante es que Calderón es un fanático derechista. Un individuo incapaz de respetar otras formas de gobierno, otros pensamientos, otras ideologías. Y si a todo esto se agrega la sumisión del gobierno mexicano a los dictados de Estados Unidos, se puede anticipar que las relaciones de México con los países citados no tendrán compostura con Calderón en Los Pinos.
Hace algunos años, la decisión del gobierno de Colombia de extraditar hacia EU a connotados narcotraficantes de nacionalidad colombiana desató una enorme ola de violencia criminal. Se trató de una verdadera guerra de represalias por cuenta de las mafias de narcotraficantes contra el gobierno colombiano por esas extradiciones.
Hubo asesinatos de jueces, policías y fiscales. Hubo bombazos, actos terroristas, balaceras en las calles. Y, desde luego, entre las víctimas mortales se contaron muchas personas inocentes sin vínculo alguno con esa guerra entre el Estado y los narcotraficantes. Por ese motivo, el gobierno de Colombia determinó no realizar más extradiciones de narcotraficantes a EU, y juzgar y encarcelar a esos delincuentes en territorio colombiano y con arreglo a las leyes de Colombia.
México, desde luego, no es Colombia. Y puede ser que aquí los narcos no se embarquen en una guerra abierta contra el Estado para impedir la continuación de la política de extradición a EU de este tipo de delincuentes puesta en marcha en días pasados por el calderonismo.
Pero también puede ocurrir lo contrario: que los narcos consideren las extradiciones de algunos de ellos como una ruptura del acuerdo de complicidades e impunidad entre los capos y las autoridades, civiles y militares, encargadas de perseguir y procesar a esos mismos delincuentes.
Y como previendo esa ola de violencia estilo colombiano, el procurador general de la república, Eduardo Medina Mora, asegura que México se encuentra “en perfecta preparación para afrontar cualquier tipo de represalia que intente el crimen organizado por dichas entregas”.
Las palabras del procurador sólo son, por supuesto, buenos deseos. ¿Preparadas las autoridades federales y estatales mexicanas para enfrentar las eventuales represalias violentas del narco? Evidentemente no. ¿Cómo creerle al procurador si la experiencia reciente demuestra la absoluta incapacidad del gobierno federal para reducir siquiera mínimamente la actividad de los narcotraficantes?
¿Ya no recuerda el procurador Medina Mora los acribillamientos, levantones, asesinatos en cautiverio y hasta decapitaciones de policías, jueces, fiscales y soplones, realizados últimamente por diversas bandas de narcos, ola de violencia hasta ahora sin respuesta real, creíble, verdadera por cuenta del Estado?
A despecho de las palabras del procurador, cabe pensar que al ceder a las presiones de EU para extraditar a determinados narcotraficantes, el calderonismo acaba de cometer otro de los errores monumentales a que nos tiene acostumbrados desde el uno de diciembre pasado.
Desde que Felipe Calderón era precandidato panista a la Presidencia de la República se sabía perfectamente de sus limitaciones personales y profesionales. Durante años y años vivió de ser un grillo panista. Su carrera política se limitó a ser varias veces diputado. De modo que nunca adquirió ni la más mínima experiencia gubernativa.
Alguna vez compitió por la gubernatura de Michoacán, pero los resultados de su pretensión fueron la derrota más completa. Luego fue nombrado director general de Banobras, cargo que dejó en muy poco tiempo en medio del escándalo por haberse autoconcedido un crédito hipotecario por varios millones de pesos al que tuvo que renunciar debido a las censuras que produjo su abusiva, aunque no ilegal, conducta.
La cereza del pastel de su nula experiencia de gobierno se produjo cuando Vicente Fox lo nombró secretario de Energía, puesto del que Calderón fue despedido sólo breves meses después. De modo que, como se dice popularmente, la experiencia y los conocimientos de Calderón en materia de gobierno brillan por su ausencia.
Y ahora, a menos de dos meses de haberse iniciado el sexenio, los catastróficos resultados de esa inexperiencia y esa falta de conocimientos están teniendo consecuencias funestas.
Calderón y su secretario de Hacienda han dinamitado el único logro del que podían presumir los gobiernos neoliberales de Zedillo y de Fox, es decir, la relativa estabilidad de precios, la inflación más o menos controlada, si bien al costo del estancamiento económico, de un desempleo enorme y creciente y de la migración masiva hacia el mercado laboral de EU.
Al dinamitar la relativa estabilidad de precios de los últimos diez años, Calderón ha dado comienzo a una nueva escalada inflacionaria que en pocas semanas conducirá tanto a movilizaciones de trabajadores y sindicatos en pos de aumentos salariales, como a la, por todos tan temida, devaluación del peso frente al dólar.
Es claro que, a menos de dos meses de iniciado el sexenio, la descontrolada situación inflacionaria sólo es el preámbulo de una crisis económica frente a la cual las de Echeverría, López Portillo, De la Madrid y Zedillo parecerán un cuento de hadas.
Inflación descontrolada, estancamiento económico, desempleo masivo, tarjetas de crédito hasta el tope, devaluación monetaria e ineptitud gubernamental son un coctel bárbaramente explosivo que los mexicanos ya hemos comenzado a beber. Y esto apenas comienza. Y los augurios son negros, muy negros. Todo esto me recuerda al ex presidente argentino Fernando de la Rúa y a su corralito. Parece que para allá vamos.
Que yo recuerde, al menos desde los tiempos de López Portillo en Los Pinos el Ejército participa en la supuesta lucha contra el narcotráfico. Y ya desde entonces se sabe que ese teatral combate no sirve para nada. Y que, peor todavía, cada año que pasa crece la producción, el comercio y el consumo de drogas en territorio mexicano.
A pesar de la inmensa y prolongada campaña mediática que habla de millonarios decomisos de estupefacientes y numerosas detenciones y encarcelamientos de narcotraficantes, la ciudadanía sabe que el narco crece en el país exponencialmente.
Sin embargo y no obstante su evidentísimo fracaso, esa pretendida lucha contra las drogas y los narcotraficantes tiene varias razones de ser, aunque ninguna de ellas sea legítima, honrada, noble. Entre esas razones se pueden citar, cuando menos, estas tres.
La primera razón es la necesidad del gobierno mexicano de complacer a Washington, aparentando que coopera con Estados Unidos en el combate antidrogas. Esta necesidad es real, puesto que el gobierno mexicano no está en condiciones de resistirse a las presiones estadounidenses. El amo yanqui ordena combatir el tráfico de drogas, y el lacayuno gobierno mexicano finge, simula, hace como que obedece.
Una segunda razón es el enriquecimiento del personal que participa en ese gran teatro. Para policías, militares, jueces, agentes del Ministerio Público y carceleros, el fingido combate al narco implica ingresos monetarios irresistibles. En estas condiciones ¿quién va a querer matar a la gallina de los huevos de oro? Se simula que se acata la ley, y así el negocio sigue vivo.
La tercera razón está en la conciencia del Estado de que la persecución policiaca, militar y judicial contra el narcotráfico nunca y en ninguna parte del mundo ha servido para reducir y menos eliminar el consumo de drogas, incluidos el tabaco y el alcohol.
Pero a partir del 1 de diciembre pasado, la supuesta lucha contra el narcotráfico tiene una nueva razón. Ésta es hacerle creer a la gente que en Los Pinos hay una mano firme, capaz, decidida y preocupada por el crimen organizado. Sólo que el truco es tan obvio y tonto, que han bastado unos cuantos días para que se descubriera la doble farsa.
Farsa, primero, porque la lucha contra el narco sigue siendo, como siempre, puro teatro, y farsa también, porque nadie cree de veras que en Los Pinos exista una mano firme, capaz y preocupada por los ciudadanos. Más bien es al revés: todo el mundo se da cuenta de que Felipe Calderón es bastante más incompetente, frívolo, ignorante, teatral, débil y despistado que Vicente Fox.
Aunque finalmente fracasó el intento de gravar con un cinco por ciento de impuesto el consumo de refrescos embotellados, la idea hubiera merecido mejor destino. Quizás en lo futuro sea posible imponer ese gravamen fiscal a las bebidas gaseosas. Y acaso también sea posible hacerlo a una tasa mayor a ese tímido cinco por ciento que ahora resultó derrotado.
Es cosa de insistir en los efectos muy perjudiciales de los refrescos embotellados en la salud de sus consumidores. Porque hasta ahora son muy poco conocidos por la población los efectos negativos de ese alto y creciente consumo.
Habrá que insistir en primer término en la relación, plenamente probada, entre la obesidad y el consumo de bebidas gaseosas azucaradas. Y, asimismo, en el nexo entre la obesidad y la diabetes. Hoy en México, la obesidad es un problema de salud pública, puesto que, como es público y notorio, un alto porcentaje de la población es obesa. Y ya es del dominio público también que en México la diabetes ocupa el primer lugar entre las patologías del mexicano. Y que la diabetes ha pasado a ser la primera causa de muerte en México.
Pero no debe olvidarse que la obesidad tiene igualmente efectos patológicos graves en la salud, como son entre muchos otros, la gastritis, la hipertensión arterial y, como consecuencia de esta última, los accidentes cerebro y cardiovasculares (el infarto y la embolia).
Todos estos datos de la ciencia médica hacen aconsejable la disminución del consumo de refrescos. Y es bien conocido el hecho de que una de las maneras más efectivas de reducir el consumo de cualquier producto es la imposición de un gravamen fiscal, puesto que éste redunda en un aumento del precio del artículo, incremento que implica una disminución de la demanda, es decir, del consumo.
El caso de los refrescos es muy semejante al del tabaco o al de las bebidas alcohólicas, si bien la mala fama pública de estas dos últimas mercancías es mucho mayor que la de las bebidas gaseosas. Por eso es necesario insistir entre el vasto sector de la población consumidora de refrescos en lo perjudicial de ese consumo.
Y habrá que estar preparados para enfrentar y rebatir los argumentos de los defensores del consumo de refrescos, tales como el mantenimiento del nivel de empleo en las industrias cañera, azucarera y refresquera. Y habrá que decir, primeramente, que la caída en el nivel de empleo en estas industrias se compensa con el alza consecuente del número de empleos en otras ramas de la producción. O dicho de un modo más técnico, que los impuestos no alteran el nivel general del empleo.
En un imperdonable acuerdo con Felipe Calderón, el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, se ha prestado a poner en escena en territorio michoacano una nueva farsa en materia de combate al narcotráfico.
Es imperdonable la conducta de Cárdenas Batel, porque bien sabe que la campaña militar en Michoacán sólo tiene como propósito mejorar la maltrecha imagen pública de Calderón. Que se trata nada más de una campaña de publicidad. Y también hace mal Cárdenas, porque se está prestando a respaldar a un gobernante ilegítimo, a un derechista que le robó la elección al candidato del PRD, partido al que se supone pertenece Cárdenas.
Pero hay más. Hace mal Lazarito, asimismo, porque sabe por experiencia propia que la lucha policiaca y militar contra el narco siempre ha sido puro teatro, puesto que, salvo honrosas excepciones, policías y soldados son parte y beneficiarios del negocio de la producción y el comercio de estupefacientes.
Y no sólo esto. La experiencia histórica enseña sobradamente que las campañas militares contra el narcotráfico someten a las comunidades de la región militarizada a vejaciones, abusos y humillaciones.
Lázaro Cárdenas Batel, desde luego, no puede ignorar todo esto. ¿Por qué entonces, se ha prestado a la maniobra teatral, ineficaz y abusiva de Calderón? ¿Será que le han ofrecido mayor presupuesto para Michoacán? Puede ser, pero sería una desvergüenza inaudita. Un acto inmoral que ofende la memoria de su ilustre abuelo paterno, el expropiador del petróleo.
La cosa, sin embargo, es todavía más grave. Porque cabe pensar que Lázaro Cárdenas está prestando su apellido y su condición de gobernador perredista para golpear políticamente a López Obrador, crítico irreductible del fraude electoral que encaramó a Calderón en el poder.
¿Tendrá conciencia Cárdenas Batel del inmenso daño que le hace a México al dar apoyo a un gobernante derechista que ya ha empezado a aplicar medidas contrarias al interés popular y sólo favorables a los dueños del dinero?
Terrible es el adjetivo adecuado para calificar el hecho de que un cardenista de abolengo (abolengo viene de abuelo) participe como peón del conservadurismo clerical y oligárquico, representado por Calderón, en la lucha contra López Obrador, representante, como antes lo fue el padre de Lázaro, Cuauhtémoc, de la legalidad, la democracia y el interés popular.
Hasta ahora, sólo había habido sospechas de un acuerdo, secreto y turbio, entre Calderón y Lázaro para golpear a López Obrador. Lamentablemente, hoy se confirman esas sospechas de una nueva traición en las filas perredistas.
Todo el mundo sabe que la educación es, desde la antigüedad más remota, la condición imprescindible del progreso de una sociedad. Filipo, rey de Macedonia, encargó la educación de su hijo Alejandro, más tarde llamado el Magno, al gran sabio Aristóteles. Y es bien conocido el hecho de que Aristóteles fue el discípulo predilecto de Platón. Y que éste lo fue de Sócrates.
Aunque siempre ha habido educación, no siempre, desde luego, hubo escuelas. Y menos aún escuelas masivas. La escuela socrática, platónica y aristotélica eran colegios de élite, centros de enseñanza para los hijos de las clases propietarias. Y esta característica no cambió sino hasta bien entrado el siglo XVIII. La revolución francesa de 1789 abrió, por primera vez en la historia, la escuela para el pueblo. Y lo mismo hicieron la revolución mexicana, de 1910, y la rusa de 1917.
De entonces para acá, con altas y bajas, la escuela para el pueblo se universalizó. Y pudo universalizarse porque era y es educación gratuita. Nada tiene de extraño, en consecuencia, que desde fines del siglo XVIII y sobre todo a partir del siglo XX, la humanidad haya progresado más que en toda la historia anterior.
Pero no todo el mundo está de acuerdo en que la educación sea universal y gratuita. Es el caso de la derecha y del pensamiento conservador. Augusto Pinochet, por ejemplo, clausuró universidades públicas y encarceló estudiantes y maestros durante la feroz dictadura que siguió al golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Y aunque no siempre la derecha acude directamente al cierre de universidades públicas, nunca deja de verlas como enemigas.
Es ahora el caso de Calderón. En su cruzada contra las universidades públicas y gratuitas, no se ha atrevido a clausurarlas, pero ya ha empezado a golpearlas mediante el recorte de recursos y una campaña de calumnias.
Por más ignorante que sea, Calderón debe saber que la educación universal y gratuita es una prioridad en cualquier nación que pretenda progresar. Y que al conspirar contra las universidades públicas, conspira contra el futuro de México. Esto es un crimen. Un crimen imperdonable.
Con su actitud antieduativa y antiuniversitaria, Calderón condena a México al retroceso social y a la dependencia científica y tecnológica. Pero sólo eso podía esperarse de un individuo que ideológica y políticamente se ubica a la derecha de Luis XIV. Y que no vengan a decirnos que se trata de un problema de falta de dinero. Porque, como bien se sabe, mientras éste abunda para el IFE y para banqueros y militares, se le escamotea a la educación y a las universidades.
Las dos primeras semanas del autodesignado gobierno calderonista han resultado trágicas para la sociedad mexicana, pero también para Calderón. Dos semanas de actos de gobierno que la ciudadanía percibe como errores, burlas o agresiones. Ahí están, para empezar, las agresiones que significan el incremento del precio de la leche de consumo popular y de la gasolina.
Luego vino el demagógico anuncio de la rebaja del diez por ciento en los sueldos de la alta burocracia, decisión que la sociedad asumió como una burla. Una reducción del diez por ciento en ingresos que rebasan los 200 mil pesos mensuales en un país en que la media salarial es de entre 5 mil y 7 mil pesos al mes, no podía percibirse sino como un acto demagógico y una tomadura de pelo.
Más tarde llegó la feroz represión en Oaxaca. Y ahora se sabe que entre los más de 200 presos, la inmensa mayoría eran y son ajenos a la APPO. Que se trataba de transeúntes que tuvieron la mala fortuna de encontrarse en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y para desgracia de Calderón, la feroz cacería de inconformes y transeúntes no ha logrado desactivar el movimiento que pide la salida del criminal desgobernador oaxaqueño.
Un poco después vino el anuncio del incremento salarial a los militares. Aumentos que alcanzan en promedio el 50 por ciento. Y enseguida llegó el anuncio del recorte presupuestal a la educación, a la ciencia y a la cultura. Menos dinero para maestros, libros y escuelas, y más dinero para las fuerzas represivas.
Y como la cereza del pastel calderoniano, ahí están, hasta ahora, las amenazas y las agresiones a medios de información y periodistas independientes y críticos. Un verdadero escándalo nacional y, sobre todo, internacional. Censura, amagos, desempleo y ruina económica para quienes no creen en las bondades increíbles del calderonismo.
Parece que Calderón no ha comprendido que, salvo la criminal represión en Oaxaca, la totalidad de las medidas de su ilegítimo gobierno lastiman a todos, incluidos los incautos ciudadanos que votaron por el PAN. Calderón está conspirando contra su propia base de sustentación electoral. Y sin duda ya se habrá dado cuenta de que la televisión y la radio compradas están fracasando en su intento de hacerle creer a la gente que el michoacano encabeza un gobierno democrático, popular y honrado.
De este modo, el michoacano conspira contra sí mismo al ir creando las condiciones para una mayor oposición. Porque hasta los ingenuos, pobres o de clase media, que votaron por el PAN, ya están sintiendo, a las dos semanas, los golpes de la traición y el desencanto.
Apenas han transcurrido unos cuantos días del sexenio, y ya se van acumulando las señales de muy malos tiempos para la mayoría de los mexicanos. Primero fue el aumento al precio de la leche de consumo popular. Luego vino el nombramiento de un cavernícola secretario de Gobernación, gran aficionado a la tortura y al encarcelamiento de inocentes.
Más adelante Calderón anunció la reducción de sueldos a la mediana y alta burocracia. Pero sólo del diez por ciento. Así que quien gana 230 mil pesos al mes, ya sólo percibirá 207 mil. Dicho en lenguaje popular, mucho ruido y pocas nueces. Una medida demagógica para conseguirle a Calderón aplausos fáciles de panistas, yunquistas y locutores de radio y televisión.
Al mismo tiempo, el michoacano avisó que en esa demagógica reducción de ingresos no sólo no entraban el Ejército y la Marina, sino que esas dos fuerzas armadas recibirán un sustantivo aumento. Se trata, obviamente, de una vulgar mordida a los militares para que ejecuten sin protestas o hasta con gusto las tareas de represión que para ellos tienen pensadas Calderón y sus paniaguados. ¿Acaso, por ejemplo, no merecen ese aumento que se da a los militares los muy mal pagados carteros y los maestros de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad?
Sí, claro. Pero se trata de asegurarse la voluntad de las fuerzas armadas, a fin de poder gobernar. De modo que no sólo estamos viviendo en una dictadura, sino que se anuncia ya una dictadura militar. El primer aviso fue la mismísima rendición de protesta de Calderón ante el Congreso General. Se trató de un operativo castrense en el que había más soldados y policías (uniformados y secretos) que legisladores. Fácilmente una proporción de cien individuos armados por cada legislador.
Este sistema de gobierno militar no es nuevo. América Latina tiene sobrada experiencia en dictaduras militares. Aunque se trate de gobiernos castrenses con fachada democrática. Así, de pronto y de memoria, recuerdo las dictaduras militares con presidentes civiles en Guatemala, Honduras, la Nicaragua de Anastasio Somoza, el Uruguay de Juan María Bordaberry y el Panamá de Guillermo Endara, quien incluso le ganó a Calderón, pues si el michoacano protestó su cargo en un recinto militarizado, Endara lo hizo en una base militar estadounidense.
Y no sale sobrando recordar el triste final de todas esas dictaduras militares (con fachada democrática o sin ella). Son intentos desesperados por gobernar contra la voluntad del pueblo y en perjuicio de éste. Proyectos sin destino, condenados al fracaso y al desprestigio más ruidosos.
El pasado domingo 26 de noviembre hubo elecciones presidenciales en Ecuador. En ellas se enfrentaron un candidato de izquierda, Rafael Correa, y un derechista, el multimillonario capitalista, Álvaro Noboa. Y, como era lógico, ganó el abanderado de la izquierda.
Una cosa semejante pasó recientemente en Uruguay, en Argentina y en Brasil. Y en Venezuela, el izquierdista Hugo Chávez ha ganado las últimas diez o doce elecciones. Pero en ocasiones también ha ganado la derecha. Así pasa cuando las elecciones son más o menos libres y legítimas. En México, por ejemplo, en el año 2000 ganó la presidencia de la república Vicente Fox, un candidato de derecha. Y lo mismo aconteció hace poco en Perú con la victoria electoral del derechista Alan García.
Pero en todos estos resultados, con el triunfo de la derecha o de la izquierda, el sistema electoral funcionó normalmente. Los votos han sido contados con legalidad y transparencia. Y resulta increíble que en México, como triste excepción, el sistema electoral esté maquiavélicamente diseñado para impedir que alguna vez gane las elecciones un candidato de izquierda. Aunque se trate de políticos de izquierda muy moderada, como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.
En México las instituciones electorales son instrumentos en manos de la derecha más retardataria, clerical, neoliberal y pro imperialista. Y se encuentran caracterizadas, además, con una bien ganada fama de organismos absolutamente corrompidos. Ahí están, como casos emblemáticos, el IFE (Instituto Federal Electoral) y el tribunal electoral.
De conocida ideología derechista, ajenos por completo a cualquier noción de imparcialidad y honradez jurídica, los miembros de esas dos envilecidas instituciones han sido comprados a precios de oro. Y se trata, además, de compras a largo plazo.
Véase el caso paradigmático de los miembros del IFE. Denunciados con pelos y señales como cínicos prevaricadores, no sólo continúan en sus cargos, sino que exigen cada día más y más dinero, canonjías y privilegios. En cualquier otro país, con la décima parte de las probadas acusaciones de conducta ilegal y corrupción en gran escala que pesan sobre Ugalde, el cacique del IFE no sólo habría tenido que renunciar, sino que estaría purgando pena de cárcel.
Ugalde y los jueces electorales han conseguido que México haya dejado de ser una dictadura con fachada democrática, como en los tiempos del PRI, para convertirse en una dictadura descarada, semejante en ilegalidad y represión sangrienta, a las tiranías que padeció el Cono Sur en las últimas décadas del siglo pasado.
Nadie en su sano juicio puede suponer que el aumento al precio de la leche, decidido por el gobierno saliente de Vicente Fox, fue acordado sin el conocimiento y sin la aprobación de Felipe Calderón. De modo que éste ha empezado a cumplir la tarea para la que fue designado por la oligarquía y el imperialismo. Esta tarea consiste en succionar dinero de la clase trabajadora para entregarlo a la clase capitalista.
Para cumplir esta tarea existen dos mecanismos. Uno, el aumento de precios de los bienes y servicios de consumo popular, como en el presente caso del incremento en el precio de la leche. El segundo método consiste en inventar nuevos impuestos o en incrementar los que ya existen. Por ejemplo, aumentar la tasa del iva (impuesto al valor agregado) o aplicar el mismo iva a productos aún no gravados con él.
Luego del aumento al precio de la leche, cabe esperar que los patrones de Felipe Calderón le ordenen hacer realidad la aplicación del iva en alimentos y medicinas, viejo proyecto pripanista que el nefasto gobierno de Vicente Fox no logró cuajar.
Pero tampoco será fácil que el cristero michoacano logre este desgraciado propósito. Puede decirse, incluso, que enfrentará más dificultades políticas de las que encontró Vicente Fox. Para empezar, formalidades aparte, hoy en México existen dos presidentes de la República. Uno, Felipe Calderón, designado por las clases dominantes, y otro, Andrés Manuel López Obrador, elegido por millones de mexicanos conscientes.
Así que cuando Felipe Calderón intente aplicar el iva en alimentos y medicinas, se encontrará con que el Presidente legítimo encabezará la resistencia popular multitudinaria contra esa empobrecedora medida. Sólo es cosa de imaginarse las marchas y manifestaciones de millones de personas repudiando, con su líder al frente, los propósitos oligárquicos de Calderón y el pripanismo.
Y una cosa semejante cabe esperar frente a cada medida antipopular ordenada por el calderonismo. Así que debemos prepararnos para vivir por largo tiempo una tremenda lucha de fuerzas entre los dos presidentes y sus antagónicos programas de gobierno.
Hay quienes piensan, sin embargo, que esta situación no puede prolongarse por seis años. Algo tiene que pasar que rompa este precario equilibrio. Pero nadie sabe cuál será ese algo. Lo único que se sabe, por lo pronto, es que la justicia, la ética y la defensa del pueblo están del lado de López Obrador, el Presidente legítimo. ¿Alcanzarán estos atributos para derrotar, como ya lo hizo Juárez hace siglo y medio, a la usurpación extranjerizante y colonialista? Ya lo veremos.
Cada día aparecen en Estados Unidos más y más evidencias de que los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York fueron ordenados, organizados y ejecutados por los servicios de inteligencia estadounidenses con el fin de fabricar un pretexto que justificara la guerra contra Afganistán e Irak, como parte de una supuesta lucha contra el terrorismo.
Pero debe reconocerse que la Casa Blanca no inventó el agua tibia. La práctica de los atentados terroristas como pretextos para desatar guerras, invasiones y luchas contrainsurgentes es muy antigua. En 1898, la voladura con explosivos del barco estadounidense Maine, fondeado en la bahía de La Habana, ejecutada por Washington, fue el pretexto para la intervención de EU en la guerra que Cuba sostenía contra España en pos de la independencia isleña. Ese atentado terrorista posibilitó que EU convirtiera a la isla en una semicolonia gringa hasta el triunfo de la revolución encabezada por Fidel.
Ahora la derecha panista ha decidido poner en práctica el viejo truco de los bombazos terroristas con el fin de fabricar un pretexto que le permita desatar la represión policiaca y militar contra las organizaciones sociales y los millones de ciudadanos que se oponen tanto a la usurpación de la Presidencia de la República como a la continuación de las políticas económicas neoliberales del panpriísmo.
Desde los sótanos de Los Pinos, de Gobernación y del Cisén han salido las órdenes y los recursos económicos para ejecutar unos bombazos terroristas que sin duda alarman a la sociedad. Se trata de ir creando un clima de terror que concite el apoyo ciudadano a la aplicación de la mano dura, tan preciada para la derecha.
El gobierno panista piensa que los bombazos terroristas de los días anteriores en la capital del país le darán licencia para emprender una sangrienta campaña de represión contra sus opositores. Sangrienta y mortal, pues como ya lo dijo el propio Felipe Calderón, cabeza visible de la dictadura, la lucha contra el terrorismo “habrá de costar vidas”.
Pero la práctica del terrorismo oficial es tan vieja y tan conocida, que no será fácil que la sociedad se trague ese cuento chino. La gente sabe que los grupos terroristas a los que se atribuyen los bombazos son organizaciones a sueldo del gobierno o grupúsculos infiltrados por éste, listos a ser utilizados en los momentos en que se hace necesaria la represión de las inconformidades y protestas populares. Justamente como ahora, en que la movilización popular contra el fraude electoral y la usurpación pone en riesgo el sistema de dominación pripanista.
Ya en las postrimerías del infausto sexenio de Vicente Fox, la derecha hizo realidad uno de sus más caros anhelos. De un plumazo borró del calendario cívico la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.
Habrá quien diga, y no le faltará razón, que Fox decidió eliminar el 20 de Noviembre del almanaque de las celebraciones patrióticas en virtud de una circunstancia política desfavorable para la derecha, cual es la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como Presidente Legítimo de México en esa misma fecha y en el mismísimo Zócalo de la ciudad de México, escenario tradicional del desfile conmemorativo de la gesta revolucionaria. Esto es verdad, pero es puramente anecdótico.
Lo esencial es que la derecha dio un paso adelante, ciertamente simbólico, pero muy significativo, en su combate histórico contra la revolución que le arrancó muchos de los fueros y privilegios que hoy pugna por recobrar. O que, en algunos casos, ya ha recobrado con el panismo en Los Pinos.
Porque independientemente del carácter ideológico ultrarreaccionario bien conocido del panismo, no debe olvidarse el hecho histórico de que el Partido Acción Nacional (PAN) fue fundado en 1939, sólo un año después de la expropiación petrolera y del auge de los grandes repartos agrarios, precisamente para oponerse a las políticas del cardenismo, expresión máxima del proceso revolucionario de 1910-1917.
La derecha, desde luego, entiende que la eliminación del 20 de Noviembre del calendario cívico puede parecer otro acto de debilidad del panfoxismo. Pero para la reacción este es un costo menor comparado con el enorme beneficio que en la lucha ideológica implica la supresión, en el catálogo de las efemérides patrióticas, de una fecha emblemática de la ideología nacionalista, revolucionaria y laica.
Este triunfo simbólico acaso le dará alas a la derecha clerical para un poco más adelante repetir el acto de eliminación de efemérides patrióticas y revolucionarias. Quizá pronto veamos a la derecha clerical demandar que el 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, el revolucionario que logró la separación de iglesia y estado, pase sólo a ser la celebración de la primavera. Y similar peligro de eliminación corre el 16 de septiembre, la fiesta patriótica por excelencia.
Tal vez pronto la derecha se anime a pedir que la fiesta cívica nacional sea, como quería José Vasconcelos, el natalicio del genocida extremeño Hernán Cortés. O que el 19 de junio de 1867, fecha del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, en el Cerro de las Campanas, pase a convertirse en el día de la patria.
Hay que reconocer que durante los seis años de su funesto sexenio, Vicente Fox hizo todo lo posible por no pasar a la historia como un nuevo Díaz Ordaz o un nuevo Echeverría. Como un nuevo masacrador de su pueblo, como un nuevo tirano priísta. Pero ha sido dolorosamente obvio que Vicente Fox no logró su cometido.
Y así como Díaz Ordaz y Echeverría se mancharon de sangre en aquella noche desgraciada del 2 de octubre en Tlatelolco, Vicente Fox se manchó de sangre las manos en sucesivos y cada vez más mortíferos actos de represión: el puerto de Lázaro Cárdenas, San Salvador Atenco y, ahora, la ciudad de Oaxaca.
Pero en medio de tanta desgracia, de tanta muerte innecesaria, de tanto dolor gratuito, siempre existe algún dato, algún elemento, algún factor positivo. Y en el caso del sexenio de Vicente Fox, ese algo positivo es la clara convicción social y popular de que, a pesar de la campaña de engaños a que los mexicanos han sido sometidos en los últimos seis años, México no es una democracia, sino una dictadura.
Oaxaca y sus antecedentes sangrientos y mortales en Michoacán y Atenco son prueba plena de que en México sigue siendo una ilusión eso de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que a la sangre, la muerte y el encarcelamiento de los líderes populares debe sumarse la farsa que constituyen las elecciones, auténticos comicios de Estado en los que las cúpulas económica y política deciden con anticipación y a espaldas de los ciudadanos quién ha de ser el ganador de los comicios.
Cada seis años varía el método de selección e imposición del nuevo gobernante. Con Salinas, por ejemplo, el método fue el asesinato de la fallida primera opción y el clima de terror social que derivado de la eliminación física de Luis Donaldo Colosio facilitó la imposición de Ernesto Zedillo.
De Zedillo para Fox el método fue la utilización desmedida de dinero sucio, nacional y extranjero, para crear en la conciencia social la ilusión de un posible cambio político y económico que, como se ha visto a la vuelta de seis años, era sólo un colosal engaño.
Como un gigantesco engaño resultó ser la última elección presidencial con un Instituto Federal Electoral (IFE) y un tribunal electoral corrompidos hasta el tuétano, que se han prestado para dar apariencia de verdad jurídica a un fraude imposible de ocultar.
En el México del 2006 están presentes con toda crudeza y sin disimulos los dos ingredientes de la dictadura que algunos ingenuos pensaron que era cosa del pasado: el fraude electoral y la represión sangrienta y mortífera de las protestas ciudadanas y populares.
Nadie que conozca lo más esencial de la biografía de José Vasconcelos puede sentir simpatía por el oaxaqueño. Es cierto que fue parte del movimiento revolucionario de 1910-1917. Y también es verdad que como alto burócrata realizó una colosal labor cultural y educativa. Pero no es menos cierto que, al correr de los años, se transformó en un personaje ultrarreaccionario que pasó a convertirse en simpatizante y propagandista del fascismo y del nazismo.
Y acaso el amable lector sepa que como filósofo e historiador, Vasconcelos nunca ocultó su desprecio por el pasado indígena del pueblo de México. Y que incurrió en el inadmisible despropósito de afirmar que el padre de la nación mexicana es el genocida extremeño Hernán Cortés. Y que llegó al extremo de sostener que durante la Conquista nada destruyó España, porque nada había digno de ser conservado.
Pero la antipatía por Vasconcelos no debe conducir a negar otras verdades históricas. Como el hecho cierto de que le fue robada por el callismo, mediante un gigantesco fraude, la elección presidencial de 1929. Un eslabón de la ininterrumpida cadena de fraudes electorales que a lo largo de la historia han caracterizado a todas las elecciones mexicanas.
Ciertamente, algunos fraudes han sido más sonados que otros. El último cometido por Porfirio Díaz fue contra Francisco I. Madero, violación de la voluntad popular que resultó celebérrima porque dio origen a la revolución de 1910-1917. Otro fraude famoso fue el cometido en contra del general Juan Andrew Almazán. Que éste haya sido un oportunista, corrupto y enriquecido militar no impide reconocer que fue víctima del sonado fraude en los comicios presidenciales de 1940. Un poco más tarde, en 1952, se dio otro fraude célebre: el cometido contra el también corrompido general Miguel Henríquez Guzmán
A partir de este último célebre fraude, todas las sucesivas elecciones presidenciales mexicanas estuvieron signadas por la trampa y el abuso del poder en típicas elecciones de Estado: 1958, 1964, 1970, 1976 y 1982. En la de 1976 se llegó al extremo de la simulación democrática con una competencia en la que hubo un solo competidor: José López Portillo.
En 1988 se dio otro fraude escandaloso: el cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas. Y el último, descarado, fue el del 2 de julio de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador. Pero nunca hasta ahora se había dado el caso de un movimiento popular de grandes dimensiones que decidiera combatir la usurpación y dar a México un presidente legítimo. Puede ser, así, que esta vez el fraude no logre ser consumado.
Durante los últimos 200 años, en México se han enfrentado la izquierda y la derecha. Hidalgo, Morelos y Guerrero contra Félix María Calleja, la iglesia católica y la Corona española. Once años de guerra de independencia culminaron con la victoria de la izquierda.
Pero la derecha, larvada y agazapada, poco a poco fue reconquistando poder y privilegios. Y fue necesaria otra guerra, la de Reforma, para una nueva victoria de la izquierda. Juárez, Ocampo y Prieto contra Miramón, Mejía y Maximiliano. Un triunfo de las ideas liberales sobre el conservadurismo, de la ciencia sobre el oscurantismo, del progreso sobre el inmovilismo.
Y nuevamente, en lenta pero segura labor de zapa, la derecha fue recuperando poder, influencia y privilegios. Y fue necesaria otra revolución, ahora la de 1910-1917, para que México volviera a hacer suyas las ideas de igualdad, de tolerancia, de justicia social. Y nuevamente la ciencia se impuso al oscurantismo religioso.
Pasado el auge revolucionario del cardenismo, con la reforma agraria, las masivas campañas de alfabetización, la expropiación petrolera y la fundación del Instituto Politécnico Nacional, entre otras hazañas de la izquierda, nuevamente la derecha fue retomando posiciones y privilegios. Hasta que, en julio del año 2000, la derecha retomó formalmente el poder. Un triunfo de los realistas, de los conservadores, de los científicos del porfiriato.
Y así está México hoy. La derecha domina. Se ha apoderado del Poder Ejecutivo, de una buena parte del Legislativo y de las instituciones electorales. Y ejerce una tiranía absoluta sobre los muy corrompidos órganos del Poder Judicial.
También domina la derecha en los medios de comunicación, sobre todo en los electrónicos. Y tiene igualmente enorme presencia en instituciones educativas de marcado carácter anticientífico, pero expertas en la lucha ideológica. Y gracias a los buenos oficios del Antonio López de Santa Anna del siglo XX, el usurpador Carlos Salinas, la iglesia católica ha recuperado buena parte de los fueros y privilegios que le fueron arrancados con las revoluciones de independencia, de reforma y la de 1910-1917.
Ensoberbecida por sus triunfos de los últimos treinta años, la derecha ha decidido echar abajo y hacer a un lado los avances democráticos y sociales conseguidos por el pueblo mexicano en sus tres grandes movimientos sociales de los últimos 200 años. Y según se vio en las elecciones presidenciales del 2 de julio pasado, y según se está viendo ahora mismo en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, a la derecha no le importa estar conduciendo al país a una nueva guerra civil.
A nadie en la derecha le importa verdaderamente el destino de Ulises Ruiz. Ni a Fox ni a Calderón ni a Gobernación ni al PAN ni al PRI. Pero estos personajes e instituciones no se atreven todavía a echarlo del cargo de gobernador de Oaxaca. Y no se atreven todavía, porque saben que obrar así significaría fortalecer la teoría y la práctica de la movilización popular.
Por eso la derecha en el poder está utilizando su vasto catálogo de engaños, amenazas, chantajes, cooptaciones y provocaciones con el fin de destruir al movimiento social y popular que encarna en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pretenden mediatizarlo, infiltrarlo, socavarlo, para no tener necesidad de reprimirlo violenta y sanguinariamente por vía policíaca o militar. La derecha sabe que el costo en desprestigio nacional e internacional de una represión con sangre, muertos, encarcelados, perseguidos y exiliados sería demasiado alto y acaso impagable.
Pero no es éste el único obstáculo a la represión. Otro de esos obstáculos es la negativa del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Clemente Vega García, a participar en la represión del movimiento oaxaqueño. Según ha trascendido, el general secretario ha dicho que la única manera de hacer que el Ejército participe en una operación represiva sería el previo establecimiento por el Congreso de la Unión del decreto constitucional de suspensión de garantías individuales. Nada de represiones sangrientas que luego caigan exclusivamente sobre las espaldas del Ejército. Vega pone como condición que el poder civil asuma antes su responsabilidad constitucional. Primero, dice Vega, el Estado de sitio. Y luego ya veremos.
Esta es la razón de que los amagos represivos contra la APPO provengan de la Secretaría de Marina y del brazo militar se ésta, la Armada de México. Se ve que el almirante Peyrot no tiene los pruritos y rubores que honran al general Vega. Parece que al jefe de los marinos, de descarada ideología panista, no le importa manchar de sangre a la institución a su cargo. Y menos si logra así quedarse un sexenio más en el gabinete. Sabe o se imagina que Calderón quedaría muy agradecido por el trabajo sucio del inescrupuloso marino.
Así más o menos se comportó el general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial de Díaz Ordaz. Esperando ser nombrado secretario de Defensa de Echeverría, el militar organizó y ejecutó la trampa y provocación que culminaron en la matanza de Tlatelolco. Pero sus criminales servicios no tuvieron la paga acordada. Ojo, mucho ojo, almirante Peyrot.
Todo el mundo sabe que Ulises Ruiz es un personaje muy cercano a Roberto Madrazo. Esta cercanía con el ex presidente nacional priísta convierte a Ruiz en enemigo principal de Elba Esther Gordillo. De modo que la cacique magisterial, hoy primera figura del calderonismo, se encuentra entre quienes desean y hasta promueven la caída del gobernador oaxaqueño.
Otro de los enemigos mortales de Ulises Ruiz, es el ex priísta y ahora panista Diódoro Carrasco Altamirano, también ex gobernador de Oaxaca. Éste, que fue sustituido por José Murat, patrón de Ruiz, fue víctima, junto con sus seguidores, de diversos actos de persecución política y hasta judicial por su sucesor en la gubernatura. De modo que Diódoro Carrasco, hoy muy cercano a Felipe Calderón, está también en el grupo de principales que quieren ver rodar la cabeza de Ulises Ruiz.
Y en cuanto a enemigos políticos de peso, Ruiz también tiene en su lista al muy vasto sector democrático del país: el PRD, el Frente Amplio Progresista, la Convención Nacional Democrática y el enorme movimiento social que repudia las maneras cavernarias de gobernar de Ruiz y sus mentores, pero que repudian sobre todo la autoría y la complicidad priísta en el largo proceso de empobrecimiento de inmensas porciones de la población mexicana durante los últimos 24 años.
Ulises Ruiz, sin embargo, también tiene aliados. En primer lugar, los gobernadores priístas que han hecho causa común con el oaxaqueño. Una segunda fuerza de respaldo a Ruiz es la necesidad de Felipe Calderón de no malquistarse con los gobernadores de origen tricolor, a fin de que la eventual caída de Ruiz no los irrite como para que decidan sumarse al ejército de los impugnadores de la supuesta victoria calderonista en los comicios presidenciales del 2 de julio pasado.
Pero sostener a Ruiz implicaría el uso de la fuerza pública. Y no parece que Fox esté dispuesto a cargar con la culpa histórica de una represión que, con toda seguridad, resultaría sangrienta. Y tampoco parece probable que Calderón decida empezar su ilegítimo gobierno con actos represivos que marcarían con sangre y fuego su tembeleque sexenio.
Así las cosas, no se vislumbra más salida para el conflicto de Oaxaca que la caída de Ulises Ruiz. Y parece que la decisión ya fue tomada. Faltaría solamente fijar la fecha. ¿Antes o después del uno de diciembre? Lo más lógico es que sea antes de esa fecha. Se trataría de una clásica decisión de fin de sexenio: ingrata y difícil pero sin excesivos costos políticos para el que se va y sin responsabilidad para el que llega.
Como todo el mundo lo sabe, en el esfuerzo por imponer a Felipe Calderón en Los Pinos participaron activa y decididamente capitalistas nacionales y extranjeros. Y es claro que esos participantes no actuaron así por amor al arte. Trabajaron con el fin de imponer en la jefatura del gobierno a un personaje que pudiera facilitarles la realización de buenos negocios. Y se sabe igualmente que para esos capitalistas el mejor de tales negocios es apropiarse de la industria y del mercado energético mexicanos.
Y ocurre que aun antes de imponer físicamente a Calderón en Los Pinos, esos capitalistas están haciendo planes para apropiarse de las dos grandes empresas energéticas nacionales: PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Según una nota ampliamente difundida en la prensa mexicana y extranjera, “aprovechando el fin formal del proceso electoral y 'el ánimo reformista' del gobierno entrante, una de las subsidiarias de Forbes, el consorcio mediático del magnate y político estadounidense Steve Forbes, convocó a un reducido grupo de empresarios para invitarlos a diseñar el nuevo México. Un nuevo México que, de acuerdo con lo planteado en la reunión a puerta cerrada, buscará alternativas para 'modernizar' el sector de la energía”.
Se trata de una de las llamadas reformas estructurales del salinismo, del zedillismo y del foxismo: la privatización de las dos grandes empresas energéticas mexicanas. Y para lograr estos objetivos, el magnate Forbes y sus aliados pripanistas en México ya han empezado a preparar a la opinión pública, a fin de que mire este propósito como hecho consumado, se resigne y no se oponga.
Esa resignación es muy importante, porque los capitalistas quieren apropiarse de PEMEX y de la CFE pero sin líos políticos. Quieren una privatización bien planchadita, tersa, sin sobresaltos. Y parece que eso no se va a poder.
Porque apenas fue conocida la junta de Forbes, López Obrador, líder de la resistencia a las privatizaciones, anunció que el pueblo organizado y movilizado no las va a permitir. Fue un claro mensaje a los capitalistas, sobre todo a los extranjeros: si compran PEMEX y la CFE, estarán comprando muchos y graves problemas. Problemas que les impedirán operar esas empresas, lo que a su vez les impedirá lograr las estratosféricas ganancias que andan buscando.
Porque independientemente de la oposición parlamentaria patriótica a esas privatizaciones, sólo es cosa de imaginarse a millones de personas en todo el país movilizadas para volver muy complicada una operación industrial que los capitalistas quieren sencillita y sin problemas.
México está viviendo una situación inédita. Durante decenios, con la sola excepción del gobierno del general Cárdenas, el país vivió sometido a la todopoderosa voluntad contrarrevolucionaria del presidente de la república en turno. Nada de división de poderes ni de fuerzas políticas o sociales que le hicieran contrapeso a esa voluntad omnímoda que salvo el caso (otra vez) del gobierno cardenista, servía a los intereses del capital nacional y, cada vez más, del capital extranjero.
Hoy las cosas son distintas. Hoy existe una poderosa fuerza con la que el presidente de la república y los aliados de éste tienen obligadamente que negociar cada acción gubernativa. Los casos del informe presidencial, de la ceremonia del grito de independencia y del desfile militar del 16 de septiembre son los botones de muestra de esta nueva realidad política.
De modo que, a diferencia del pasado, hoy en México coexisten dos poderes. Y si la derecha consigue meter a Felipe Calderón en Los Pinos el próximo uno de diciembre, es claro que esos dos poderes habrán de coexistir durante mucho tiempo. Hasta que la situación se resuelva de una u otra manera.
Ambos poderes tienen pertrechos significativos. Los dos tienen diputados, senadores y gobiernos estatales. El gobierno de Fox y eventualmente el de Calderón tienen, además, el dominio de los aparatos de represión: policías, jueces, cárceles y el ejército. Y tienen de su lado, adicionalmente, a la mayoría de los medios de comunicación tradicionales. Y tienen también un determinado respaldo popular.
Pero este apoyo social es minoritario, fruto del miedo más que de las convicciones políticas democráticas. Es un respaldo social esencialmente conservador que no está acostumbrado a la lucha social. Que puede apoyar silenciosa y tímidamente a un gobierno, pero que es incapaz de luchar por éste de modo directo y decidido.
El poder popular encabezado por López Obrador cuenta no sólo con fuerzas gubernativas estatales y parlamentarias. Tiene en su haber un movimiento social enorme, combativo, decidido y harto de ser víctima de abusos, explotación, humillaciones, marginación y falta de oportunidades de progreso material.
Este movimiento presentará combate parlamentario para impedir la privatización de la energía, de la educación, del agua. Y para evitar más fobaproas y más sumisiones frente a EU. Y también para cerrarle el paso a nuevos y odiosos impuestos como el iva en alimentos y medicinas. Y si no basta para ello la lucha parlamentaria, entonces se hará presente, como ya lo ha hecho varias veces exitosamente, la fuerza social. Y a ver qué pasa.
Nada tiene de extraño que los ideólogos y periodistas al servicio de la derecha y del imperialismo critiquen agriamente el movimiento social de resistencia pacífica que encabeza López Obrador contra el fraude electoral del 2 de julio y contra la imposición de un gobierno espurio. Lo extraño es que periodistas y pensadores supuestamente progresistas también estén criticando al líder tabasqueño.
Esos periodistas e ideólogos supuestamente progresistas no hacen, como la derecha, críticas ásperas, agrias, insultantes. Prefieren las frases melosas, las censuras cordiales. Optan por disfrazar de consejos y opiniones de buena fe sus descalificaciones a los modos concretos en que se expresa la resistencia social pacífica. Dicen estar de acuerdo con la idea pero no con los métodos.
A esos pensadores, periodistas e ideólogos supuestamente progresistas les gustaría más una resistencia light, suave, nice, sin movilizaciones populares de millones de personas, sin plantones, sin marchas. Una resistencia verbal, declarativa. Una resistencia inexistente. Una resistencia que no se resista a la usurpación. Una resistencia que deje a Calderón gobernar. Una resistencia puramente testimonial. Y hasta el próximo fraude dentro de seis años.
Pero es inútil. Esos exhortos, esos consejos, esas opiniones supuestamente progresistas no pueden detener la marea social. Y tampoco han logrado convencer al líder de la resistencia para que primero se modere, luego se amorcille y finalmente se rinda.
Masas y líder se encuentran en sintonía. Ambas fuerzas comprenden que resistir al fraude electoral y a la usurpación es un asunto de sobrevivencia. Entienden que si Calderón logra instalarse cómodamente en Los Pinos, emprenderá, como en su momento lo hizo Pinochet, una política de aniquilamiento de quienes osaron oponérsele.
¿Quién no recuerda que el primer bando militar emitido por Pinochet, inmediatamente después del golpe aseguraba que el gobierno castrense respetaría todas las conquistas laborales de los trabajadores chilenos? Esa declaración sólo buscaba apaciguar y desmovilizar a quienes oponían resistencia a los golpistas. Como ahora hace Calderón al prometer un gobierno incluyente.
Una debilidad ideológica y política de la resistencia, ahora, significaría no sólo el dominio absoluto, quizá por décadas, de la derecha más oscurantista y retrógrada. Significaría también la eliminación política (y en algunos casos hasta física) de cualquier expresión política nacionalista, antineoliberal y antiimperialista. Para la izquierda, resistir al golpe es, simplemente, una cuestión de sobrevivencia
La toma de la tribuna del Palacio Legislativo por cuenta de los diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo el viernes 1 de septiembre constituyó prueba fehaciente de que el movimiento popular de resistencia civil pacífica es capaz de enfrentar con éxito los designios ilegales y antipopulares de la oligarquía criolla y de sus aliados y corifeos en las naciones colonialistas: EU, Inglaterra y España.
Ese viernes 1 de septiembre no iban a decidirse las privatizaciones de agua, educación y energía que anhela el gran capital mexicano y extranjero. Ese día sólo estaba en juego una cosa: la capacidad de resistencia del pueblo y de sus representantes en el Poder Legislativo a la decisión presidencial de dominar y amordazar al Congreso de la Unión mediante el empleo de las fuerzas armadas.
Y la parte sana de ese Congreso Federal logró derrotar esa primera intentona de golpe de Estado, ese ensayo general de la derecha para nulificar por la fuerza de las armas al único Poder del Estado (el Legislativo) en que encuentra resistencia la usurpación del poder presidencial y la continuación de la política económica privatizadora, diseñada en EU y ejecutada dócilmente por Los Pinos a lo largo de los cuatro últimos sexenios.
A partir de ese viernes primero de septiembre, la oligarquía ya sabe que para imponer un presidente de la república espurio, amordazar al Congreso y llevar adelante las llamadas reformas estructurales será necesario un golpe de Estado exitoso. Un exitoso golpe de Estado militar.
Pero eso no es fácil. Ese eventual golpe de Estado encuentra frente a sí varios obstáculos. En primer lugar, una sociedad movilizada en repudio al fraude electoral, a una Presidencia espuria y a la continuación de una política económica antipopular.
Un segundo y poderoso obstáculo es la conducción del movimiento de resistencia por cuenta de un líder –López Obrador– que no da señales de estar dispuesto a rendirse o a venderse.
Y un tercero y no menos poderoso valladar es la existencia de una parte sana del Congreso de la Unión, la que no está dispuesta, como lo demostró el viernes 1 de septiembre, a convalidar y legitimar un golpe de Estado manu militari.
Y todo el mundo sabe que en las actuales condiciones políticas en México y en el resto del planeta, las posibilidades de éxito de un golpe de Estado radican en su apariencia de legalidad, en su careta democrática. Y esto hoy en México es absolutamente imposible, como lo demostró la derrota del fallido intento golpista militar del 1 de septiembre.
Todo el mundo sabe que probar la comisión de un delito y encontrar y castigar al culpable de tal acción es una tarea enormemente difícil, pues en la ejecución del acto ilícito el delincuente procura no ser visto, no dejar huellas, borrar evidencias. Pero, aun así, a veces logra probarse la infracción a la ley y la culpabilidad del autor o de los autores del delito. Este es el caso de las elecciones presidenciales del 2 julio pasado.
Para la probanza del fraude electoral existen miles y miles de evidencias, la inmensa mayoría de ellas de carácter público y bien conocido, pues se trasmitieron y publicaron en los medios masivos de comunicación. De modo que del delito y de la autoría existen pruebas documentales, testimoniales, periciales, circunstanciales y hasta confesionales, que son del dominio público.
Ya me he referido en otros momentos a ese cúmulo de pruebas del fraude electoral del 2 de julio pasado. Pero ahora me referiré a las evidencias que han salido a la luz pública en el mismísimo tribunal electoral, comúnmente llamado Trife. Ocurre que en el recuento ordenado por el Trife en alrededor del nueve por ciento de las casillas se ha detectado que en miles de ellas hay más votos que votantes, mientras que en otras existen más sufragantes que votos emitidos.
Dicho en palabras llanas, en millares de casillas se introdujeron votos falsos o ilegales, en tanto que en otros miles de casillas se extrajeron votos legítimos o verdaderos. De modo que en una muestra bastante representativa (9 de cada 100), al propio tribunal le consta la existencia del fraude, materializado en decenas de miles de actos ilegales.
Falta ahora encontrar y castigar a los autores intelectuales y materiales del delito, aunque existen múltiples indicios de que entre esos autores se encuentran los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), encabezados por Luis Carlos Ugalde, así como miles de personas agrupadas en el sindicato nacional de maestros.
Pero si en todo el planeta y a lo largo de la historia ha sido y es muy difícil probar la existencia de un delito y encontrar y castigar al culpable del acto ilícito, en México existen dificultades casi insalvables para lograr ambos propósitos.
Esto se debe a la conocida y proverbial corrupción de fiscales y jueces. En México, como nos consta a millones de personas adultas, fiscales y jueces se venden al mejor postor. Y es también proverbial la tendencia de jueces y fiscales a doblegarse ante las presiones del poder político en turno para torcer la ley y escamotear la justicia.
Nadando contra la corriente de su enorme desprestigio, el Instituto Federal Electoral (IFE) continúa gastando millones de pesos en un nuevo e infructuoso empeño publicitario por convencer a la sociedad de que es una institución honrada, transparente y digna de confianza. Pero todo el mundo sabe que el dichoso IFE es un organismo corrupto que se encuentra bajo el dominio de mafias sindicales y partidistas que han hecho del control de ese organismo electoral una muy rentable fuente de ingresos millonarios y permanentes.
El carácter putrefacto del IFE es el eslabón más reciente de la muy larga cadena de instituciones corrompidas que forman el gobierno mexicano. Es el caso, desde luego, de las dos cámaras del Congreso de la Unión, es decir, del Poder Legislativo federal. Sobornos millonarios para aprobar leyes en beneficio de empresas de diversa índole, tráfico de influencias y holganza permanente, son algunos de los rasgos que la población reconoce, con honrosas excepciones, en sus diputados y senadores.
Y una cosa semejante puede decirse del Poder Ejecutivo. El paso por Los Pinos es garantía de inmensa e inmediata riqueza de los presidentes y sus familiares, compadres y amigos. Y qué decir de la cúpula burocrática federal, IFE, incluido, desde luego, metida hasta el cogote en la corrupción, el tráfico de influencias y los negocios sucios al amparo del cargo público.
Pero son el Poder Judicial y el Ministerio Público las instituciones que se llevan la medalla de oro en corrupción. Y son igualmente las número uno en producir el mayor terror en la ciudadanía por las amenazas de injusta cárcel si no hay dinero suficiente para comprar el favor de policías judiciales, agentes del Ministerio Público y jueces.
Mas si a todo esto se agrega la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado y su ya pleno dominio sobre ellas, el cuadro social y político se vuelve desolador. Pero no es todo. La economía subterránea o negra, ajena por completo al control del Estado y abastecida por el contrabando a la luz del día, puede estar siendo ya la parte mayor de la producción nacional.
Y si se adiciona a esta caótica situación la existencia de grupos guerrilleros todavía más o menos marginales, más una vasta y creciente miseria popular y un extenso y combativo movimiento social que anticipa que no concederá legitimidad al gobierno fruto del fraude electoral del 2 de julio pasado, tenemos frente a nosotros una inocultable crisis del Estado que se agrava al paso de las horas y que amaga con asumir perfiles de alta violencia institucional.
En México, lo mismo que en España, Argentina, Chile, Brasil, así como en todos los países en los que han sido aplicadas las políticas económicas privatizadoras, el resultado neto ha sido el agudo empobrecimiento de las grandes mayorías populares y el enriquecimiento inaudito del puñado de traficantes (políticos y empresarios) que se han apropiado de los bienes nacionales privatizados. En esta política se encuentra el origen de la creciente injusticia social que hoy se enseñorea en tantas y tantas naciones.
Por ello, evidentemente, las privatizaciones carecen de consenso social. Una gran parte de la población, la más golpeada por el desempleo, por el salario insuficiente, por la caída en el nivel de vida, se opone a ellas. Pero los promotores y beneficiarios de la continuidad privatizadora se han valido hasta ahora del dominio del aparato del poder y de su propiedad de los medios de comunicación para avanzar en la ruta de las privatizaciones.
Fue por eso que el pasado 2 de julio se enfrentaron no sólo dos personas, sino esencialmente dos proyectos económicos antagónicos: el privatizador y el antiprivatizador. El primero encarnó en Felipe Calderón; el segundo en López Obrador. Una reedición de la contienda política de 1988 en que esos dos proyectos se enfrentaron por primera vez en la arena electoral. Y al igual que en 1988 y por vía de un nuevo fraude, se impuso en el poder el modelo privatizador.
Sólo que ahora, en 2006, a diferencia de 1988, existe una gran fuerza política y social, que desplazada ilegalmente del poder, es capaz de impedir más privatizaciones por la vía de la oposición activa mediante la movilización permanente de millones de personas a lo largo y ancho de la geografía nacional.
La lucha por la legalidad electoral está pasando aceleradamente al combate contra las medidas privatizadoras que tanto daño han hecho a las mayorías populares. Cerrado ilegalmente el camino a Los Pinos, la sociedad agraviada por miseria y corrupción se dispone a impedir más privatizaciones en el frente de batalla de la lucha social.
Este es en esencia el contenido del llamado de López Obrador a sus millones de seguidores. Y también a los muchos millones de personas que sin ser perredistas o lopezobradoristas se oponen a más privatizaciones.
Por un lado las fuerzas políticas y económicas que quieren privatizar el petróleo, la electricidad, el agua y la educación. Y por el otro, la energía social que se encuentra decidida a impedirlo. De un lado, el poder del dinero; del otro, el torbellino social en marcha.
Fueron tantas y están tan bien documentadas las ilegalidades cometidas por el Presidente de la República, por el Instituto Federal Electoral (IFE), por el Partido Acción Nacional (PAN) y por las cúpulas empresariales en las elecciones del 2 de julio, que el único fallo apegado a la ley que podía tomar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (el llamado Trife) era declarar inválidos esos comicios fraudulentos.
Pero el Trife, como parte del sistema político reaccionario y corrupto que domina a México, no quiso patear el pesebre. Y prefirió salir por peteneras al disponer el recuento de sólo el nueve por ciento de las más de 130 mil casillas electorales, fallo con el que pavimenta el camino para que, un poquito más adelante, sea consumado el megafraude electoral.
Digamos que el Trife sólo hizo honor al prestigio que adorna al sistema judicial mexicano en su conjunto. ¿O alguien tiene dudas de que en México la justicia se vende al mejor postor? ¿Ignora alguien que en México la venalidad es el rasgo esencial de jueces y agentes del Ministerio Público?
Conociendo esta innegable realidad nacional, ¿podía alguien esperar que los siete jueces del Trife, ellos sí, actuaran con honradez? ¿Por qué estos jueces sí habrían de ser honestos, a diferencia del resto de sus colegas? ¿No es pura ingenuidad esperar una conducta honrada en la cueva de Alí Babá?
Con su antijurídico fallo, los siete magistrados del Trife no sólo exhibieron su propia podredumbre. También señalaron que el IFE no actuó con honradez. Porque afirmar que en la mitad de los distritos electorales hubo anomalías, irregularidades e inconsistencias graves es apenas la confirmación de la sospecha ciudadana de que el IFE actuó como agencia electoral del gobierno y de la oligarquía para torcer la voluntad popular.
Frente a este reconocimiento del “más alto tribunal electoral” sobre la conducta facciosa, y por ello delictiva, del IFE ¿qué pueden decir ahora esos intelectuales a sueldo del gobierno que sostenían con vehemencia que la elección del dos de julio había sido limpia, transparente, democrática?
Aunque haya sido como estrategia, para más adelante, con la esperanza de que amaine la movilización popular contra el fraude, consumar el atraco electoral, el Trife ha confirmado que el organismo encargado de organizar las elecciones fue actor principal en la planeación y ejecución del megafraude. Y no es poca cosa que el propio gobierno haya confirmado lo que es verdad sabida desde siempre: que en México los votos no se cuentan, sino que se inventan.
Ha sido tan grande el escándalo producido por la perversidad de los consejeros del IFE (Instituto Federal Electoral) para falsear la voluntad popular, que la sociedad ha estado pasando por alto un dato cuyo significado nadie debería desestimar. Este dato es que de 71 millones de ciudadanos, 30 millones se abstuvieron de votar en la jornada del 2 de julio.
Si la cifra de números absolutos ya es escandalosa, esos 30 millones se vuelven más preocupantes cuando se ponen en porcentaje: 42 ciudadanos de cada cien decidieron no acudir a las urnas. O dicho en una forma más expresiva, cuatro de cada diez mexicanos en edad de votar optaron por no hacerlo.
Este es el preocupante dato duro. Pero más preocupante resulta su significado. ¿Por qué una proporción cercana a la mitad de la población, decide no votar? ¿Cuál es el significado profundo de este hecho? ¿Sólo despolitización, incuria, desidia o flojera? Algo hay de eso, sin duda. Pero estas son explicaciones particulares que nunca alcanzan para conocer el significado profundo de un fenómeno que abarca millones de voluntades.
La explicación verdadera del abstencionismo debe buscarse en otra parte. Y acaso se encuentre en el concepto que tiene la ciudadanía sobre la utilidad de los procesos electorales. Dicho en otras palabras, ¿para qué sirve votar? ¿Qué se gana votando si, finalmente, las elecciones no son una vía para mejorar las condiciones de vida de la gente? ¿Votar para que todo siga igual o peor?
Pero además, en México los procesos electorales se dan en un innegable contexto social de falta de confianza en el gobierno. ¿Quién, finalmente, cuenta los votos? ¿Quién realiza las cuentas últimas si no el mismísimo gobierno? ¿Quién vigila y controla que las cuentas estén bien hechas? ¿Quién designa a los altos burócratas que realizan los conteos definitivos?
Nadie en México puede negar la validez de estas inquietudes y sospechas sociales. Y menos si, como a todos nos consta, la elección del 2 de julio fue pródiga en trampas, engaños y manipuleos, manuales y cibernéticos, destinados a realizar un macrofraude electoral decidido y financiado por la cúpula del poder político.
La magnitud del abstencionismo, pero sobre todo sus motivaciones, plantea la necesidad de explorar vías de participación democrática de la población distintas a la puramente electoral. Vías en las que la democracia sirva esencialmente para mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero antes, y de manera urgente, plantea la necesidad de dar a los procesos electorales la claridad, transparencia y credibilidad de que hasta ahora han carecido.
Indudablemente es justa la demanda de la “Coalición por el bien de todos” de que, ante las sólidas presunciones de fraude en los comicios del 2 de julio, se recuenten voto por voto y casilla por casilla los sufragios emitidos ese día. Pero ese recuento, independientemente de quién resultara con mayor número de votos, no le quita a la elección su carácter ilegal. O dicho en otras palabras, los comicios del 2 de julio fueron ilegales, por los hechos siguientes que son del dominio público.
1. La ilegal y descarada intromisión del Presidente de la República en el proceso electoral en favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón; 2. El uso ilegal de millonarios recursos económicos del Estado para promover la candidatura de Calderón. Y 3. La ilegal participación en el financiamiento de la campaña electoral de Calderón de empresas y agrupaciones empresariales, incluso de una poderosa transnacional: Pepsi-Cola, Company.
Pero también, 4. El incumplimiento del Instituto Federal Electoral (IFE) de sus deberes legales para poner fin a la guerra sucia en los medios de comunicación en favor del candidato panista y en perjuicio del candidato de la “Coalición por el bien de todos”. 5. La participación, a título de nepotismo, de un pariente por afinidad del candidato panista en la formulación del padrón electoral. Y, finalmente, 6. La falta de cumplimiento por cuenta del IFE de sus deberes para impedir la ilegal participación del Presidente de la República y de empresas y agrupaciones empresariales en favor de la campaña del candidato panista, así como para impedir el uso ilegal de recursos públicos en la campaña del candidato panista.
Cada uno de los seis puntos anotados es causa de nulidad del proceso electoral, independientemente de sus resultados. O, mejor dicho, todo el proceso, incluidos sus resultados, es nulo de pleno derecho. Y con base en la documentación pública señalada, toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comúnmente llamado Trife, negarse a considerar válida la elección presidencial, lo que haría necesario reponer el proceso y, lógicamente, que el Congreso de la Unión designara un Presidente Interino.
Pero no debe descartarse que el Trife, imitando al IFE, decida faltar a sus deberes constitucionales y declare válida la elección con los resultados fraudulentos aportados por el IFE. ¿Tendrán los magistrados del Trife –o al menos cuatro de ellos– la entereza moral y jurídica para proceder en estricto cumplimiento de sus deberes? ¿O estarán tan corrompidos como los consejeros electorales del IFE?
Luego de transcurridas más de tres semanas desde el domingo 2 de julio, y luego del rotundo fracaso del Instituto Federal Electoral (IFE) por imponer de manera fraudulenta al candidato de la derecha como Presidente de la República, la gente se pregunta qué es lo que va a pasar, ahora que la tarea de impedir el fraude electoral ha quedado en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que comúnmente se le dice Trife. Por eso conviene hablar sobre los posibles escenarios.
El primer escenario, muy improbable, es que el Trife, presionado por la oligarquía y los medios de comunicación al servicio de ésta, se decidiera a convalidar la falsa victoria de Felipe Calderón. Pero no parece posible que la nación se resigne a volver a vivir en una dictadura en la que los votos no se cuentan, sino que se inventan.
Un segundo escenario sería que el Trife ordenara contar de nuevo los votos emitidos el dos de julio. Pero eso significaría demostrar que Calderón estuvo muy lejos de haber ganado los supuestos quince millones de votos que el IFE le adjudicó falseando los sistemas de cómputo. Y significaría también demostrar que López Obrador ganó la elección presidencial con muchos millones de votos más de los que el IFE le quiso conceder. Por todo esto, aunque el nuevo conteo voto por voto y casilla por casilla sería lo justo, me parece también un escenario improbable.
El tercer escenario parece el más probable: que el Trife se niegue a validar una elección a todas luces fraudulenta, y que ordene reponer la elección presidencial. En este caso, el país llegaría al primero de diciembre, fecha de la transmisión de la banda presidencial, sin un presidente electo que asumiera el poder.
En este caso, el Congreso de la Unión (diputados y senadores) tendría que elegir, con dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión respectiva, un Presidente Interino y, acto seguido, convocar a nuevas elecciones presidenciales, las que tendrían que realizarse en un lapso no menor a 14 meses ni mayor a 18.
Este escenario tendría el carácter de una decisión salomónica: nada para nadie y va de nuevo. Pero todavía habría un gran problema. ¿Quién va a organizar la nueva elección? No podría ser el actual Consejo Electoral del IFE, pues ya nadie confía en ese corrompido grupo de bandoleros.
De modo que un primer paso sería la renovación del IFE. Y ese nuevo IFE tendría que estar formado por personas de alta honorabilidad pública y sin nexos con las mafias sindicales y los partidos políticos. Es claro que no será fácil formar un nuevo IFE que sea imparcial. Pero no hay alternativa.
Como a todos nos consta, el gran derrotado en los comicios del domingo 2 de julio resultó ser el Instituto Federal Electoral (IFE). Ese día quedó evidenciado que el IFE fue el gran operador del fraude electoral, y no la institución limpia, eficaz, imparcial y confiable que la propaganda oficial quiso hacernos creer que era.
Hoy, la inmensa mayoría de la población mexicana sabe que el IFE desempeña el papel de la tristemente célebre Comisión Federal Electoral de los tiempos del príato, aquel organismo encargado de simular elecciones cuyos resultados no eran sino la confirmación y legitimación de una decisión tomada con anterioridad por la élite del poder.
Pero no se vaya a creer que el IFE alguna vez fue honrado y que en algún momento se corrompió. No. Desde su fundación, el IFE fue diseñado para simular elecciones, no sólo para organizarlas y llevarlas a cabo. Recuérdese que el IFE fue otra de las creaciones del pervertido salinato.
No faltará quien diga que ese IFE priísta es cosa del ayer. Y que el IFE actual es un IFE ciudadanizado y no una agencia del gobierno. Pero todo esto es una gran falsedad. Tanto el IFE de las épocas del príato como el IFE dizque ciudadanizado han sido simuladores de elecciones, a fin de que esas simulaciones confirmaran y legitimaran decisiones tomadas con antelación por la élite del poder.
Cuando la élite del poder decidió que, una vez quitado de en medio Luis Donaldo Colosio, el presidente de la república fuera Ernesto Zedillo, el IFE simuló unas elecciones para confirmar y legitimar esa sangrienta designación previa. Y cuando la élite del poder decidió a instancias y por presiones de Estados Unidos que era el momento de la alternancia en la Presidencia entre dos partidos de derecha –PRI y PAN–, el IFE procedió a simular una elección que confirmó y legitimó la designación previa de Vicente Fox como presidente de México.
Fue en ese momento cuando el IFE ganó cierta credibilidad. ¿El PRI entregando el poder pacíficamente? ¡Caramba! Era increíble y resultó ser verdad. Este hecho ayudó a crearle al IFE la aureola de imparcialidad que ostentó durante algún tiempo. Pero no había habido problema, pues la élite del poder sólo eligió entre dos partidos de derecha. Y además, nadie podía acusar al IFE de fraude cuando el PRI había salido derrotado. ¡Perfecto!
El pasado 2 de julio, fiel a la tarea para la que fue creado, el IFE simuló unas elecciones para confirmar y legitimar la decisión de colocar en Los Pinos a Felipe Calderón. Sólo que esta vez, como en 1988, la ciudadanía salió a votar mayoritariamente por el rival del presidente designado a dedo por la oligarquía. Y no quedó más remedio que instrumentar el fraude electoral. Y ya veremos si la oligarquía se sale otra vez con la suya, como en 1988.
